Asdrubal Oliveros y Jessica Grisanti
La mayor incidencia del comportamiento criminal y violento en los últimos años se ha convertido en una gran preocupación en todo el mundo. Desde Europa del Este hasta América Latina, la violencia y la delincuencia amenazan la estabilidad social y se convierten en un gran obstáculo para el desarrollo sostenible. La preocupación con respecto al crimen es más que justificada, ya que tiene efectos perniciosos en la actividad económica y, particularmente, porque repercute en la calidad de vida de los ciudadanos que pierden todo sentido de seguridad personal y de sus propiedades.
Dentro de la literatura económica del crimen destaca el paradigma de Gary Becker[1], según el cual un acto criminal resulta de una decisión racional basada en un análisis costo-beneficio, donde los beneficios esperados pasan a ser la diferencia entre el botín y el costo de oportunidad del crimen y los costos, por otro lado, son las penalidades impuestas para castigar a los criminales. Otros estudios, como el de Levitt (1996,1997), encuentran un efecto significativo de la vigilancia policial y del castigo en la reducción del crimen.
No son sólo aspectos económicos; investigaciones más recientes destacan factores demográficos y sociales. Case y Katz (1991) concluyeron que un individuo es más propenso a cometer un crimen cuando sus compañeros también están involucrados en actividades criminales. El tema educacional en la reducción del crimen es controversial. Sin embargo, muchos estudios consideran que es un área clave para el descenso del mismo.
¿Cuánto cuesta el crimen? Una breve aproximación
El fenómeno de la delincuencia genera costos importantes en términos de bienestar social, y aunque todos estos costos son medidos por su impacto negativo en la sociedad, éste puede manifestarse de diferentes maneras. En primer lugar, puede resaltarse el posible efecto de una elevada tasa de criminalidad en el crecimiento económico de un país. La delincuencia influye en la formación bruta de capital fijo y la productividad. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[2] mostró que la inversión había caído como consecuencia de la violencia, 1,3% en México, 2,0% en Colombia, 2,2% en Brasil y 2,4% en Venezuela.
También influye en la acumulación de capital humano y de capital social, ya que la criminalidad deteriora las relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad. La inversión en capital humano podría verse reducida en la medida en la cual una mayor visibilidad social de la actividad delictiva repercuta en la percepción de una menor tasa de retorno de la inversión en educación, en comparación con la tasa de retorno de la inversión en actividades criminales[3].
Para el conjunto de América Latina, algunas proyecciones apuntan a que el costo de la violencia ronda el 12,1% del Producto Interno Bruto (PIB) regional[4] . Estos cálculos incluyen diferentes tipos de costos que para el estudio del BID se agruparon en los llamados costos directos (pérdidas materiales, impacto en salud, gasto público y privado en policía, servicios judiciales y sistemas de seguridad), costos indirectos (productividad e inversión) y transferencias (valor de los bienes perdidos en robos y rescates y sobornos pagados a secuestradores). Para el caso de Venezuela el costo total de la violencia al momento del estudio era de 11,8% del PIB y, dado que la inseguridad en el país ha aumentado, nosotros consideramos que este costo en la actualidad debe ser superior al 12,5%.
Por otro lado, un estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) revela que en 2009, la región perdió 331 millones de años de vida, considerando la pérdida de expectativa de vida y la población. En donde Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela fueron los países que presentaron las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al alto número de homicidios. El PIB per cápita que dejó de percibirse por homicidios en América Latina fue de 0,5%. Sin el alto número de muertes por homicidio, los países en América Latina habrían logrado una ganancia promedio de US$51 en el PIB per cápita, mientras que en países como El Salvador, Guatemala y Venezuela, este valor habría superado los US$70 en el PIB per cápita.
Por otro lado, un estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) revela que en 2009, la región perdió 331 millones de años de vida, considerando la pérdida de expectativa de vida y la población. En donde Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela fueron los países que presentaron las mayores pérdidas en expectativa de vida atribuibles al alto número de homicidios. El PIB per cápita que dejó de percibirse por homicidios en América Latina fue de 0,5%. Sin el alto número de muertes por homicidio, los países en América Latina habrían logrado una ganancia promedio de US$51 en el PIB per cápita, mientras que en países como El Salvador, Guatemala y Venezuela, este valor habría superado los US$70 en el PIB per cápita.
¿Qué ha hecho Venezuela?
Si el crimen repercute negativamente en el bienestar social y tiene altos costos tangibles e intangibles, ¿por qué Venezuela es uno de los cinco países más violentos del mundo? Una variable importante es la impunidad; en Venezuela, son pocos los detenidos en los casos de homicidio. Según cifras del Ministerio Público, por cada 100 asesinatos hubo sólo 2 detenidos aproximadamente. Es evidente que no hay castigo creíble y con ello se fomenta el crimen y las irregularidades, lo que se aplica a muchas otras esferas de la vida diaria, como el tránsito, donde el ciudadano común comete infracciones, ya que es inexistente la multa por ello. Lo mencionado anteriormente conduce a destacar la debilidad y baja credibilidad de nuestras instituciones.
En el tema de los incentivos, vale la pena resaltar que bajo el esquema actual en términos de salarios no hay ningún tipo de estímulo para hacer cumplir la ley. Los bajos salarios de la mano con una inflación desbordada son factores que contribuyen a una perdida cada vez mayor en términos de poder adquisitivo que mantienen los venezolanos, lo cual trae como consecuencia un incremento cada vez más importante en el costo de oportunidad asociado a formar parte de los distintos cuerpos de seguridad tanto municipales como estatales e incluso nacionales.
Es entonces que casi después de 15 años, 12 ministros del interior y 24 planes de seguridad diferentes, en el año 2015, acorde a cifras oficiales, Venezuela presenta una tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes cercana a las 62 víctimas. Cifras cercanas pero inferiores a las presentadas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el cual para el 2014 estimó un número cercano a los 24.980 homicidios, a una tasa que alcanzaría los 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra notablemente superior a la de 2003, cuando la tasa fue de 11.342 homicidios; ese fue el último año para el cual se publicaron cifras oficiales sobre este indicador. Aunque se trata de simple estadísticas, dichos números tienen que trascender a un debate público y llevarse a un plano de reflexión, especialmente para los hacedores de políticas públicas. Tal como hemos mencionado sobre los múltiples desequilibrios existentes en nuestra economía, nuestros problemas no se quedan ahí. Al igual que los económicos, cada vez más crecen los problemas sociales; no es vano entonces señalar que casi siempre en las encuestas el principal problema del venezolano es la inseguridad.
Lamentablemente, lo político también influye en este aspecto, ya que siempre se pretende implementar medidas puntuales al momento del problema. La presencia militar en actividades de seguridad ciudadana es limitada y posiblemente solo tendrá un efecto de corto plazo. La reducción del crimen exige el esfuerzo y la cooperación de los gobiernos municipal y central y el diseño de nuevas políticas públicas que aumenten el costo de cometer un crimen y refuercen la credibilidad de las penalizaciones.
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NOTAS: [1] Premio Nobel de Economía 1992. // [2] Londoño y Guerrero, Violencia en América Latina: epidemiología y costos, 1999. // [3] Arraigada y Godoy, Prevention or repression? The false dilemma of citizen security, Cepal, 2000. // [4] Londoño y Guerrero, Ibid. 1999.
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