Las medidas recientes de la Unión Europea, que velan por el respeto de los derechos humanos en Venezuela y procuran la persecución de delitos de corrupción que traspasan las barreras nacionales, han sido consideradas por los voceros de la dictadura como un ataque contra nuestra sociedad en su conjunto.
Dada la insistencia de las afirmaciones que pretenden convertir unas decisiones dirigidas contra un grupo de funcionarios en una afrenta contra la patria, conviene llamar la atención sobre el propósito de la decisión tomada por los gobiernos democráticos que fijan sus ojos en las calamidades del país.
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