La mayoría opositora en el Parlamento venezolano destituyó este jueves al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016, aunque analistas descartan que la medida pueda ser aplicada.
El Legislativo aprobó por “unanimidad” un voto de censura contra el ministro, lo que según la Carta Magna “implica su remoción”.
La medida se tomó luego de que el pasado martes Motta se negara a ser interpelado por la cámara sobre su presunta responsabilidad en la crisis, que llevó al gobierno a aplicar un drástico racionamiento entre abril y julio del año pasado.
“No le dio la gana venir. Se creen todopoderosos y que pueden hacer lo que les da la gana” dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges.
La decisión será remitida al presidente Nicolás Maduro y a todas las embajadas y empresas relacionadas con el sector.
“Van a ir al TSJ y éste va a decir que la Asamblea no puede tomar esas decisiones porque sigue en desacato”, al no haber desvinculado a tres diputados opositores acusados de fraude electoral, comentó Raffalli, e indicó que probablemente Motta recibirá un amparo judicial para seguir en el cargo.
En medio de la crisis, que el gobierno atribuyó a una prolongada sequía por el fenómeno climático El Niño, Maduro llegó a reducir a dos días semanales la jornada laboral en entidades públicas.
Motta es el segundo ministro de Maduro que destituye la oposición legislativa. El 28 de abril de 2016, el Parlamento aprobó una moción de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien permaneció en el cargo aduciendo que la medida era ilegal.
“El que firme acuerdos con este señor estará incurso en responsabilidades legales. Los compromisos que haga no son válidos para la República”, advirtió por su parte el diputado Jorge Millán, quien impulsó el debate.
Millán acusó al ministro de ser el “soporte” de un entramado de corrupción que ha causado pérdidas por 25.000 millones de dólares.
Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Raffalli previó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- declarará írrita la sanción.
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