Dos ejecutivos de importantes
compañías y el director del gremio de clínicas y hospitales privados han sido
detenidos esta semana
El doctor Carlos Rosales,
presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, alertó en
una entrevista en un canal de televisión local sobre la poca disponibilidad de
insumos y equipos médicos. “Hay entre un 60% y un 70% de escasez de medicamentos
y la mitad de los equipos están paralizados por falta de repuestos. Los
pacientes con enfermedades crónicas no están cumpliendo con el tratamiento
prescrito y corren el riesgo de presentar complicaciones”, advirtió el
miércoles pasado. Dos días después, fue detenido por elServicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su residencia de
Valencia, en el centro del país, para que explicara sus declaraciones. La
policía política venezolana le pidió que no usara expresiones “que pudieran
causar alarma entre la población”. Más tarde fue liberado.
En algún momento se temió que
Rosales corriera la misma suerte que Pedro Luis Angarita, presidente ejecutivo
de Farmatodo, la empresa de farmacias más
conocida del país, con más de 160 establecimientos, y de Manuel Morales,
director de los supermercados Día a Día, que fue detenido por la policía política a las puertas del palacio presidencial
de Miraflores, después de salir de una reunión con el ministro
de Alimentación Carlos Osorio. Ambos se enfrentan a cargos por boicot y
desestabilización de la economía. Según la Ley Orgánica de Precios Justos,
podrían ser condenados a dos años de cárcel.
Los tres casos confirman que el
régimen venezolano está trasladando a la empresa privada la responsabilidad de
la escasez y la carestía, que acogota desde hace año y medio a todos los
venezolanos. “Los empresarios ahora engrosarán la lista de
presos políticos de este Gobierno", afirmó Jorge Roig, presidente de
Fedecámaras, la federación que agrupa a los gremios de patronos en Venezuela,
en su cuenta de Twitter.
El
régimen venezolano está trasladando a la empresa privada la responsabilidad de
la escasez de bienes y servicios básicos
Después de un inicio de año
crítico, el Gobierno está decidido a atacar no las causas, sino a las
consecuencias del modelo económico. Lo más visible son las enormes filas que se
forman fuera de los locales en los que se venden productos subsidiados que se
importan o producen cada vez en menor cantidad. La batida iniciada por la
Administración del sucesor de
Chávez pretende eliminar las colas acusando a los comercios de generarlas
con el objetivo último de derrocarlo.
El chavismo no solo elabora leyes
sobre la marcha para castigar a lo que llama “la burguesía apátrida”, encarnada
por el empresariado que busca maximizar sus ganancias. Para tratar de mantener
el menguado valor del bolívar, la moneda venezolana, quiere obligar al
empresariado a vender a precios regulados sin tomar en cuenta la inflación, que
en un año alcanzó el 63%.
En ese afán de encontrar a un
responsable le ha tocado el turno al Supermercado Día a Día, una cadena de 35
pequeñas tiendas en 16 ciudades y siete provincias de Venezuela, que atiende
desde 2005 a los sectores populares del país vendiendo productos de la cesta
básica en pequeñas presentaciones. Se trata de una poderosa idea que se
desarrollaron el hoy detenido Morales y su socio José Vicente Aguerrevere
durante el apogeo del chavismo, después de entender que en América Latina los
canales informales de distribución dominan entre el 60% y el 70% del mercado. “El
pobre siempre compra dentro de su comunidad”, afirma Aguerrevere desde Estados
Unidos.
A Aguerrevere le cuesta entender
cómo acusan a su socio de boicotear la economía si el Gobierno autoriza los
despachos hacia sus tiendas a través del sistema SICA, un mecanismo mediante el
cual el Gobierno conoce desde hace varios años en tiempo real el movimiento, las
cantidades y los tipos de productos que entran y salen del almacén de la zona
industrial de La Yaguara, en el oeste de Caracas. “Nuestro inventario va en
consonancia con la política de reposición de productos que tenemos. Las tiendas
son pequeñas y es normal que en nuestro almacén estén la mayoría de los
productos. Además, ¿con qué fin vamos a acapararlos si el 70% de lo que
vendemos está regulado y el precio de venta justo ya viene impreso en la
presentación?”, se pregunta.
El presidente Maduro ha ordenado
que la red estatal Pdval asuma el control del abastecimiento del supermercado
Día a Día, sin precisar si esta ha sido expropiada u ocupada de forma temporal.
La ocupación de la cadena pone nuevamente de relieve la difusa línea que existe
entre acaparamiento e inventario. Para huir hacia adelante el régimen está
sacando rédito de esta indefinición.
Vía El País. España
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