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Fernando Ochoa Antich
El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional se agravó esta semana al aprobar la mayoría de los diputados un acuerdo para respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El trascendente acuerdo resumió en sus doce considerandos las razones que inspiraron a los 34 Estados miembros de la OEA, entre ellos Venezuela, a establecer la Carta Democrática Interamericana para garantizar la democracia representativa en el continente americano y aceptar como principio fundamental: ”Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”...; así como la grave situación de Venezuela, que se manifiesta de manera particular por “la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente la democracia, lo cual se pone de manifiesto, entre otras circunstancias, en la ausencia de separación de poderes…; en la existencia de un Presidente que gobierna por decreto, al margen de la Constitución, sirviéndose de un estado de excepción perpetuo…; en la corrupción convertida en política oficial; en la criminalización de la disidencia y la discriminación política en todos los órdenes; en la violación generalizada de los derechos humanos y en la negación del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio y la celebración de elecciones en la oportunidad constitucionalmente exigida”.
En absoluta armonía con los considerandos, la Asamblea Nacional acordó, en siete artículos, expresar su apoyo a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana “como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela”. Entre esos puntos resaltan, por su importancia, los siguientes: “Expresar que la evolución de la situación del país desde mayo de 2016, cuando esta Asamblea Nacional envió el informe, antes mencionado, al Secretario General de la OEA, revela una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución política, aunada a la creciente crisis humanitaria, y hace aún más grave y palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela; apoyar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de modo que se realice una apreciación colectiva de la situación del país y en especial de la alteración del orden constitucional y democrático, requerir que esos mecanismos aseguren también: la liberación inmediata de todos los presos políticos; el establecimiento de un canal humanitario…, el respeto de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, la separación de poderes y, en particular, la autonomía e independencia en la composición y funcionamiento del TSJ y del CNE…”
Estoy seguro de que cualquier venezolano que lea ese acuerdo tiene que reconocer la verdad y objetividad de lo que allí se dice. Eso también ocurre al leer el informe que Luis Almagro, secretario general, presentó al Consejo Permanente en el mes de mayo y su aún más detallada actualización. Es verdad, que la Organización de Estados Americanos se encuentra constituida por Estados, los cuales defienden sus intereses nacionales y que el Secretario General no debe manifestar opiniones ni emitir decisiones que no haya consultado con los gobiernos. Justamente, esas limitaciones a la libre actuación del Secretario General y el juego de intereses entre los Estados es lo que ha conducido al fracaso y desprestigio de la OEA. Esa es la razón por la cual yo siento particular admiración por Luis Almagro. Su recia personalidad y amplia trayectoria en la política latinoamericana le ha permitido actuar con una libertad de acción a favor de la justicia y la democracia, que lo ha transformado, de un simple funcionario al servicio de los Estados, en una figura con peso propio en la política latinoamericana. Esta realidad es lo que molesta a Nicolás Maduro y a la canciller Rodríguez. Su posición, en defensa de los valores y principios democráticos, le ha permitido actuar con mayor libertad que la gran mayoría de los anteriores secretarios generales. En el tiempo, su actuación en la Secretaría General será recordada como lo es actualmente la gestión de Alberto Lleras Camargo.
Un aspecto a resaltar fue la prudente actuación que tuvo la Asamblea Nacional al sólo respaldar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, excluyendo la aplicación del artículo 21. En el artículo 20 se establece que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias para promover la normalización de la institucionalidad democrática…Durante ese proceso se realizarán distintas acciones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. El artículo 21 establece que se puede aplicar como sanción la suspensión temporal del Estado Miembro si las gestiones diplomáticas no logran el restablecimiento del orden constitucional. Justamente, la Asamblea Nacional no respaldó su aplicación por considerar que no era conveniente suspender a Venezuela de la OEA, ya que al hacerlo se debilitaría la capacidad del Consejo Permanente para continuar presionando el restablecimiento del orden constitucional en nuestro país.
Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro pidiendo actuar con “severidad vertical y dureza justa” contra la mayoría opositora que respaldó el informe de Luis Almagro me parecieron no sólo desacertadas sino inmensamente injustas e intimidatorias. Atreverse a decir que “hay que pedir la copia certificada de los diputados que se decidieron a aprobar el documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de las fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA” es definitivamente una inaceptable amenaza y un verdadero despropósito. Para colmo se atreve a afirmar que apoyar el documento de Luis Almagro constituye un delito de traición a la Patria. Escuchar tanta ligereza y manipulación de parte del jefe del Estado produce un gran rechazo. Creo necesario cuestionar la forma alegre e irresponsable de cómo se está utilizando la acusación de traición a la Patria en contra de todo el que disienta de los abusos del gobierno. Los diputados de la Asamblea Nacional sólo actuaron en consonancia con un acuerdo internacional firmado y reconocido por el propio Hugo Chávez y cuya aplicación ha sido propuesta por Venezuela en diversas oportunidades, cuando ha considerado que gobiernos de otros países han violado la democracia.
Si en verdad Nicolás Maduro desea que se le señalen acciones de los gobiernos chavistas que sí pueden considerarse como traición a la Patria voy a recordarle, entre otras, el profundo daño que le hicieron las repetitivas e imprudentes declaraciones entreguistas de Hugo Chávez y de usted mismo, siendo canciller, sobre los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo; lo que ha significado para nuestra Patria, la destrucción sistemática de Petróleos de Venezuela; la injerencia cubana, con su anuencia, en materia de seguridad de Estado en Venezuela; lo que significa, como grave violación de nuestra soberanía, la permanente presencia en el territorio nacional de un número muy elevado de efectivos de la FARC y del ELN, y pare usted de contar. Reflexione, señor Maduro. Los venezolanos tenemos memoria y no somos manipulables en asuntos que comprometen la libertad, la soberanía y la democracia.
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