MIGUEL ÁNGEL SANTOS| EL UNIVERSAL
miércoles 26 de marzo de 2014 12:00 AM
Esperé para escribir al cierre de la primera jornada de la subasta del Sicad-II, cuando según el Banco Central el nuevo precio del dólar oficial resultó ser de 51,86 bolívares. Eso representa una devaluación entre 358% (si vienes de Sicad-I) y 722% (si vienes de Cadivi a 6,30). Esta particularidad no sólo la convierte en la devaluación más grande de nuestra historia, sino además tiene implicaciones importantes para lo que está por venir.
Para nadie es un secreto que el gobierno devalúa por necesidad, no por convicción. No es que ellos crean en un sistema de precios relativos (lo que cuestan las cosas aquí vs. lo que cuestan afuera) más justo, sino que se han venido quedando sin real. La contribución de esa devaluación al presupuesto depende precisamente de que el gobierno sea capaz de venderle dólares al sector privado a una tasa mayor. Si el gobierno no interviene en ese mercado, o interviene poco, y Pdvsa sigue vendiéndole los dólares al BCV a la misma tasa, la recaudación adicional será muy baja. Si, por el contrario, el gobierno empieza a trasladar a Sicad-II quienes antes recibían dólares a 6,30 y 11,40 y Pdvsa vende divisas en ese mercado a 51,8, la contribución fiscal será sustancial. Por eso resulta muy temprano aún para calcular los efectos fiscales de la devaluación. El cálculo viene lleno de un sinnúmero de supuestos cuya volatilidad agregada lo hace irrelevante.
En función de esa contribución fiscal, el nuevo esquema podría durar más o menos. En la medida en que el impacto de la devaluación sea menor, en esa medida sigue siendo necesario imprimir dinero para seguir financiando el déficit. Si el gobierno continúa así, la devaluación del bolívar no tendrá freno. Esto es muy significativo dado que esta medida ha sido implementada después de no pocas discusiones internas, y no tendría nada raro que en algún momento sea reversada. Esa misma relación, a saber, cuánta gente es trasladada entre tasas, o de dónde salen los dólares que el gobierno liquide en el nuevo mercado, determinará el impacto inflacionario de la devaluación. Oigo a mucha gente repitiendo por ahí que los efectos inflacionarios de la devaluación será bajo, porque ya han sido "adelantados" e incorporados en los precios. El problema aquí está en qué es "bajo": Con una devaluación de 358%-722%, cualquier cosa que sea "bajo" representa una aceleración de precios muy significativa.
Poco se ha dicho sobre los efectos contractivos de la devaluación. En Venezuela las grandes devaluaciones están asociadas a caídas muy significativas en la producción. Esto a su vez tiene que ver con un conjunto de características que nos obligan a bailar con la más fea: No tenemos capacidad exportadora para aprovechar los mejores precios relativos y debemos seguir importando, pero a una tasa entre cuatro y ocho veces más cara.
Hago este conjunto de consideraciones no para confundir, que ya bastante confundidos estamos, sino para invitarlos a considerar los escenarios que se proyectan por ahí con algo de consistencia. Si los efectos fiscales de la devaluación son bajos, si no se trasladan los bienes de 6,30 a esa nueva tasa, el impacto inflacionario derivado de la devaluación será menor, pero seguirá siendo necesario imprimir dinero para financiar el déficit. En ese escenario la devaluación continuará a ritmo muy acelerado, y la caída en el producto será menor. Si se trasladan más divisas a la nueva tasa, el impacto fiscal será mayor, el ajuste en el sentido económico será más profundo, pero el impacto (negativo) sobre la producción y (positivo) sobre la inflación será mucho mayor.
En el fondo, lo que nos tiene ahogados no es tanto una subasta, o si se consigue o no un dólar, o a qué precio. Eso es apenas un síntoma. Lo que nos tiene ahogados es la falta de transparencia fiscal, que tiene el presupuesto roto en cinco pedazos de los que tenemos muy pocas noticias. Lo que nos tiene ahogados son los 52% del PIB que registró el gasto consolidado en 2012, un nivel colosal e ineficiente (otros hacen mucho más con menos) del que costará mucho bajarse sin una catástrofe social. Lo que nos tiene ahogados es la ausencia del derecho a la propiedad, las expropiaciones, la arbitrariedad. Lo que nos mantiene ahogados es el cerco al sector privado, la ley de máxima ganancia, las guías de ruta del SADA, y tantas otras trabas. Esas cosas, en definitiva, son las que determinan que cuando a un venezolano le cae un bolívar en la mano, no se le ocurra otra cosa que salir a comprar un dólar. Proveerle ese dólar si desea salir corriendo es apenas una fracción infinitesimal del problema. El problema de fondo es cómo hacer para que no quiera salir corriendo.
Para nadie es un secreto que el gobierno devalúa por necesidad, no por convicción. No es que ellos crean en un sistema de precios relativos (lo que cuestan las cosas aquí vs. lo que cuestan afuera) más justo, sino que se han venido quedando sin real. La contribución de esa devaluación al presupuesto depende precisamente de que el gobierno sea capaz de venderle dólares al sector privado a una tasa mayor. Si el gobierno no interviene en ese mercado, o interviene poco, y Pdvsa sigue vendiéndole los dólares al BCV a la misma tasa, la recaudación adicional será muy baja. Si, por el contrario, el gobierno empieza a trasladar a Sicad-II quienes antes recibían dólares a 6,30 y 11,40 y Pdvsa vende divisas en ese mercado a 51,8, la contribución fiscal será sustancial. Por eso resulta muy temprano aún para calcular los efectos fiscales de la devaluación. El cálculo viene lleno de un sinnúmero de supuestos cuya volatilidad agregada lo hace irrelevante.
En función de esa contribución fiscal, el nuevo esquema podría durar más o menos. En la medida en que el impacto de la devaluación sea menor, en esa medida sigue siendo necesario imprimir dinero para seguir financiando el déficit. Si el gobierno continúa así, la devaluación del bolívar no tendrá freno. Esto es muy significativo dado que esta medida ha sido implementada después de no pocas discusiones internas, y no tendría nada raro que en algún momento sea reversada. Esa misma relación, a saber, cuánta gente es trasladada entre tasas, o de dónde salen los dólares que el gobierno liquide en el nuevo mercado, determinará el impacto inflacionario de la devaluación. Oigo a mucha gente repitiendo por ahí que los efectos inflacionarios de la devaluación será bajo, porque ya han sido "adelantados" e incorporados en los precios. El problema aquí está en qué es "bajo": Con una devaluación de 358%-722%, cualquier cosa que sea "bajo" representa una aceleración de precios muy significativa.
Poco se ha dicho sobre los efectos contractivos de la devaluación. En Venezuela las grandes devaluaciones están asociadas a caídas muy significativas en la producción. Esto a su vez tiene que ver con un conjunto de características que nos obligan a bailar con la más fea: No tenemos capacidad exportadora para aprovechar los mejores precios relativos y debemos seguir importando, pero a una tasa entre cuatro y ocho veces más cara.
Hago este conjunto de consideraciones no para confundir, que ya bastante confundidos estamos, sino para invitarlos a considerar los escenarios que se proyectan por ahí con algo de consistencia. Si los efectos fiscales de la devaluación son bajos, si no se trasladan los bienes de 6,30 a esa nueva tasa, el impacto inflacionario derivado de la devaluación será menor, pero seguirá siendo necesario imprimir dinero para financiar el déficit. En ese escenario la devaluación continuará a ritmo muy acelerado, y la caída en el producto será menor. Si se trasladan más divisas a la nueva tasa, el impacto fiscal será mayor, el ajuste en el sentido económico será más profundo, pero el impacto (negativo) sobre la producción y (positivo) sobre la inflación será mucho mayor.
En el fondo, lo que nos tiene ahogados no es tanto una subasta, o si se consigue o no un dólar, o a qué precio. Eso es apenas un síntoma. Lo que nos tiene ahogados es la falta de transparencia fiscal, que tiene el presupuesto roto en cinco pedazos de los que tenemos muy pocas noticias. Lo que nos tiene ahogados son los 52% del PIB que registró el gasto consolidado en 2012, un nivel colosal e ineficiente (otros hacen mucho más con menos) del que costará mucho bajarse sin una catástrofe social. Lo que nos tiene ahogados es la ausencia del derecho a la propiedad, las expropiaciones, la arbitrariedad. Lo que nos mantiene ahogados es el cerco al sector privado, la ley de máxima ganancia, las guías de ruta del SADA, y tantas otras trabas. Esas cosas, en definitiva, son las que determinan que cuando a un venezolano le cae un bolívar en la mano, no se le ocurra otra cosa que salir a comprar un dólar. Proveerle ese dólar si desea salir corriendo es apenas una fracción infinitesimal del problema. El problema de fondo es cómo hacer para que no quiera salir corriendo.
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