Expertos advierten que las
medidas puestas en práctica para combatir el supuesto boicot tienen fines
políticos, por la cercanía de las parlamentarias, e ideológico. Empresarios
aseguran que degrada la confianza en el país
CARMEN
SOFÍA ALFONZO A.
El gobierno tiene varios
propósitos con la “guerra económica”, advierten expertos. Por un lado, desviar
la responsabilidad que tiene en la grave crisis económica, y endosársela a la
empresa privada. Y por otro, contrarrestar los efectos negativos de la escasez
ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y continuar imponiendo su
modelo socialista.
“No es
más que un tema político con fines electorales, debido a las parlamentarias.
Las colas en los locales no son nuevas. Hace más de un año ya se formaban
grandes filas para entrar a los locales de Mercal y Pdval, cuando aún no se
veían en los comercios privados”, afirmó el economista y director de
Datanálisis, Luis Vicente León.
El
profesor de la UCV y coordinador del Observatorio de la Propiedad Privada de
Cedice, Luis Alfonso Herrera, coincide con León en que Maduro pretende evadir su responsabilidad en la crisis. “Con la
‘guerra económica’ lo que busca el Estado es culpar a los empresarios de las
distorsiones que tiene el mercado y fortalecer la ideología socialista
contenida en el Plan de la Patria, que incluye cerco a las libertades”.
Para
vencer la “guerra económica”, Maduro solicitó ayuda a los consejos comunales
para que sirvieran de “inteligencia popular”. A juicio de Léon, esto persigue
un objetivo político y electoral. Agregó que es muy grave poner a la sociedad
en ese papel porque no tiene los conocimientos económicos necesarios para
ejercer esa vigilancia y porque es una parte afectada por la crisis.
Al
respecto, Herrera señaló que se confisca la participación ciudadana porque
“quienes ejercen este rol actúan como funcionarios encubiertos, y eso no puede
ser considerado contraloría social”.
La
“guerra económica” fue un término que acuñó el presidente Nicolás Maduro en
2013 para responsabilizar al sector privado de la crisis económica que vive el
país, pero fue en 2014 cuando cobró mayor fuerza por las protestas que se
suscitaron en los primeros meses de ese año.
El
mandatario aseguró que las manifestaciones eran parte de esa guerra y que entre
sus objetivos estaba impedir la distribución de alimentos y otros bienes
básicos en el territorio nacional para provocar escasez.
A medida
que avanzó 2014 el Ejecutivo emprendió acciones para enfrentar al “enemigo”.
Entre noviembre y diciembre la Superintendencia de Precios Justos hizo varias
fiscalizaciones e impuso sanciones administrativas a comercios para combatir la
“guerra económica” y establecer “precios justos”.
Las
largas y recurrentes colas en los establecimientos de expendio de alimentos y
demás productos básicos en lo que va de año, como consecuencia del
desabastecimiento, fueron el detonante de una nueva ola de fiscalizaciones, en
la que las sanciones han sido más severas.
Que
cesen las colas. Lejos de aportar soluciones, la “guerra económica”
degrada la confianza en el país y disminuye las inversiones, señaló el
presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia. “No le ha hecho bien a nadie, no
se han acabado las colas y la escasez persiste. Nosotros lo que necesitamos es
contar con las condiciones necesarias para producir y abastecer el mercado, esa
sí es una salida a la crisis”.
El
presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, afirmó que el sector privado es
el principal interesado en que las colas cesen y en mantener las puertas de los
comercios abiertas con suficiente mercancía que ofrecer.
Para
combatir la “guerra económica” Maduro anunció la semana pasada la creación de
la red de distribución pública y privada. Sin embargo, Garmendia aseguró que
ello no es necesario porque con las guías de movilización el gobierno ya vigila
la distribución de productos. “Conoce qué se traslada, a dónde y en qué
cantidad”, indicó.
El
presidente de Datanálisis dijo que para corregir los problemas hay que atacar
las causas y no las consecuencias. Afirmó que el origen de la crisis económica
es el intenso control y el intervensionismo del gobierno en la actividad
empresarial.
La
versión de Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha
afirmado en reiteradas oportunidades que la “guerra económica” es parte de un
golpe económico que busca desestabilizar el país, y que se expresa en
especulación, usura, acaparamiento y contrabando de extracción de productos
básicos y de combustible.
Ha
acusado al sector privado venezolano de ser responsable de la “guerra
económica”. También ha involucrado al gobierno de Estados Unidos. Afirma
que desde hace mucho tiempo en suelo estadounidense se traman los ataques
contra Venezuela.
“Generar
colas en los comercios es parte de la guerra económica del sector privado.
Crean zozobra en la población, sobre todo porque se trata de productos de
primera necesidad. Los empresarios apátridas buscan que la gente se desespere”,
ha dicho el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez.
La
escasez y la inflación que tiene Venezuela, cuyos niveles son unos de los más
elevados del mundo, también son producto de la “guerra económica”, según el
presidente.
Los
castigos en la ley. En lo que va de año, el Ejecutivo
ha intensificado acciones para contrarrestar a la llamada “guerra económica”.
Entre enero y febrero han sido detenidos más de 20 empresarios, gerentes,
directivos y empleados de varias compañías de los sectores comercial y
manufacturero.
Según la
Superintendencia de Precios Justos y funcionarios del gobierno, incurrieron en
los delitos de especulación, alteración fraudulenta, condicionamiento de la
venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento, agavillamiento y boicot.
La Ley de
Precios Justos, que entró en vigencia hace un año, es la principal herramienta
del Estado para castigar a los responsables de la “guerra económica”. Sin embargo,
este año las sanciones son más severas con la reforma de la normativa en
noviembre de 2014: de administrativas pasaron a penales, con penas de hasta 12
años de cárcel.
En la
reforma, que se aprobó vía habilitante, también se incluyó la confiscación de
bienes para castigar el contrabando.
Responsables
de ganar la batalla. “La instalación de los Comandos
Estadales Populares-Militares es el paso clave para Ganar la Batalla Económica
a favor del Pueblo”, escribió el presidente Maduro en su cuenta de Twitter,
@NicolasMaduro el pasado viernes.
El
primero en constituirse fue el de Caracas. El 27 de enero el presidente
Nicolás Maduro nombró a Ernesto Villegas jefe civil del Estado Mayor de la
Batalla Económica en Caracas. No actuará solo, el general Fabio Zavarce Pabón
lo acompaña como jefe militar. Ese mismo día, nombró al general Ralph y a Luis
Figueroa como responsables del comando de Miranda. El ministro de Comunas y
presidente de Corpomiranda, Elías Jaua, también participará en el Estado Mayor
de esa entidad.
Funcionarios
del gobierno, entre ellos, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza y el
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, han estado recorriendo el
país para crear los restantes comandos popular-militar. Se han sumado Lara, Anzoátegui
y Táchira.
La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, la Superintendencia de Precios Justos y el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, han participado en las acciones
contra la “guerra económica”.
Las
empresas son el objetivo. En lo que va de año las empresas
que han sido sancionadas por ser señaladas por el gobierno de ser responsables
de la “guerra económica” son la distribuidora de cauchos Distenca, Farmatodo,
Unicasa, Corporación Cárnica, la red de practimercados Día Día, Distribuidora Alimentos
CDF, Distrilago, Representaciones Herrera y la empresa láctea Zuli Milk, en
Zulia.
En el
caso de Farmatodo, el 4 de febrero el Ministerio Público solicitó la privativa
de libertad de dos de sus gerentes. Fueron imputados por presunto boicot y desestabilización
económica y permanecen recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional, según un comunicado de la Fiscalía.
Además, a la cadena de farmacias
la Superintendencia de Precios Justos le abrió un acto administrativo. En el
caso de Día Día, desde el 3 de febrero fue ocupado temporalmente por el
gobierno el almacén situado en La Yaguara.
Vía El Nacional
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