Oswaldo Álvarez Paz
La más reciente diarrea legislativa, mediante decretos producto de la
Ley Habilitante, obliga a conclusiones definitivas en el campo de los sectores
democráticos de la nación. El despelote está calculadamente dirigido a la
destrucción de lo poco de institucionalidad que aún conservamos. Ninguna de las
disposiciones que conocemos contribuye a resolver problema alguno. Todo lo
contrario. Los sectores afectados no tendrán ninguna posibilidad de
recuperación. Están condenados a lo peor. Los pobres serán cada vez más pobres
y los ricos menos ricos, con la excepción de los prevalidos del régimen,
reyezuelos de la corrupción y el tráfico de influencias. El aparato productivo
primario, la industria y el comercio condenados a muerte. También nos alejamos
de tener un sistema educativo eficiente a todos los niveles y la salud
convertida en vergüenza nacional e internacional. La seguridad de las personas
y de los bienes, la estabilidad familiar, los trabajos estables y bien
remunerados no forman parte de las prioridades del régimen. Todo lo contrario.
El despelote anárquico en el mundo de las policías y organismos de seguridad,
anuncian mayor represión y violencia tanto física como institucional. Paremos
de contar, todo está sobre diagnosticado.
Frente a esto hay que actuar de manera irreversible. No me abandona la
preocupación de ver a parte del liderazgo opositor trabajando más por la
convivencia, supervivencia según algunos, que por el cambio radical que la
realidad nacional nos impone a los demócratas. Es indispensable discutir a
fondo, con sinceridad y sin cálculos personales o de grupo, el objetivo que nos
unifique a todos en la lucha. Es la única manera de definir una estrategia que
pueda ser seguido por todos, cada uno desde su particular perspectiva.
Debemos tener presente que una revolución, si es verdadera, no puede
estar sometida a un orden jurídico, a una Constitución, que se le convierta en
camisa de fuerza y le impida a avanzar en sus propósitos de dominación
totalitaria. Para este régimen, primero van los hechos y después el Derecho,
siempre de plastilina y de interpretación amplia y acomodaticia. La situación
impone definir el cambio de régimen como objetivo primario de la lucha. Esto
pasa por la sustitución de, eso que llaman, el alto gobierno cívico-militar,
empezando por quien teóricamente lo dirige, aunque en la práctica no está muy
claro el punto.
Entender
que la verdadera naturaleza del problema de Venezuela no es electoral sino
existencial, resulta indispensable para que en esta lucha pongamos integralmente
la cabeza, el corazón y el coraje que cada quién lleva por dentro. El cambio no
se logrará mediante ese diálogo pendejil que algunos solicitan a un régimen ya
definido por palabras y acciones que no dejan lugar a dudas. Entre otras
acciones posibles, forzar la renuncia del probadamente incompetente que está al
frente de la república es perfectamente constitucional e internacionalmente
legitimado mediante ejemplos a la vista.
Vía
El Nacional
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