RïcardoHausmann
El premio Nobel de
economía Paul Krugman alguna vez afirmó bromeando que “Canadá está
esencialmente más cerca de Estados Unidos que de sí mismo”. Después de
todo, la mayor parte de sus ciudadanos vive en una estrecha faja a lo
largo de las más de 3.000 millas de frontera. Es decir, cada canadiense
vive más cerca de un mayor número de estadounidenses que de otros
canadienses.
Lo mismo se puede
afirmar sobre empresas y gobiernos. La mayor parte de ellas está más
cerca del gobierno que de otras empresas: interactúan con mayor
frecuencia con regulaciones y agencias gubernamentales que con el resto
de la comunidad empresarial. La calidad de esta interacción y su
evolución a través del tiempo probablemente sean los determinantes más
fundamentales del potencial de un país para crecer y prosperar.
Pero ésta no es la weltanschauung -
visión del mundo – que permea el discurso del sector privado, según se
expresa en los puntos de vista de la gran mayoría de las cámaras de
comercio e industria y de las asociaciones empresariales del mundo.
Estas últimas con frecuencia se adhieren al dictamen de Ronald Reagan:
“El gobierno no es la solución a nuestros problemas: el gobierno es el problema”.
Esta es una frase de
comercial: corta, recursiva y con un dejo poético. Por desgracia,
también es peligrosamente engañosa. Al fin y al cabo, si el gobierno en
realidad fuera el problema, entonces parte de la solución sería cambiar
lo que el gobierno hace.
La verdad es que los
mercados no pueden existir sin los gobiernos, y viceversa. Los gobiernos
son esenciales para establecer la seguridad, la justicia, los derechos
de propiedad y el cumplimiento de los contratos, todo lo cual es vital
para la economía de mercado.
Los gobiernos también
se encargan de organizar la provisión de infraestructura para el
transporte, la comunicación, la energía, el agua y la eliminación de
deshechos. Administran y regulan los sistemas de atención a la salud, y
la educación primaria, secundaria, terciaria y vocacional. Crean la
reglamentación y proporcionan las certificaciones que permiten que las
empresas les garanticen a sus clientes, empleados y vecinos que lo que
ellas hacen es seguro. Protegen a los acreedores y a los accionistas
minoritarios contra los gerentes bribones – y a los gerentes contra los
acreedores impulsivos.
Sostener que los
gobiernos deberían quitarse de en medio y dejar que el sector privado
haga lo suyo, es como decir que los controladores del tránsito aéreo
deberían salir de en medio y dejar que los pilotos hicieran lo suyo. En
realidad, los gobiernos y el sector privado se necesitan mutuamente, y
precisan encontrar mejores formas de colaborar entre sí.
El problema es que en
muchos países, sean desarrollados o no, la relación que existe
actualmente entre el sector privado y el gobierno es disfuncional. No
sólo se caracteriza por una profunda desconfianza, sino que la sociedad,
en términos más amplios, no cree que una relación más estrecha sea
legítima ni de interés público, y por buena razón.
Con frecuencia, el
sector privado se relaciona con el gobierno a fin de hacerse más
rentable. Al fin y al cabo, la misión de los gerentes es maximizar las
ganancias.Y el gobierno tiene formas de prestar ayuda: puede obligar a
los proveedores a rebajar el precio de sus insumos, reprimir las
demandas salariales de los trabajadores, proteger el mercado final de la
competencia proveniente de las importaciones o de nuevos participantes,
o disminuir la carga tributaria.
Pero estos esquemas
hacen que las empresas sean más rentables a costa de empobrecer a sus
proveedores, empleados, clientes o al fisco. Aceptar estas demandas hace
que el gobierno parezca ilegítimo, y con razón, ante los ojos del resto
de la sociedad, que tiene cosas más importantes que hacer que
redistribuir rentas a favor de quienes ya son ricos.
Los resultados serían
muy diferentes si el foco de la relación no estuviera en la
rentabilidad sino en la productividad. Los aumentos de productividad
permiten que las empresas reduzcan sus costos y por tanto que puedan
pagar mejor a sus proveedores y empleados, que puedan disminuir sus
precios, que paguen más impuestos y aun así logren obtener mayores
ganancias para sus accionistas. Con el foco en la productividad, todos
pueden salir ganando.
Es mucho lo que los
gobiernos pueden hacer, en diversos ámbitos, para elevar la
productividad. Las hortalizas frescas requieren un sistema de transporte
en frío, paso expedito por la aduana, certificación de las prácticas
agrícolas y permisos sanitarios. Para el turismo se necesitan requisitos
sensatos para el visaje, aeropuertos de fácil acceso, señalización
vial, permisos de construcción para hoteles y la preservación de lugares
culturales y de la costa. La manufactura precisa de espacios urbanos
adecuados que estén conectados a la energía eléctrica, el agua, el
transporte, la logística y la seguridad, así como de una fuerza laboral
diversificada.
Todos estos medios
para incrementar la productividad requieren de instituciones que enseñen
y diseminen conocimientos y habilidades específicas a cada actividad.
Ninguno de ellos aparece entre las estadísticas del proyecto Doing Business (Hacer
Negocios) del Banco Mundial, como tampoco en el Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Y, careciendo de estos
insumos públicos, las actividades que dependen de ellos no pueden tener
éxito.
Esto es precisamente
lo que sucede cuando no existe una base sólida y legítima para la
cooperación entre el gobierno y el sector privado. El resultado es una
provisión inadecuada de los bienes públicos que elevan la productividad y
que benefician a todos.
Para lograr esta base
de cooperación, muchos países necesitan un nuevo pacto entre el
gobierno y el sector privado. Pero esto no será posible si los grupos
empresariales insisten en centrar la discusión en torno a la tributación
en lugar de enfocarse en medidas que aumenten la productividad.
En forma más general,
los grupos empresariales deberían procurar sólo las políticas
gubernamentales que sean claramente de interés público. Las solicitudes
que son percibidas como codiciosas erosionan la legitimidad y, a la
larga, la efectividad. En este contexto, organizaciones no
gubernamentales que se dedican a valorar, desde el punto de vista del
interés público, lo que las empresas le piden al gobierno, podrían
facilitar la confianza.
Quizás más
importante, las organizaciones empresariales cúpula no les hacen un
servicio a sus integrantes cuando buscan imponerles una sola voz. El
hacer esto por lo general lleva a que el foco esté en las políticas
preferidas por todos los miembros - como una tributación más baja – en lugar de estarlo en medidas que son importantes para la productividad de cada integrante.
De la misma forma en que los monopolios son malos para los mercados y
la política, la representación empresarial del sector privado se
beneficiaría de una mayor competencia.
Traducido del inglés por Ana María Velasco
Publicado originalmente en Project Syndicate
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