SAÚL GODOY GÓMEZ | EL UNIVERSAL
martes 22 de enero de 2013 12:00 AM
El asunto es muy claro, el electorado fue engañado por un candidato que, padeciendo de una fatal enfermedad, dijo estar curado y en plena capacidad de sus facultades para ejercer el cargo al que se postulaba, ganó unas elecciones y, al momento de tomar posesión del mismo, no pudo hacerlo, pues se encontraría moribundo, o quizás muerto, en un hospital en el extranjero.
No hay manera de conocer de su verdadero estado de salud, porque sus partidarios lo tienen oculto y fuera del alcance tanto de la prensa, como de la oposición política y de cualquier órgano verificador que no sea el mismo gobierno que lo mantiene aislado, custodiado por fuerzas extranjeras.
Ese candidato que ganó las elecciones era el Presidente de la República, el mismo que modificó la Constitución nacional para reelegirse indefinidamente, el mismo que, en una última y rápida aparición ante el país, proclamó a uno de sus seguidores como el candidato a elegir, en caso de nuevas elecciones producto de su incapacidad o ausencia para gobernar.
La Constitución establece plazos muy claros en cuanto al comienzo y la terminación de los gobiernos, en ningún lugar de la Constitución se habla de la "continuidad", que es la tesis con que el partido de gobierno pretende zafarse de su obligación de reconocer que el gobierno del presidente en funciones terminó y comienza uno nuevo; con una ligereza que raya en lo criminal pretenden convertir el acto de investidura del presidente en una mera formalidad, ya que es imposible que el candidato electo se presente a la misma, que es lo que da inicio al nuevo gobierno.
Por medio de unas maniobras politiqueras, que se construyen a conveniencia de los intereses del partido de gobierno y a medida que se desarrollan los eventos, se le extendió indefinidamente el permiso de ausencia al candidato, aseguran que el expresidente se encuentra en recuperación de sus dolencias, pero sin mostrar ninguna evidencia médica, e impiden que el estado de salud del candidato electo sea verificable por una comisión independiente.
Todos los órganos del poder público están involucrados en esta conspiración para la toma inconstitucional e ilegítima del poder en Venezuela, empezando por el TSJ, que está violando abiertamente la Carta Magna con sus interpretaciones libérrimas del texto constitucional, inventando recursos que no existen y apoyando el desacato a la voluntad soberana del pueblo, que eligió un presidente que se encuentra totalmente incapacitado y/o probablemente, sin vida, para que gobiernen otros.
La pieza fundamental del problema es conocer el verdadero estado de salud del candidato electo, ya que las acciones del partido de gobierno se restringen a seguir gobernando en nombre de un candidato electo que no ha tomado posesión del cargo, debido a su incapacidad, una acción evidentemente irregular, que rompe con el hilo constitucional, empezando porque no son funcionarios electos por la voluntad popular, es decir, que pretenden gobernar el país sin democracia.
Todas estas acciones, respaldadas por unas Fuerzas Armadas avenidas como componente armado del partido de gobierno, deslegitiman aceleradamente a todos estos políticos que están usurpando los cargos de altos funcionarios de la república; los que sí cuentan con legitimidad, con estas acciones de encubrimiento, estarían violando su mandato, haciéndose cómplices de crímenes en contra del sistema político de Venezuela, en pocas palabras, con sus acciones estarían disolviendo el pacto social que hasta los momentos unía, mal que bien, al país como nación.
Esta situación sería equiparable a un golpe de Estado, tiene sus consecuencias no solo internas sino externas. El simple hecho de habérsele permitido a un gobierno extranjero involucrarse en asuntos de soberanía nacional, manteniendo al candidato electo y expresidente prácticamente secuestrado y aislado bajo su custodia, mientras se da esta situación en Venezuela, indica que hay una componenda entre el gobierno de Cuba y el partido que se atribuye de facto el gobierno en Venezuela; está planteada una agenda que no corresponde con los intereses nacionales, oculta, de subordinación y en acatamiento a directrices emanadas de un gobierno extranjero, por lo que actual ese gobierno de facto en Venezuela no es libre, ni representativo, ni es soberano.
A pesar del dictamen del TSJ para hacer legítimo esta situación insconstitucional, los ciudadanos podrían no cumplir con sus dictámenes, que serían írritos y de plena nulidad; y estarían obligados a contribuir, en la medida de lo posible, en restituir el imperio de la ley y la vigencia de la normativa constitucional.
La comunidad internacional no debería asistir a estos eventos como un convidado de piedra; si aceptaran en silencio este estado de cosas, se harían partícipes de este fraude a la democracia; a partir de este momento Venezuela cuenta con un gobierno irregular no constitucional, antidemocrático y totalitario, que constituye un enorme peligro para la estabilidad de la región, que no es legítimo, por lo que todos sus actos y representaciones estarían fuera de la ley y del orden internacional.
Puede que, en un principio amenacen y agredan al pueblo libre y soberano de Venezuela, pero sería una situación insostenible, que sólo tendería al desorden social y al derrumbe político del régimen. Esa es mi opinión.
No hay manera de conocer de su verdadero estado de salud, porque sus partidarios lo tienen oculto y fuera del alcance tanto de la prensa, como de la oposición política y de cualquier órgano verificador que no sea el mismo gobierno que lo mantiene aislado, custodiado por fuerzas extranjeras.
Ese candidato que ganó las elecciones era el Presidente de la República, el mismo que modificó la Constitución nacional para reelegirse indefinidamente, el mismo que, en una última y rápida aparición ante el país, proclamó a uno de sus seguidores como el candidato a elegir, en caso de nuevas elecciones producto de su incapacidad o ausencia para gobernar.
La Constitución establece plazos muy claros en cuanto al comienzo y la terminación de los gobiernos, en ningún lugar de la Constitución se habla de la "continuidad", que es la tesis con que el partido de gobierno pretende zafarse de su obligación de reconocer que el gobierno del presidente en funciones terminó y comienza uno nuevo; con una ligereza que raya en lo criminal pretenden convertir el acto de investidura del presidente en una mera formalidad, ya que es imposible que el candidato electo se presente a la misma, que es lo que da inicio al nuevo gobierno.
Por medio de unas maniobras politiqueras, que se construyen a conveniencia de los intereses del partido de gobierno y a medida que se desarrollan los eventos, se le extendió indefinidamente el permiso de ausencia al candidato, aseguran que el expresidente se encuentra en recuperación de sus dolencias, pero sin mostrar ninguna evidencia médica, e impiden que el estado de salud del candidato electo sea verificable por una comisión independiente.
Todos los órganos del poder público están involucrados en esta conspiración para la toma inconstitucional e ilegítima del poder en Venezuela, empezando por el TSJ, que está violando abiertamente la Carta Magna con sus interpretaciones libérrimas del texto constitucional, inventando recursos que no existen y apoyando el desacato a la voluntad soberana del pueblo, que eligió un presidente que se encuentra totalmente incapacitado y/o probablemente, sin vida, para que gobiernen otros.
La pieza fundamental del problema es conocer el verdadero estado de salud del candidato electo, ya que las acciones del partido de gobierno se restringen a seguir gobernando en nombre de un candidato electo que no ha tomado posesión del cargo, debido a su incapacidad, una acción evidentemente irregular, que rompe con el hilo constitucional, empezando porque no son funcionarios electos por la voluntad popular, es decir, que pretenden gobernar el país sin democracia.
Todas estas acciones, respaldadas por unas Fuerzas Armadas avenidas como componente armado del partido de gobierno, deslegitiman aceleradamente a todos estos políticos que están usurpando los cargos de altos funcionarios de la república; los que sí cuentan con legitimidad, con estas acciones de encubrimiento, estarían violando su mandato, haciéndose cómplices de crímenes en contra del sistema político de Venezuela, en pocas palabras, con sus acciones estarían disolviendo el pacto social que hasta los momentos unía, mal que bien, al país como nación.
Esta situación sería equiparable a un golpe de Estado, tiene sus consecuencias no solo internas sino externas. El simple hecho de habérsele permitido a un gobierno extranjero involucrarse en asuntos de soberanía nacional, manteniendo al candidato electo y expresidente prácticamente secuestrado y aislado bajo su custodia, mientras se da esta situación en Venezuela, indica que hay una componenda entre el gobierno de Cuba y el partido que se atribuye de facto el gobierno en Venezuela; está planteada una agenda que no corresponde con los intereses nacionales, oculta, de subordinación y en acatamiento a directrices emanadas de un gobierno extranjero, por lo que actual ese gobierno de facto en Venezuela no es libre, ni representativo, ni es soberano.
A pesar del dictamen del TSJ para hacer legítimo esta situación insconstitucional, los ciudadanos podrían no cumplir con sus dictámenes, que serían írritos y de plena nulidad; y estarían obligados a contribuir, en la medida de lo posible, en restituir el imperio de la ley y la vigencia de la normativa constitucional.
La comunidad internacional no debería asistir a estos eventos como un convidado de piedra; si aceptaran en silencio este estado de cosas, se harían partícipes de este fraude a la democracia; a partir de este momento Venezuela cuenta con un gobierno irregular no constitucional, antidemocrático y totalitario, que constituye un enorme peligro para la estabilidad de la región, que no es legítimo, por lo que todos sus actos y representaciones estarían fuera de la ley y del orden internacional.
Puede que, en un principio amenacen y agredan al pueblo libre y soberano de Venezuela, pero sería una situación insostenible, que sólo tendería al desorden social y al derrumbe político del régimen. Esa es mi opinión.
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