“Utilizar el cliché de traidor a la patria por invocar un mecanismo colectivo de defensa a la democracia, como la Carta Democrática Interamericana, es artificioso y antidemocrático, es la viva expresión de la utilización del derecho penal del enemigo”, aseguró Jesús Ollarves, abogado especialista en derechos humanos, para quien no se puede satanizar el reclamo de un orden social orientado a la justicia, que garantice a la gente común el acceso a los derechos fundamentales.
De esta forma responde a las acciones del chavismo, que radicalizó su retórica a raíz de la presentación del informe de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el que señala que en Venezuela se rompió elorden constitucional. En la última semana fueron acusados de traición a la patria diputados y miembros de ONG de derechos humanos, unos por aprobar en la Asamblea Nacional la aplicación de la carta democrática, otros por acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciar las violaciones del gobierno. Incluso solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que anule la sesión del Parlamento donde se tomó la resolución.
“Ninguno de los supuestos previstos en el Código Penal contempla el hecho de que un diputado, un ciudadano o un defensor de derechos humanos sea acusado de traición a la patria por solicitar la invocación de la carta democrática”, recordó Ollarves.
Añadió que la acusación está definida en los artículos 128, 129, 132, 133 y 144 del Código Penal vigente y es aplicable a la persona o grupo que atente contra la independencia de la República o confabule para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación mediante: la solicitud expresa de la intervención de algún país extranjero en los asuntos de la política interior de Venezuela; la revelación de los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, y la entrega de recursos a un país extranjero para que sean empleados en perjuicio de Venezuela, de sus instituciones republicanas, de sus ciudadanos o sirvan para desestabilizar el orden social.
Quien sea acusado de traición a la patria enfrenta penas de cárcel de entre 15 y 25 años.
Basamento legal
“Es un señalamiento que no se sustenta en ningún basamento legal ni constitucional. No hay comprobación de ninguno de los elementos que establece el Código Penal para configurar el delito de traición a la patria”, explicó Williams Dávila, uno de los tres parlamentarios a los que el gobierno les anuló el pasaporte sin razón aparente. Los otros dos son Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y Eudoro González, miembro del Parlasur.
Dávila subrayó que en la Asamblea Nacional no se conspira con ninguna potencia enemiga. “Todo lo hacemos de manera pública, de acuerdo con la Constitución. La carta democrática forma para del derecho interno, como parte esencial del derecho internacional americano”.
Informó que desde el año pasado tiene abierto un expediente militar, en el que también están señalados Luis Florido, Ángel Medina y Timoteo Zambrano. “En enero de 2016 nos reunimos con parlamentarios y cancilleres de varios países. En Brasil denunciamos la violación de los derechos humanos y tuvimos ofertas de cooperación para la investigación de las empresas Hypermarcas (medicamentos), JBS (carne) y Odebrecht, lo que hizo que en Venezuela se activara un tribunal militar”.
Advirtió que no se puede acusar de traición a la patria a quien defienda los derechos humanos y la democracia. Precisó que en el pasado el gobierno pavimentó el camino para que hoy se le aplique la carta democrática cuando se retiró de la CIDH en 2012. “Allí hubo una violación flagrante del artículo 23 de la Constitución. Ya en ese entonces se asomaba su estrategia: crear una autarquía político-jurídica en Venezuela para que no se apliquen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”.
Florido aclaró que no se le puede abrir ninguna investigación porque tiene inmunidad parlamentaria. “Sabemos que el gobierno va a intentar detener nuestro accionar pero no pueden iniciar un juicio contra nosotros. Nuestra acción se realiza en el marco de lo que contemplan los acuerdos internacionales suscritos por la República. Apelamos al sistema interamericano para proteger la democracia. Cualquier intento de agredir a un diputado tendrá, tarde o temprano, responderle a la justicia internacional”.
Es importante que la población entienda lo que conlleva la aplicación de la CDI, dijo el parlamentario. Este fin de semana visitó Carora, Duaca, Siquisique y Aguada Grande, pueblos de Lara, en esa cruzada. “Es un mecanismo que se da el sistema interamericano, que es ley de la República y prevalece sobre el ordenamiento interno. La gente entiende que es una salida viable de la crisis y que puede llevarnos a unas elecciones, que es lo que quieren porque la demanda de cambio está allí”.
Eudoro González recalcó que las acusaciones sin sustento forman parte de un guión para intimidar. “Nosotros no hemos ido a ningún lugar a hablar de sanciones ni a pedirlas, lo que pasa es que ellos ven fantasmas en todas partes. Le hemos solicitado cuatro cosas a la comunidad internacional: desmontar la perversidad que significa que haya presos políticos, que haya elecciones, que se respete el Poder Legislativo y que se atienda urgentemente la crisis humanitaria”.
Persecución
El miércoles pasado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, solicitó a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos que le exija al Estado que garantice la seguridad, integridad física y la protección de los representantes de organizaciones de derechos humanos presentes en la OEA en las audiencias del 161° período de sesiones. “Quiero decirles que antes de salir para acá en un programa del canal del Estado –que usan normalmente para intimidar, agredir y amenazar, para atacar a activistas de derechos humanos– se refirieron a la presencia nuestra en Washington”. Dijo que el mismo presidente Nicolás Maduro tergiversó las razones de la visita por lo que temían agresiones o persecución.
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