Rafael Rojas
Hace algunas semanas comentábamos en esta columna que en Venezuela se había abierto una ruta electoral para la reconstrucción democrática de ese país suramericano, tras el anuncio de las elecciones legislativas de diciembre y ciertos gestos de la autoridad judicial, interpretados como favorables a la liberación de presos políticos.
Leopoldo López y otros líderes encarcelados finalizaron su huelga de hambre, pero continúan tras las rejas.
Justo cuando arranca la campaña electoral para los comicios parlamentarios de fin de año, el gobierno de Nicolás Maduro ha formalizado la “inhabilitación” para ejercer cargos públicos entre doce meses y diez años de María Corina Machado y otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, como los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano y de Pablo Pérez, exgobernador del estado de Zulia. Todos, líderes que integran la lista de 167 candidatos de la oposición a la contienda de diciembre.
El presidente Maduro y el líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que llama a los opositores “hijos de papi y mami”, han promovido un enrevesado mecanismo legal que impide a esos políticos postularse por diversos cargos judiciales, basado en supuestas irregularidades financieras o fiscales cometidas cuando estaban en funciones. En la mayoría de los casos la justicia venezolana no abrió expedientes hasta ahora, por lo que se trata, cuando menos, de un uso del Poder Judicial y, especialmente, de la Contraloría General de la República, para impedir que la oposición gane escaños en la Asamblea Nacional.
Tan evidente es la arbitrariedad que el Secretario General de la OEA, el socialista uruguayo Luis Almagro, ha denunciado la operación del gobierno venezolano como una “proscripción política por vías administrativas”, inadmisible en una democracia y un estado de derecho. Almagro exigió al gobierno venezolano que revoque el impedimento, especialmente para la ex legisladora María Corina Machado, expulsada de la Asamblea Nacional por los chavistas, quien tiene las mayores posibilidades de regresar a su asiento en el Poder Legislativo venezolano.
“Las inhabilitaciones las hace el pueblo”, llegó a decir Almagro, insinuando que en las próximas elecciones parlamentarias podría producirse un retroceso del chavismo. El Secretario General viajará próximamente a Caracas, donde se reunirá con representantes del Tribunal Electoral, a los que trasmitirá la creciente inconformidad de la comunidad internacional con estas nuevas trabas a los derechos políticos en Venezuela.
Si las inhabilitaciones logran ser revocadas y todos los candidatos opositores se presentan a las elecciones de diciembre, la composición de la Asamblea Nacional podría cambiar. Ése es el gran temor del gobierno de Nicolás Maduro y de la capacidad de reacción que tengan la ciudadanía venezolana y la comunidad internacional a esta u otra maniobra de Caracas depende, en buena medida, la limpieza de un proceso electoral que daría un vuelco a la realidad política venezolana.
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