El caso Nisman interpela a la sociedad y al Estado

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Eduardo Fidanza

La Nación



Febrero 7, 2015


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Inicialmente, la muerte sospechosa del fiscal Nisman provocó una gran conmoción social. A medida que pasan los días pareciera que ese impacto se repliega a círculos más cercanos a la política, desplazándose del interés general. A los primeros sondeos que mostraban la alta repercusión del hecho, les suceden otros que permiten inferir que la mayoría empieza a tomar distancia. La televisión privada, principal medio de información, mantiene el suceso entre sus contenidos centrales, pero éste ya compite con otras noticias que le disputan la exclusividad. La atracción por el entretenimiento también contribuye a eclipsar a Nisman: una novela turca y el regreso del fútbol grande distraen a los argentinos que retornan de sus vacaciones.

Acaso el llamamiento de los fiscales a una marcha en el primer mes aniversario de la muerte de su colega revierta la incipiente indiferencia social. Esa convocatoria, aunque resulte exitosa, no despejará, sin embargo, una serie de interrogantes que van más allá del hecho policial y de las repercusiones políticas inmediatas que enmarcan el caso. Estas cuestiones atañen a la sociedad y al Estado, en cuyo ámbito ocurrió la tragedia, que se enlaza con otras y echa sombras sobre la democracia argentina, tres décadas después de haber sido recuperada. Al cabo de ese largo período cabe sospechar, lamentablemente, que el Estado es responsable por omisión y la sociedad, por complacencia.

Visto en perspectiva histórica, puede plantearse si los demócratas del 83 -radicales, peronistas e independientes- se interesaron y comprendieron el rol que debe tener el Estado en un sistema político regido por la democracia. En la entraña del alfonsinismo y del peronismo de entonces existían, por cierto, intelectuales imbuidos en la teoría de la burocracia weberiana e inspirados en la filosofía jurídica de Hans Kelsen y otros. Quizá Carlos Nino fue el miembro más trascendente de ese grupo, al exceder el ámbito académico con su concepto de anomia "boba", un trazo grueso y certero para describir la enfermedad de la sociedad argentina.

De esas fuentes intelectuales provenía, entre otras, una demanda crucial: que el Estado, recuperado de la dictadura, cumpliera una función deontológica, organizativa y proyectual, con relativa autonomía del poder político de turno. Esa intención consagraba una distinción clave: la que diferencia la esfera estatal de la del gobierno y los partidos políticos. Basado en esa premisa podían diseñarse la carrera de funcionario público y las políticas de Estado, que al margen de los vaivenes partidarios desarrollaran la planificación a corto y mediano plazo que requiere una nación consistente.

Poco de esto tuvo lugar. A pesar de los esfuerzos, jalonados de logros iniciales y profundas ambivalencias, terminó prevaleciendo una suerte de miopía histórica: el que llegaba al gobierno se quedaba con el Estado, que terminaría sirviendo a los fines de la política coyuntural y de los intereses particulares, no de la nación entendida como comunidad de ciudadanos.

Por ese punto ciego fue perdiéndose progresivamente la fiabilidad e idoneidad del Estado: se debilitaron los organismos de control, se postergó y desacreditó a los funcionarios de carrera, se privilegió a los contratistas amigos, se desviaron recursos económicos para financiar las campañas, se llenaron las plantillas con allegados, se transformó a los medios de comunicación públicos en agencias de publicidad políticas, se persiguió a los adversarios circunstanciales, no a los enemigos del sistema; se toleró que proliferaran los delitos menores y luego las mafias. Al permitir la colonización del Estado, la democracia argentina renunció poco a poco a la Justicia y a la objetividad, dando paso a sus contrarios: la impunidad y la arbitrariedad. En este contexto debe ubicarse la tragedia de Nisman y las que la precedieron.

La magnitud de estos problemas excede la responsabilidad de una administración y de un partido. Es, en realidad, el conjunto de la clase política la que tiene que plantearse la cuestión y mostrar voluntad de reformarse. Por lo visto en estos días, no se puede esperar mucho del Gobierno, que parece circunscripto a sus temeridades, caprichos, reflejos defensivos y necesidades de subsistencia. Romper diarios, hacer bromas impropias, sospechar de los muertos son gestos decadentes, no respuestas adecuadas a una crisis. Tampoco los opositores mostraron imaginación, más allá de denuncias estrepitosas o frases de circunstancia. Siempre hay excepciones lúcidas, pero no logran sobresalir de la medianía del conjunto. A tono con el resto, los principales candidatos presidenciales no quisieron arriesgar, evitando introducir modificaciones significativas a sus estrategias de campaña.

Por encima de las carencias de la clase dirigente, el caso Nisman interpela a la sociedad y al Estado. Y habilita una pregunta inquietante, de respuesta incierta: ¿quieren los argentinos un país mejor, con calidad de vida e instituciones sólidas, o se conforman con una democracia defectuosa, un Estado colonizado y una población indiferente?

Tal vez los fiscales marcharán con esa duda, y ese temor, el próximo 18.