JUANCARLOS VARGAS | EL UNIVERSAL
jueves 1 de mayo de 2014 12:00 AM
El régimen de Maduro avanza en la violación sistemática del derecho a la libertad personal, las detenciones arbitrarias se han convertido en una política de estado que no solo busca silenciar y excluir del juego político a líderes nacionales quienes luchan por el restablecimiento de las libertades como Leopoldo López y regionales como Scarano y Ceballos, sino también desmovilizar a los ciudadanos que protestan contra el régimen, quien sin distingo de edad y género son privados de su libertad, sometidos a tratos crueles y en algunos casos torturados.
Estas detenciones, en la mayoría de las ocasiones son justificadas por el régimen, que conjuntamente con los órganos del sistema de justicia han perfeccionado una maquinaria inspirada en prácticas que en su momento llevó a cabo Stalin y durante más de cincuenta años ha venido utilizando el régimen Castro-comunista, esto es la manipulación de la legalidad con el propósito de fabricar delitos que permitan proporcionar apariencia de legalidad a las detenciones.
De esta forma hemos visto personas como el abogado Crovato permanece detenido por ejercer su profesión, Massiel está detenida en el Inof por denunciar la existencia de explosivos, e incluso personas de la tercera edad como los esposos Josefa y Rodolfo González fueron detenidos recientemente por el Sebin. A cada de uno de estos ciudadanos se le han imputado o pretende imputárseles delitos comunes que van desde instigación pública, asociación para delinquir hasta financiamiento al terrorismo. A ello debemos agregar el caso de profesionales de la salud como María Gabriela Farías, Noris Gil y Henrique Orozco, así como el periodista Marcos Morín, quienes actualmente se encuentran bajo régimen de presentación.
No podemos dejar de mencionar a las miles de personas quienes hoy se encuentran en libertad pero en algún momento fueron detenidas a través de procesos viciados y leyes injustas que son utilizadas por el régimen con el propósito de marcarlos. Estas detenciones son contrarias a los estándares establecidos en instrumentos internacionales de DDHH vigentes, por lo que el régimen está violando el derecho a la libertad personal y expresión sino también el derecho a la protesta, y en general al debido proceso.
A pesar del intento de manipular la legalidad ante la sociedad internacional por parte del régimen, estas detenciones siguen movilizando a la comunidad internacional. Organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales no dejan de mostrar su preocupación. Recientemente Mario Vargas Llosa señaló que Amnistía Internacional evalúa declarar prisionero de conciencia a ese símbolo de la lucha por la libertad en que se ha convertido Leopoldo López, quien al igual que ocurrió en su momento con otros luchadores por la libertad y la democracia como los ciudadanos cubanos Armando Valladares, Guido Singler y José Daniel Ferrer, cumple con los requisitos para ser declarado prisionero de conciencia. Esto es un estatus que Amnistía Internacional otorga a personas que son encarceladas a causa de sus creencias, origen étnico, sexo y color por haberse opuesto contra un régimen opresor sin haber utilizado y/o propugnado el uso de la violencia, en algunos casos haciendo uso legítimo del derecho a la desobediencia civil. Este estatus se confiere con el propósito de movilizar a sus activistas y en general a la opinión pública internacional para que soliciten ante las máximas autoridades de los respectivos gobiernos su liberación.
Estas detenciones, en la mayoría de las ocasiones son justificadas por el régimen, que conjuntamente con los órganos del sistema de justicia han perfeccionado una maquinaria inspirada en prácticas que en su momento llevó a cabo Stalin y durante más de cincuenta años ha venido utilizando el régimen Castro-comunista, esto es la manipulación de la legalidad con el propósito de fabricar delitos que permitan proporcionar apariencia de legalidad a las detenciones.
De esta forma hemos visto personas como el abogado Crovato permanece detenido por ejercer su profesión, Massiel está detenida en el Inof por denunciar la existencia de explosivos, e incluso personas de la tercera edad como los esposos Josefa y Rodolfo González fueron detenidos recientemente por el Sebin. A cada de uno de estos ciudadanos se le han imputado o pretende imputárseles delitos comunes que van desde instigación pública, asociación para delinquir hasta financiamiento al terrorismo. A ello debemos agregar el caso de profesionales de la salud como María Gabriela Farías, Noris Gil y Henrique Orozco, así como el periodista Marcos Morín, quienes actualmente se encuentran bajo régimen de presentación.
No podemos dejar de mencionar a las miles de personas quienes hoy se encuentran en libertad pero en algún momento fueron detenidas a través de procesos viciados y leyes injustas que son utilizadas por el régimen con el propósito de marcarlos. Estas detenciones son contrarias a los estándares establecidos en instrumentos internacionales de DDHH vigentes, por lo que el régimen está violando el derecho a la libertad personal y expresión sino también el derecho a la protesta, y en general al debido proceso.
A pesar del intento de manipular la legalidad ante la sociedad internacional por parte del régimen, estas detenciones siguen movilizando a la comunidad internacional. Organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales no dejan de mostrar su preocupación. Recientemente Mario Vargas Llosa señaló que Amnistía Internacional evalúa declarar prisionero de conciencia a ese símbolo de la lucha por la libertad en que se ha convertido Leopoldo López, quien al igual que ocurrió en su momento con otros luchadores por la libertad y la democracia como los ciudadanos cubanos Armando Valladares, Guido Singler y José Daniel Ferrer, cumple con los requisitos para ser declarado prisionero de conciencia. Esto es un estatus que Amnistía Internacional otorga a personas que son encarceladas a causa de sus creencias, origen étnico, sexo y color por haberse opuesto contra un régimen opresor sin haber utilizado y/o propugnado el uso de la violencia, en algunos casos haciendo uso legítimo del derecho a la desobediencia civil. Este estatus se confiere con el propósito de movilizar a sus activistas y en general a la opinión pública internacional para que soliciten ante las máximas autoridades de los respectivos gobiernos su liberación.
No comments:
Post a Comment