PEDRO PABLO PEÑALOZA , JUAN FRANCISCO ALONSO| EL UNIVERSAL
sábado 15 de febrero de 2014 12:00 AM
El Foro Penal Venezolano denunció ayer que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) manipuló las pruebas de los ataques con armas de fuego que sufrieron esta semana los estudiantes que protestaron en Barquisimeto, estado Lara.
Basándose en la información de su representante en la capital larense, Pedro Troconis, la organización señaló que agentes de la PNB recorrieron los hospitales donde se encontraban recluidos 16 jóvenes heridos de bala con una sola misión: exigirle a los médicos que le dieron los proyectiles que habían extraído de los cuerpos de los muchachos.
"Esto es algo nunca visto, los funcionarios están dejando ver que fueron ellos quienes dispararon, por eso quieren recolectar las evidencias", señaló la abogada Lilia Camejo, directora del Foro Penal Venezolano.
Camejo aclaró que su asociación no maneja información sobre ciudadanos desaparecidos en medio de la represión contra las protestas. "Como hubo tanta confusión por los distintos sitios en lo que han retenido a los estudiantes, lo que tenemos son personas que no han podido ser ubicadas", diferenció la experta.
Incomunicados y sin defensa
Durante las primeras horas en las que estuvieron detenidos, al grueso de los 99 aprehendidos en los incidentes posteriores a la marcha opositora del 12 de febrero se les violó su derecho fundamental a la defensa.
Así lo denunció Ligia Bolívar, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien indicó: "La ley dice que todo detenido tiene el derecho a saber de qué se les acusa, sino a hacer una llamada telefónica para decirle a sus parientes o a sus abogados dónde está y también a recibir la asesoría de un abogado. Sin embargo, hemos recibido quejas de que eso se les negó y nada más llegar a los centros donde estuvieron recluidos los policías y militares que los custodiaban les incautaron sus teléfonos celulares".
El profesor de Derecho Constitucional de las universidades Católica Andrés Bello y de la Metropolitana, José Vicente Haro, confirmó los señalamientos de Bolívar.
"Yo estuve en la sede de la policía científica (Cicpc) de Parque Carabobo en la noche del miércoles y me encontré con que los funcionarios que allí estaban no dejaron que los padres de los detenidos pudieran verlos ni tampoco que abogados pudieran ingresar para ofrecerles asesoría. Por reclamar esta abierta violación a los Derechos Humanos los funcionarios amenazaron con detenerme", relató el catedrático.
Acto seguido Haro no dudó en calificar esta flagrante violación al artículo 49 de la Constitución de 1999 como "un crimen de lesa humanidad". ¿La razón? "Fue cometida sistemáticamente contra un grupo de la población venezolana".
Malos recuerdos
Bolívar, por su parte, consideró insólito que ni desde el Ministerio del Interior y desde del Ministerio Público fueran capaces de brindar a los familiares de los aprehendidos información oportuna y precisa del sitio dónde estaban, para evitar así la zozobra que se generó.
"Aunque no podemos hablar de desapariciones la falta de información sobre el sitio dónde estaban los detenidos y después el 'ruleteo' al que fueron sometidos por sus captores provocó confusión e hizo que se comenzara a hablar de desapariciones", afirmó la experta.
Venezuela es un país en el que la desaparición forzada de personas fue una práctica policial durante décadas, según lo han denunciado hasta la saciedad autoridades como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Sin embargo, la misma no ha sido erradicada y prueba de ello es que apenas la semana pasada el Ministerio Público anunció que siete agentes de la Policía de Portuguesa habían sido condenados a más de 20 años de cárcel precisamente por la desaparición de Carlos Neira Reinoso, un joven de 18 años de edad que habitaba en la ciudad de Guanare y del que no se tuvo más noticia desde que los agentes lo aprehendieron en marzo de 2010.
Para Bolívar estos antecedentes son motivo suficientes para que las autoridades garanticen el derecho a la defensa.
Basándose en la información de su representante en la capital larense, Pedro Troconis, la organización señaló que agentes de la PNB recorrieron los hospitales donde se encontraban recluidos 16 jóvenes heridos de bala con una sola misión: exigirle a los médicos que le dieron los proyectiles que habían extraído de los cuerpos de los muchachos.
"Esto es algo nunca visto, los funcionarios están dejando ver que fueron ellos quienes dispararon, por eso quieren recolectar las evidencias", señaló la abogada Lilia Camejo, directora del Foro Penal Venezolano.
Camejo aclaró que su asociación no maneja información sobre ciudadanos desaparecidos en medio de la represión contra las protestas. "Como hubo tanta confusión por los distintos sitios en lo que han retenido a los estudiantes, lo que tenemos son personas que no han podido ser ubicadas", diferenció la experta.
Incomunicados y sin defensa
Durante las primeras horas en las que estuvieron detenidos, al grueso de los 99 aprehendidos en los incidentes posteriores a la marcha opositora del 12 de febrero se les violó su derecho fundamental a la defensa.
Así lo denunció Ligia Bolívar, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien indicó: "La ley dice que todo detenido tiene el derecho a saber de qué se les acusa, sino a hacer una llamada telefónica para decirle a sus parientes o a sus abogados dónde está y también a recibir la asesoría de un abogado. Sin embargo, hemos recibido quejas de que eso se les negó y nada más llegar a los centros donde estuvieron recluidos los policías y militares que los custodiaban les incautaron sus teléfonos celulares".
El profesor de Derecho Constitucional de las universidades Católica Andrés Bello y de la Metropolitana, José Vicente Haro, confirmó los señalamientos de Bolívar.
"Yo estuve en la sede de la policía científica (Cicpc) de Parque Carabobo en la noche del miércoles y me encontré con que los funcionarios que allí estaban no dejaron que los padres de los detenidos pudieran verlos ni tampoco que abogados pudieran ingresar para ofrecerles asesoría. Por reclamar esta abierta violación a los Derechos Humanos los funcionarios amenazaron con detenerme", relató el catedrático.
Acto seguido Haro no dudó en calificar esta flagrante violación al artículo 49 de la Constitución de 1999 como "un crimen de lesa humanidad". ¿La razón? "Fue cometida sistemáticamente contra un grupo de la población venezolana".
Malos recuerdos
Bolívar, por su parte, consideró insólito que ni desde el Ministerio del Interior y desde del Ministerio Público fueran capaces de brindar a los familiares de los aprehendidos información oportuna y precisa del sitio dónde estaban, para evitar así la zozobra que se generó.
"Aunque no podemos hablar de desapariciones la falta de información sobre el sitio dónde estaban los detenidos y después el 'ruleteo' al que fueron sometidos por sus captores provocó confusión e hizo que se comenzara a hablar de desapariciones", afirmó la experta.
Venezuela es un país en el que la desaparición forzada de personas fue una práctica policial durante décadas, según lo han denunciado hasta la saciedad autoridades como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Sin embargo, la misma no ha sido erradicada y prueba de ello es que apenas la semana pasada el Ministerio Público anunció que siete agentes de la Policía de Portuguesa habían sido condenados a más de 20 años de cárcel precisamente por la desaparición de Carlos Neira Reinoso, un joven de 18 años de edad que habitaba en la ciudad de Guanare y del que no se tuvo más noticia desde que los agentes lo aprehendieron en marzo de 2010.
Para Bolívar estos antecedentes son motivo suficientes para que las autoridades garanticen el derecho a la defensa.
No comments:
Post a Comment