Más de una semana después de haberse anunciado un nuevo proceso de “validación” de los partidos políticos, circuló la Gaceta Oficial Nro. 41.038, en la cual se publicó el “Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales”.
Ya sabemos que la ANC, como órgano fraudulento e ilegítimo, no puede dictar Leyes, ni mucho menos regular procesos electorales (una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional), con lo cual este nuevo decreto, como todas las decisiones anteriores de la ANC, es jurídicamente inexistente.
Pero también es cierto que, como órgano de facto, la ANC ha dictado medidas que de hecho se han venido aplicando. Por ello es importante explicar cuáles son las implicaciones jurídicas prácticas de esta reciente medida de la ANC, de cara a la elección presidencial que según la Constitución de 1999 debería realizarse en 2018.
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