Editorial El Nacional
En los inicios de la revolución rusa por las calles de Moscú reinaba el
caos y la ley recaía en las manos de la fanatizada policía bolchevique o de sus
obedientes jueces, que, a la vez, confraternizaban con las bandas del crimen
organizado.
Entre estas dos fuerzas del mal (como ocurre hoy por estos predios) se
movía el ciudadano sin saber si al cruzar la calle los esperaba el cruel
bandidaje comunista y sus jueces o la ferocidad de los ladrones.
Los comunistas detenían a los sospechosos y allanaban los hogares
arrasando con todo: papeles, cartas y manuscritos que ayudaran a acusar
falsamente al detenido como “contrarrevolucionario y espía de alguna potencia”.
De esa manera y con el auxilio de jueces cómplices encarcelaban y
torturaban a gente inocente a la cual despojaban de sus propiedades, los
llevaban a la miseria y a la muerte.
Aquí en Venezuela una juez y una fiscal están aplicando ese tipo de
justicia express de los viejos comunistas: primero mandan a la Guardia Nacional
a ocupar el objeto de sus ambiciones y luego, sin investigación, tribunal ni
expediente conocido y mucho menos juicio (que se sepa) ni derecho a la defensa,
se apoderan del Hotel Perlamar, en Margarita.
Estas señoras llegaron acompañadas de varios efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana con la intención de tomar posesión y custodia del hotel
debido a un juicio sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso
ilegal de divisas.
La acusación es totalmente falsa porque el financiamiento de la obra se
ha llevado a cabo por intermedio de bancos venezolanos de conocida solvencia,
como se demostró en una visita anterior de las autoridades a quienes se les
hizo entrega de la documentación respectiva.
“Hasta hoy no hemos sido enterados que exista un juicio por lavado de
capitales aquí en Venezuela ni mucho menos en el exterior. En Estados Unidos no
nos han alertado sobre alguna irregularidad atribuible a nuestra compañía”,
dijo un vocero de la empresa. “De hecho, nuestro principal accionista viajó
esta semana para comprobar en el Departamento del Tesoro estadounidense si
existía algún reclamo y allí le reafirmaron que todo estaba en orden”.
Algunos funcionarios del Tesoro preguntaron, “off de record” si
por fin los generales del Cartel de los Soles iban a viajar a Estados Unidos
para conversar con ellos: “Aquí los esperamos para atenderlos muy bien. No
deben tener miedo, sólo queremos conversar y hacerles unas preguntitas”.
La ocupación del Hotel Perlamar por tiempo indefinido o hasta que termine
el juicio (¿en qué juzgado?) no es más que un atropello contra los empresarios
que invierten su dinero en el área de turismo. El Estado no puede tomar a la
fuerza una propiedad privada por razones partidistas o políticas, no debe
apelar al terrorismo judicial ni inventar una nueva forma de expropiación por
razones personales.
El
gobierno utiliza de nuevo a sus fiscales y jueces rojitos como verdugos de
quienes tienen el valor de criticarlos y de denunciar sus atropellos.
Vía El Nacional
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