La Asamblea Nacional acaba de decidir lo siguiente:
PRIMERO:
Desconocer a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, a su Vicepresidente Tarek El Aissami, y a
todos los actuales ministros integrantes del Poder Ejecutivo Nacional,
por violar de manera generalizada y sistemática los Derechos Humanos de
los venezolanos y por contrariar los valores, principios y garantías
democráticas;
SEGUNDO: Desconocer a la Presidenta y demás Rectoras del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;
TERCERO: Desconocer a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, electos además de manera ilegítima, así como desacatar todas las sentencias que han dictado, violando la Constitución y las leyes vigentes, buscando legitimar la usurpación de la soberanía popular propuesta por Nicolás Maduro y avalada por sus cómplices en el Poder Ejecutivo, en el Poder Electoral, y en el Poder Moral;
CUARTO: Desconocer a cualquier otra autoridad que promueva, defienda o avale la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;
QUINTO: Exhortar al pueblo venezolano a, de conformidad con lo pautado en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconocer a las antes citadas autoridades por pretender suprimir su soberanía intransferible, su derecho al sufragio y su derecho de acceso a la justicia, por violar de manera generalizada y sistemática los Derechos Humanos de todos los venezolanos y por contrariar los valores, principios y garantías democráticas;
SEXTO: Desconocer y rechazar la supuesta y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y a todos sus actos, sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y sin contar con las bases comiciales correspondientes, ya que la misma representa una usurpación del poder constituyente del pueblo y una vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución;
SÉPTIMO: Hacer un llamado claro y contundente a las Fuerzas Armadas Nacionales a cumplir con lo pautado en el artículo 328 de la Constitución, a evitar que se cometa el crimen de cambiar, de espaldas al pueblo y violentando su poder constituyente originario, la forma republicana de nuestra nación; a cesar de inmediato todo acto de represión contra la ciudadanía que se expresa pacíficamente contra el gobierno, a impedir la acción ilegal e inconstitucional de los grupos militares, policiales o paramilitares que estén cometiendo crímenes contra el pueblo; a ponerse al servicio de la Nación, no de parcialidad política alguna y a defender y proteger los Derechos Humanos, los valores y garantías democráticos y la voluntad soberana del pueblo venezolano;
OCTAVO: Recordarles a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales y a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado que de conformidad con lo pautado en los artículos 25 y 29 de la Constitución, la responsabilidad por tolerar o por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y por violaciones graves a los derechos humanos es personal y directa, que la acción para perseguir tales crímenes y violaciones es imprescriptible y universal, y que no sirven como excusa ni como justificación las órdenes superiores;
NOVENO: Ratificar su compromiso con la protesta y resistencia ciudadana basadas en los artículos 68, 330 y 350 de la Constitución, que se intensificarán y no cesarán hasta la recuperación de la Democracia.
DÉCIMO: Remitir este Acuerdo al Poder Ejecutivo, al Consejo Nacional Electoral, al Poder Moral, a Poder Judicial, al Alto Mando Militar y al Ministerio Público.
DÉCIMO PRIMERO Publicar el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los veintiún días del mes de junio del dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación
SEGUNDO: Desconocer a la Presidenta y demás Rectoras del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;
TERCERO: Desconocer a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, electos además de manera ilegítima, así como desacatar todas las sentencias que han dictado, violando la Constitución y las leyes vigentes, buscando legitimar la usurpación de la soberanía popular propuesta por Nicolás Maduro y avalada por sus cómplices en el Poder Ejecutivo, en el Poder Electoral, y en el Poder Moral;
CUARTO: Desconocer a cualquier otra autoridad que promueva, defienda o avale la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;
QUINTO: Exhortar al pueblo venezolano a, de conformidad con lo pautado en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconocer a las antes citadas autoridades por pretender suprimir su soberanía intransferible, su derecho al sufragio y su derecho de acceso a la justicia, por violar de manera generalizada y sistemática los Derechos Humanos de todos los venezolanos y por contrariar los valores, principios y garantías democráticas;
SEXTO: Desconocer y rechazar la supuesta y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y a todos sus actos, sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y sin contar con las bases comiciales correspondientes, ya que la misma representa una usurpación del poder constituyente del pueblo y una vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución;
SÉPTIMO: Hacer un llamado claro y contundente a las Fuerzas Armadas Nacionales a cumplir con lo pautado en el artículo 328 de la Constitución, a evitar que se cometa el crimen de cambiar, de espaldas al pueblo y violentando su poder constituyente originario, la forma republicana de nuestra nación; a cesar de inmediato todo acto de represión contra la ciudadanía que se expresa pacíficamente contra el gobierno, a impedir la acción ilegal e inconstitucional de los grupos militares, policiales o paramilitares que estén cometiendo crímenes contra el pueblo; a ponerse al servicio de la Nación, no de parcialidad política alguna y a defender y proteger los Derechos Humanos, los valores y garantías democráticos y la voluntad soberana del pueblo venezolano;
OCTAVO: Recordarles a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales y a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado que de conformidad con lo pautado en los artículos 25 y 29 de la Constitución, la responsabilidad por tolerar o por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y por violaciones graves a los derechos humanos es personal y directa, que la acción para perseguir tales crímenes y violaciones es imprescriptible y universal, y que no sirven como excusa ni como justificación las órdenes superiores;
NOVENO: Ratificar su compromiso con la protesta y resistencia ciudadana basadas en los artículos 68, 330 y 350 de la Constitución, que se intensificarán y no cesarán hasta la recuperación de la Democracia.
DÉCIMO: Remitir este Acuerdo al Poder Ejecutivo, al Consejo Nacional Electoral, al Poder Moral, a Poder Judicial, al Alto Mando Militar y al Ministerio Público.
DÉCIMO PRIMERO Publicar el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los veintiún días del mes de junio del dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación
Concuerdo
con, y respaldo 100% lo contenido en esta declaración de la Asamblea
Nacional de Venezuela. De ahora en adelante me referiré a
Maduro y su pandilla como los ilegítimos. Me negaré a acatar cualquiera
disposición del ilegítimo régimen, los rechazaré públicamente en cada
ocasión. Para los venezolanos que aman la democracia y la libertad esta
decisión de la Asamblea Nacional tiene un
significado dramático. Entre otras actitudes, nos lleva a desconocer el
pago de impuestos, a desconocer los organismos del régimen, a
desconocer llamado alguno a votar por la prostituyente, a permitir que
se instale ese mamotreto, a resistir con todas las
armas cívicas disponibles al régimen opresor.
Para
los gobiernos de la región esta decisión de la Asamblea Nacional
representa una oportunidad de manifestarse con vigor por la causa de
la democracia. Los gobiernos democráticos de la región, esos 20 países
que acordaron una resolución sobre Venezuela en la OEA, deben actuar
desconociendo las representaciones diplomáticas del régimen de Maduro,
cortando sus relaciones con el régimen, aislándolo
totalmente, en línea con lo que fuera la doctrina Betancourt, la
implantación de “un cordón sanitario alrededor del narco-régimen”.
El
próximo lunes tendré la oportunidad de plantear este asunto frente al
senador Marco Rubio y pedirle, en nombre de todos los venezolanos
de bien, que haga sus mejores esfuerzos por convencer al poder
ejecutivo estadounidense a tomar medidas drásticas en contra del
narco-régimen de Nicolás Maduro y de su gobierno tutor cubano.
Toda
Venezuela en la calle. Hacia la Huelga General indefinida. Llamamos a
los militares honestos a rebelarse contra el narco-régimen.
Por la aplicación de la Justicia a los criminales y genocidas. Nada de
negociaciones palaciegas con la pandilla chavista. Por sanciones
significativas de tipo diplomático, personal y económico en contra del
régimen venezolano por parte de los países democráticos
de América. Fuera del poder el narco-régimen. Hacia la reconstrucción
de Venezuela.
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