El primer
paso en el respeto a los derechos humanos en América Latina no fue muy
auspicioso. Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, mejor conocido
como Antonio Nariño, periodista, político y héroe colombiano, dio el monumental
paso de traducir en diciembre de 1793, por primera vez al español, la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Lamentablemente para
Nariño y para todos los latinoamericanos, el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición, no estaba muy de acuerdo y lo acusó de encabezar una conspiración
desestabilizadora, y fue condenado a diez años de prisión a ser cumplidos en
una cárcel en África.
Las
normas de derechos humanos en América Latina, desde su nacimiento, son una
amenaza que molestan al poder de turno. Al espíritu vanguardista de Nariño lo
acompañaron otros hitos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre aprobada en Bogotá en 1948 y la Carta Democrática Interamericana
aprobada en Lima en 2001, son instrumentos pioneros a nivel mundial en la
defensa de los derechos humanos y protección de la democracia. Sin embargo, la
consagración en el papel de esos principios e ideales no ha sido obstáculo para
graves violaciones a los derechos humanos, golpes de estado y democracias sin
imperio de la ley.
La ley
sólo tiene sentido con mecanismos independientes que verifiquen su
cumplimiento. A nivel internacional, los Estados se comprometen a funcionar
como garantía colectiva para exigir el respeto a los derechos humanos y la
democracia. En el sistema interamericano, la Comisión y Corte interamericanas
fueron durante las últimas décadas la última y única instancia para denunciar
las violaciones a los derechos humanos y ponerle límites a las dictaduras y
gobiernos autoritarios. Las denuncias por las violaciones a los derechos
humanos en Argentina en los 70, Perú en los 90, o el deterioro democrático de
Venezuela, encontraron en la Comisión y la Corte un límite a la violencia y al
autoritarismo.
Sin
embargo, en las últimas décadas se ha dado un giro grave en la defensa
colectiva de los derechos humanos y la democracia. Por un lado, un ataque
constante y sistemático a la Comisión y Corte interamericanas, liderado
principalmente por Chávez, Maduro y Correa, está erosionando el accionar
decidido e independiente de estos órganos, y por el otro, el surgimiento de
nuevos organismos como garantía colectiva de los derechos humanos y la
democracia que carecen de la independencia necesaria para ponerle límite a las
violaciones y al autoritarismo.
La Comisión y Corte interamericanas fueron durante
las últimas décadas la última y única instancia para denunciar las violaciones
a los derechos humanos
El
surgimiento de nuevas instituciones regionales, como Unasur, CELAC y Mercosur, son un paso esencial para lograr la necesaria
unidad latinoamericana soñada por Bolívar. Con independencia de EE UU, la
unidad latinoamericana crea un bloque regional de gran peso político y
económico para negociar en el nuevo mundo multipolar. Pero si esas
instituciones son influenciadas por líderes que torturan y detienen a
periodistas y dirigentes de la oposición, se convierten en un obstáculo para la
vigencia de los derechos humanos y la democracia.
La
situación en Venezuela, y el hasta ahora vergonzoso rol de Unasur, son un
ejemplo de la dificultad de crear mecanismos independientes en el seno de
instituciones que para tomar decisiones requieren del consenso de todos los
Estados, y que al momento de decidir, tienen en cuenta realidades políticas y
económicas regionales y no exclusivamente a las víctimas de violaciones. Hace
un año atrás, una manifestación contra el presidente Maduro concluyó con
decenas de muertos y torturados, y uno de los principales líderes de la
oposición, Leopoldo López, en la cárcel. La magnitud de la
violencia, movilizó a Unasur a mediar entre Maduro y la oposición. Como
resultado, se creó un Consejo de Derechos Humanos para recibir las denuncias de
violaciones y una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición. El paso del
tiempo sólo logró que las violaciones quedaran impunes y el diálogo durara lo
mínimo necesario para que Unasur se retirara discretamente sin enfrentar la
vergüenza del fracaso.
La falta
de respuesta a las violaciones es garantía de que estas se repitan. El fracaso
de Unasur, hace un año, nos traen nuevamente manifestaciones y la detención de
un nuevo preso político, Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Esperemos que en
esta oportunidad, el fracaso de Unasur se limite a la detención del alcalde y
no se sumen más violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente el
Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, mira para otro lado. Mientras
acusa al EE UU que dialoga con los Castro de estar desestabilizando a
Venezuela, Maduro aprovecha y suma más presos políticos.
A
diferencia de los líderes pasajeros, afortunadamente las víctimas de
violaciones a los derechos humanos perseveran. Nariño se aprovechó de la
torpeza de sus captores y logro escapar antes de llegar a la cárcel en África.
Trabajó por la independencia de América y Colombia. Estuvo preso 16 años. Fue
maestro e inspirador de Bolívar y nunca abandonó sus principios. 18 años
después de haber traducido la Declaración, la envió a la gobernación de Santa
Fe. En la carta de envío resume uno de los problemas que afecta a América
Latina desde su independencia y que abonan la tierra para que haya violaciones
a los derechos humanos y golpes de estado: “los tiranos aborrecen la luz y al
que tiene los ojos sanos”. Unasur debe abrir los ojos, lograr la libertad de
los presos políticos y encauzar la democracia venezolana.
Santiago
Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights y exsecretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Twitter
@SantiagoACanton
Vía El País. España
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