Tras la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Nicolás Maduro realizó ayer, abogados constitucionalistas advierten que se trata de una excusa para que el Consejo Nacional Electoral no coloque fecha a los comicios de gobernadores y alcaldes que están pendientes desde el año pasado y establecer una nueva dinámica en el país.
"Es una táctica dilatoria para tratar de zafarse de las elecciones y someter al país en un tema de revisión constitucional que puede durar un año y medio. La constituyente de Hugo Chávez duró 10 meses. Es una posibilidad para evadir lo que la calle está pidiendo", explicó el constitucionalista Juan Manuel Rafalli.
El también constitucionalista, Jesús María Casal, coincide con Rafalli y agrega que no es responsabilidad del presidente convocar la constituyente, sino la iniciativa para que se celebre el referéndum en el cual el pueblo decida si quiere o no convocar la constituyente. "El presidente de la República no tiene facultad para ordenar que se proceda de inmediato a elegir a los miembros de una constituyente que él regule a su medida".
Sobre la posibilidad de un golpe de Estado constitucional, Rafalli considera que si la Asamblea Constitucional incluye al llamado poder popular, se excluye a sectores del país y asumen los poderes más importantes como el del Parlamento, "evidentemente lo es". Mientras que Casal opina que se debe estar atento al decreto que firme el presidente Maduro. "Si el anuncio es tal como lo dio, sí sería una completa ruptura del orden constitucional, una medida totalmente anticonstitucional y antidemocrática", sostuvo.
Casal aseveró que no pareciera que Maduro esté en contra de la Carta Magna vigente. "El objetivo podría ser destruir a órganos representativos como la Asamblea Nacional, excluir del proceso a partidos políticos, pero sobre todo a la oposición. Darle cabida a las instancias que controla a través del llamado poder popular".
Que se pretenda que de los 500 constituyentistas que serán votados, 250 sean electos por la clase obrera, es una acción contraria a la Constitución y principios democráticos en cuanto a que "se fractura la unidad de la soberanía popular y del pueblo como conjunto de ciudadanos con derecho al voto", reconoció Casal.
Rafalli aconsejó: "La oposición no puede ceder a su convocatoria por este anuncio que intenta complicar su foco fundamental que es pedir elecciones lo antes posible".
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