Marianella Salazar
La cobarde narcodictadura de Maduro pretende que nos acostumbremos a vivir dentro del drama de la violencia y la muerte ordenando a sus grupos paramilitares o brigadas de choque que atenten contra la oposición y un pueblo declarado en rebelión por las miserables condiciones de vida que el régimen genocida lo obliga a padecer.
La violencia se intensifica en un in crescendo escalofriante que se ha topado con una población resteada, sin miedo, hambreada y harta de un gobierno nefasto, ladrón y fracasado. Ya no es la clase media pauperizada la que sale a la calle, son los barrios que aun con las amenazas de los colectivos asesinos armados por la dictadura se aprestan, a punta de cacerolas, a exigir la salida de Nicolás Maduro de un cargo que siempre le quedó grande.
La salvaje represión de los últimos días ha manchado de sangre las calles del país: o son las fuerzas represivas o los colectivos, o juntos, quienes han desatado un feroz terrorismo de Estado. Matar por una fijación política, como el trasnochado socialismo, es una acción terrible. Hacer que los “colectivos” se impongan por la armas y maten a personas inocentes no tiene justificación en un sistema de libertades donde todo se podría defender con argumentos y no con tiros; pero no vivimos en democracia sino en dictadura, donde se impone por la fuerza y el terror el criterio de unos pocos. Estamos frente a un vulgar dictador que aniquila a un pueblo y viola sistemáticamente los derechos más elementales de las personas, como el derecho a la vida.
No se puede esperar otra actuación de un régimen atrincherado, infectado de narcotraficantes señalados con pruebas por la DEA; con un Tribunal Supremo de Justicia presidido por un ex convicto por homicidio, y la mayoría de sus magistrados sin cumplir los mínimos requisitos académicos; a esto se suma la actuación de una Defensoría del Pueblo que ignora las gravísimas violaciones de los derechos humanos y cuyo iracundo titular exhibe un descontrol muy singular en las redes, similar al que produce el uso y abuso de sustancias prohibidas, como los esteroides anabolizantes. En algún momento todos serán sometidos a la justicia internacional por delitos de lesa humanidad.
Estamos ante un escenario de altísima tensión popular y militar en contra del régimen, que constituye una prueba de resistencia para el país democrático; tenemos la mayor cantidad de presos políticos desde la dictadura del general Juan Vicente Gómez, con líderes inhabilitados, dirigentes presos o en el exilio; entonces, el régimen acorralado se juega la ficha de convocar las aplazadas elecciones regionales con la seguridad de que los predecibles dirigentes partidistas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática muerdan el anzuelo y le laven la cara a la dictadura, aceptando un proceso electoral cargado de fraude e irregularidad, y evitando así su salida y el llamado a elecciones generales como exige más de 90% del país y espera la comunidad internacional.
La dictadura está caída. Está en manos de la dirigencia de oposición darle la estocada final y convocar a elecciones generales con un nuevo CNE y un TSJ. El momento es crucial, no para mezquinas querellas internas que nos pueden costar aún la libertad. Caer en la trampa electoral del régimen o de un nuevo proceso de diálogo es oxigenar la dictadura y aumentar el sufrimiento de un país que no los perdonará y les pasará factura. Llegó la hora de exigir la renuncia de Maduro y de todos sus secuaces que acaparan los distintos poderes del Estado, mantener la presión en la calle hasta lograr la salida de la dictadura para luego convocar unas elecciones generales que restituyan el orden constitucional.
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