EDITORIAL
EL NACIONAL
La
atmósfera de la reciente interpelación del gobierno de Venezuela en el Comité
de Derechos Humanos de la ONU, iniciada el 29 de junio, se apreció de
manera contundente en una elocuente reacción de la fiscal general, Luisa Ortega
Díaz, y en la réplica rotunda que hizo de su airado comentario el propio
presidente del comité, Fabián Salvioli.
Molesta
por las observaciones del organismo internacional sobre la insólita persecución
contra la jueza María Lourdes Afiuni, la fiscal, fuera de sí, sin control de su
temperamento, llegó al extremo de ordenar a uno de los interrogadores, el
abogado Ben Achour, en forma terminante: “¡Cierre la boca!”. De inmediato, el
mencionado presidente del comité, Fabián Salvioli, ripostó de la siguiente
manera: “Aquí nadie manda a callar a nadie. Los miembros del comité son
expertos y el diálogo debe ser respetuoso”.
La fiscal
respondió como responde en Venezuela a los constantes reclamos sobre la desidia
de su despacho, a las habituales críticas sobre su vista gorda frente a
la violación de derechos humanos que ocurre en el país. Una afirmación
apresurada que no admite averiguación, o también un grito lapidario para
después encerrarse en su fortaleza blindada.
Así hace
ante los periodistas que buscan información sobre los asuntos que discurren en
su oficina, o ante las denuncias de la oposición, sin que nadie se atreva a
llamar la atención sobre la irresponsabilidad y la falta de respeto de quien
así responde.
Pero
en la ONU las cosas son distintas. Acostumbrada a actuar a sus anchas,
no captó la funcionaria que estaba en un lugar que le obligaba a guardar las
formas y a no sacarle el cuerpo a la jeringa, es decir, a exhibir la conducta
que también debe distinguirla en su país, si en él se respetaran el Estado de
Derecho y el dolor del prójimo. Actuó en Nueva York como actúa en Caracas, pero
le salió el tiro por la culata.
Serias
denuncias le espetaron en la ONU. Por ejemplo: la protección de
grupos violentos que actúan contra las manifestaciones de la oposición; las
medidas restrictivas que se ordenan contra los jóvenes que salen de la cárcel
después de ejercer el derecho de participar en marchas y en otros actos de
protesta; la violación de las prerrogativas y el irrespeto de la dignidad
de la jueza Afiuni.
Es
evidente el aprieto en cuyo seno la pusieron unos expertos bien informados,
unos profesionales que ejercen de manera ecuánime su trabajo desde la atalaya
de un ente internacional que debe velar por la justicia a escala universal.
¿Van a
cerrar la boca, como quiere la irrespetuosa señora? ¿Quiere que guarden un
silencio que no perturbe su tranquilidad de burócrata todopoderosa e
incuestionable, según está malacostumbrada.
La soberbia de la fiscal general,
su intempestiva y desconsiderada contestación, valen tanto como las evidencias
que se manejan en las Naciones Unidas para confirmar las arbitrariedades, los
desatinos, las inequidades que distinguen a la impúdica “justicia” que el
chavismo ha establecido en Venezuela.
Vía
El Nacional
Que pasa Margarita
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