Las últimas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al círculo cercano de Nicolás Maduro, que incluyen al ministro de la Defensa, reducen la salida negociada –como la ha venido haciendo el régimen bolivariano– a la crisis de gobernabilidad y humanitaria en Venezuela.
En este sentido, hoy, los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay envían una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
La solicitud para la investigación en La Haya está acompañada de dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. Y el otro es un informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que concluyó que existe un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.....
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