(1) Ha de tener lugar, con carácter urgente, la reconfiguración de la lucha opositora en Venezuela. Su eficacia, como poder real oponible, dependerá de la representatividad que sus pretendidos conductores les den a las piezas disueltas de la realidad social venezolana. Pero solo podrán moverlas en una misma dirección o sobre un mismo tablero a través de acciones de resistencia, mensajes coherentes e interpretativos de la esa realidad invertebrada y sus urgencias actuales, con fuerza simbólica suficiente; es decir, mensajes que han de ser despersonalizados [ajenos al autismo digital en boga], congruentes con las expectativas mínimas comunes de esos ex ciudadanos desarraigados, víctimas del hambre y anhelantes de libertad, como de los distintos nichos sociales que componen el mapa disuelto de la nación; y sobre todo, como mensajes, ser racionales, veraces y confiables, en cuanto a la probabilidad de los logros que se planteen alcanzar, negándose toda tentación populista.
(2) En lo internacional, ha de hacerse comprender a la comunidad de los Estados y a las empresas trasnacionales que tienen interés en Venezuela, la verdadera naturaleza del narco-gobierno colegiado imperante y los altos riesgos que significa –para la seguridad global y regional– su permanencia en el poder o la de quienes mantienen una colusión interesada con este, incluida la política. De donde, cualquier fórmula de negociación o diálogo al respecto mal puede apuntar hacia la cohabitación entre la oposición partidaria y el narco-Estado que dirige Maduro, como lo pretenden hoy, desde República Dominicana, su presidente, Danilo Medina, y los ex presidentes amigos del narco-régimen venezolano: Rodríguez Zapatero y Fernández. Toda negociación, como lo ha sostenido con coraje digno de admiración Luis Almagro, secretario general de la OEA, autor de los informes más completos sobre el problema de Venezuela, debe tener como único propósito facilitar el desalojo del poder por parte del grupo narco-criminal que lo detenta en Venezuela, el desalojo del territorio nacional de los “cooperadores” cubanos y sus dirigentes, y la formulación de un mecanismo de justicia transicional que obligue a los responsables de esta tragedia –que ya configura crímenes de lesa humanidad– a asumir sus responsabilidades, haciendo privar los derechos de las víctimas a la memoria, a la verdad y la justicia...."
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