La prórroga alterará el
desarrollo de la campaña electoral para las parlamentarias
El Gobierno de Nicolás Maduro
prorrogó por dos meses más el estado de excepción decretado en agosto en cuatro municipios
fronterizos con Colombia del estado de Táchira, al suroeste del país, según se
publicó este martes en la Gaceta Oficial de Venezuela. La prórroga extiende
hasta el máximo de 120 días seguidos que permite la Constitución venezolana la
suspensión de garantías por parte del Ejecutivo de Caracas.
La medida significa que el
periodo especial no solo afectará al desarrollo de la campaña electoral para los próximos comicios parlamentarios del
6 de diciembre —uno de los derechos limitados es el de reunión—, sino a la
propia jornada de votación.
Dos días después de que, el
pasado 19 de agosto, un ataque armado perpetrado presuntamente por
paramilitares vinculados al contrabando de extracción dejara heridos de
gravedad a tres militares venezolanos cerca de la población de San Antonio del Táchira, el presidente Maduro ordenó
suspender por 60 días las garantías constitucionales para reestablecer “la
normalidad” en los municipios Bolívar, Ureña, Capacho Libertador y Capacho
Independencia de esa provincia, que alojan a bandas de combatientes irregulares
y de contrabandistas provenientes del país vecino. La medida fue antecedida con
el cierre de la frontera binacional.
Tal fue el preludio de una
campaña de deportación de ciudadanos colombianos, a los que el régimen
venezolano tachó de irregulares, al vecino departamento colombiano de Norte de
Santander. El temor a ser objeto de una medida similar y al posible brote de
una oleada de xenofobia generó un éxodo de más de 10.000 personas que cruzaron
de Venezuela a Colombia.
El Gobierno venezolano siguió
imponiendo hasta finales de septiembre el cierre de paso y zonas militares a lo
largo de la frontera de 2.219 kilómetros entre los dos países, con lo que
configuró un cordón sanitario junto al límite binacional desde el Estado de
Zulia, al norte, hasta el de Amazonas, al Sur. Más de 30.000 tropas han sido
desplegadas.
La nueva situación amenazó con
escalar hasta una crisis diplomática entre Caracas y Bogotá, apenas atajada con
una reunión entre las cancilleres de ambos países en Cartagena de Indias, y
el encuentro en Quito entre los presidentes Maduro y Juan Manuel
Santos, de Colombia, bajo los auspicios de Unasur y de los presidentes de
Ecuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vásquez. A partir de esta última,
celebrada el 22 de septiembre, funcionarios de los dos Gobiernos se reúnen para
coordinar agendas comunes en temas como seguridad y política cambiaria.
Sin embargo, las gestiones parecen avanzar al ralentí. Nicolás Maduro, quien desde
el principio vaticinó un proceso “duro y largo” para reabrir la frontera, ha
reiterado recientemente que no cambiará el actual status quo de la región hasta
que las dos capitales no se concierten para construir una “frontera de paz y
productiva”. Caracas se queja de que la porosa frontera binacional sirve para
que a Colombia se fuguen hasta 40% de los productos subsidiados de la canasta
alimenticia venezolana, mientras que en retribución recibe las versiones
colombianas de la subversión y el crimen organizado. Las autoridades
venezolanas alegan que desde que cerraron la frontera, la criminalidad en la
zona habría bajado un “99%” —según cálculos del gobernador de Táchira, José
Vielma Mora— y 47 paramilitares y 250 contrabandistas habrían sido capturados.
Colombia replicó que, durante el
mismo período, la ribera occidental de la frontera se ha vuelto más segura. “La
frontera con Venezuela del lado de Colombia es más segura que hace un año, y
sin duda puedo afirmar que la frontera con Venezuela del lado de Colombia es
más segura hoy que hace 60 días”, declaró el ministro de Defensa colombiano,
Luis Carlos Villegas, durante una reunión en el fronterizo departamento de
Arauca.
Vía El País. España
Que pasa Margarita
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