Un lunes
agitado se vivió en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano,
después de una semana de manifestaciones diarias en todo el país en contra de
dos proyectos legales para subir los impuestos sobre las herencias y la
plusvalía inmobiliaria. El presidente, Rafael Correa, se dirigió desde el balcón
presidencial a los centenares de simpatizantes convocados por su partido. Les
agradeció el apoyo y anunció que mantendría los proyectos: “Toda acumulación de
riqueza excesiva es injusta, es inmoral y contra eso estamos luchando. Esta
gente y sus corifeos no están defendiendo a los pobres (...) Están defendiendo
sus bolsillos”.
Pero a
las nueve de la noche, Correa habló nuevamente desde Carondelet, luciendo su
banda presidencial, una imagen poco habitual. Y sorpresivamente indicó que
retiraría “temporalmente” los proyectos de ley, y usó la visita del Papa el
próximo 8 de julio para justificar su decisión. “Para evitar que estos grupos
[la oposición] provoquen más violencia, más aún cuando se precisa un ambiente
de paz, regocijo y reflexión para la visita del papa Francisco”, dijo.
Correa
insistió en que el retiro de los proyectos se extenderá “hasta que se agote el
debate” y que “sólo será una espera” para desmontar “las mentiras” que la oposición,
según dijo, ha difundido contra las enmiendas. Sin embargo, el anuncio no ha
dejado satisfechos a sus rivales políticos, que mantienen las
convocatorias para esta semana. El expresidente de la Cámara de
Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, considera que la decisión es una
“compra de tiempo” y “un engaño”. “La convocatoria se mantiene con más fuerza
que nunca, no es solo por las dos leyes, es una manifestación de rechazo de los
últimos nueve años, por la violación a los derechos fundamentales de los
ciudadanos”, dijo.
Pese a anuncios,
los opositores mantienen las convocatorias para esta semana
También
se mantiene la marcha que organiza el sindicalismo para el jueves. “Nosotros no
estamos solo contra los impuestos a las herencias, sino en contra de las
enmiendas, las leyes laborales y el alto costo de la vida”, explicaba Mario
Morales, de la central Fetralpi.
Correa y
su maquinaria de comunicación insisten en los nuevos tributos. “Si alguien me
demuestra que alguna de las leyes afecta a los pobres o a la clase media,
archivaré definitivamente los proyectos. Si alguien demuestra que las leyes
tenían fines recaudatorios por un supuesto despilfarro de los fondos públicos,
también archivaré en forma definitiva los proyectos”, dijo en la cadena
nacional.
La Secretaría de Comunicación se
ha aplicado a fondo también para demostrar que hay una conspiración y los
medios de comunicación privados están ayudando a desestabilizar la democracia y
provocar otro intento de golpe de Estado, como ocurrió el 30 de septiembre de
2010. Los canales de televisión Teleamazonas y Ecuavisa han sido acusados por
el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, de apoyar los intentos
golpistas.
Vía
El País. EspañaQue pasa Margarita
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