MARCOS CARRILLO| EL UNIVERSAL
viernes 24 de enero de 2014 12:00 AM
La semana pasada el ministro de Alimentación, un señor de apellido Osorio, culpó de la escasez a lo que denominó "acaparamiento doméstico". Lo relevante de la declaración es que introduce un concepto que se había deslizado anteriormente y que ahora se utiliza de forma abierta. Bajo la pueril y errada lógica del Gobierno, la escasez es culpa de los acaparadores, a quienes hay que perseguir, multar, condenar penalmente y someter al escarnio público. Hasta ahora tales amenazas habían estado reservadas para los comerciantes e industriales, pero el giro propuesto por el Ministro apunta al ciudadano común, esos a quienes despectivamente al Gobierno le gusta llamar ciudadanos de a pie o, peor y más denigrante aún, pueblo.
Para enfrentar el acaparamiento doméstico, según la lógica totalitaria de la ocupación cubana que gobierna, hay dos soluciones. La primera sería perseguir a estos nuevos acaparadores. Ello significaría allanar los hogares para chequear si los ciudadanos están o no acaparando. Parece algo poco práctico, pero no ha de olvidarse que el tal Maduro ha dicho que todo el pueblo debe convertirse en fiscales de facto (sin nombramiento, experticia o procedimientos). De allí, podría suceder que los colectivos –bandas de delincuentes auspiciadas por el Gobierno- decidieran requisar las casas de su zona en busca de culpables del mal funcionamiento de la economía (de hecho, es público y notorio que algunos colectivos de Catia y Propatria ya lo han hecho con los pequeños comerciantes de sus zonas).
La otra medida que se podría tomar, en esta misma línea, es la de implementar la lista de racionamiento, es decir, limitar las compras de determinados productos. También, en este caso, de hecho, ya es así. La escasez condiciona la compra de productos, y en la mayoría de los mercados los dependientes imponen cuotas restrictivas para la compra de harina pan, azúcar, leche, pollo, etc. El giro innovador consistiría en el hecho de que cuando el Gobierno implemente la política de lucha contra el acaparamiento doméstico, podría imponer por vía legal la restricción de la compra de ciertos productos, imponiendo, con consecuencias inclusive penales, la tarjeta de racionamiento en el país. Así se pasa de las vías de hecho a la legalización del racionamiento, por lo que éste ya no sería algo anómalo sino un mandato legal.
Esto le puede sonar al lector como una fantasía apocalíptica, es verdad, pero hemos de recordar que antes de que llegara el chavismo al poder pensar en que podría haber 25.000 homicidios al año o que tuviéramos un ejército de ocupación cubano gobernando el país también lo eran.
Lo cierto es que existe la pretendida trasgresión (el acaparamiento doméstico), los sujetos a quienes se les puede imputar (cualquier ciudadano) y la política para combatirlo (el pueblo fiscalizador), solo falta que se dé la orden formal de implementar la política, es cuestión de dar un paso más hacia el mar de la felicidad.
Para enfrentar el acaparamiento doméstico, según la lógica totalitaria de la ocupación cubana que gobierna, hay dos soluciones. La primera sería perseguir a estos nuevos acaparadores. Ello significaría allanar los hogares para chequear si los ciudadanos están o no acaparando. Parece algo poco práctico, pero no ha de olvidarse que el tal Maduro ha dicho que todo el pueblo debe convertirse en fiscales de facto (sin nombramiento, experticia o procedimientos). De allí, podría suceder que los colectivos –bandas de delincuentes auspiciadas por el Gobierno- decidieran requisar las casas de su zona en busca de culpables del mal funcionamiento de la economía (de hecho, es público y notorio que algunos colectivos de Catia y Propatria ya lo han hecho con los pequeños comerciantes de sus zonas).
La otra medida que se podría tomar, en esta misma línea, es la de implementar la lista de racionamiento, es decir, limitar las compras de determinados productos. También, en este caso, de hecho, ya es así. La escasez condiciona la compra de productos, y en la mayoría de los mercados los dependientes imponen cuotas restrictivas para la compra de harina pan, azúcar, leche, pollo, etc. El giro innovador consistiría en el hecho de que cuando el Gobierno implemente la política de lucha contra el acaparamiento doméstico, podría imponer por vía legal la restricción de la compra de ciertos productos, imponiendo, con consecuencias inclusive penales, la tarjeta de racionamiento en el país. Así se pasa de las vías de hecho a la legalización del racionamiento, por lo que éste ya no sería algo anómalo sino un mandato legal.
Esto le puede sonar al lector como una fantasía apocalíptica, es verdad, pero hemos de recordar que antes de que llegara el chavismo al poder pensar en que podría haber 25.000 homicidios al año o que tuviéramos un ejército de ocupación cubano gobernando el país también lo eran.
Lo cierto es que existe la pretendida trasgresión (el acaparamiento doméstico), los sujetos a quienes se les puede imputar (cualquier ciudadano) y la política para combatirlo (el pueblo fiscalizador), solo falta que se dé la orden formal de implementar la política, es cuestión de dar un paso más hacia el mar de la felicidad.
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