RICARDO COMBELLAS| EL UNIVERSAL
martes 17 de septiembre de 2013 12:00 AM
Desde todo punto de vista lamentable la decisión del régimen imperante para desventura de los venezolanos, de abandonar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Se trata de un verdadero retroceso, una dolorosa regresión, a contracorriente del espíritu avanzado de la Constitución vigente, aprobada por el pueblo en referendo popular el 15 de diciembre del año 1999. Venezuela fue desde los comienzos del Sistema Internacional de Derechos Humanos un Estado solícito, tanto en su participación como apoyo a todas las iniciativas que lo impulsaran, andadura que tuvo un hito fundamental precisamente en la envidiablemente progresista carta de derechos recogida en la carta magna. Como representante electo ante la Asamblea Nacional Constituyente puedo dar fe de la unanimidad de criterio de los constituyentes en fortalecer el sistema al consagrar formalmente en su articulado la naturaleza supraconstitucional de los derechos humanos y sus correspondientes garantías.
Duele constatar la realidad de un régimen que se inauguró bajo los augurios de hacer avanzar la democracia hacia derroteros humanitarios y participativos, derivar hacia un despotismo incalificable, que tiene desde ahora su símbolo y su mácula en decisión tan desgraciada. A pesar de todo, el pueblo, es decir el conjunto de los ciudadanos de esta patria mancillada, debe entender que se perdió una batalla, una victoria pírrica de los transitorios detentadores del poder, pero no más que eso en el lento pero grandioso andar por construir en Venezuela, de acuerdo al ideario constitucional, un auténtico Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos pertenece a los seres humanos, poseedores de una dignidad eminente y superior a cualquier constelación de poder, sea condensada en el aparato del Estado, sea condensada en formas organizaciones para o supraestatales. Ese es el valor, la dignidad humana, que por sobre todo debemos preservar, un valor superior al Estado, pues su fuente de legitimidad lo supera, está inscrita en la naturaleza humana y se impregna del valor justicia, muy por encima del decisionismo "normativo" de una concepción profundamente injusta del derecho (un ius injustum), impregnada de un positivismo ramplón, como es el que se revela en la firma ejecutivista y antijurídica de los amos del poder.
La infeliz decisión del régimen se inscribe en la "doctrina de la razón de Estado", una doctrina absolutista, totalmente superada por el moderno Estado de Derecho, y por ende una doctrina retrógrada y reaccionaria, de raíz antimoderna, antediluviana, a contracorriente de la Ilustración, a toda luz irracional y por añadidura antibolivariana. En suma, un grave error dentro de tantos errores del régimen, que asombrará por su despropósito a los historiadores que en su momento escriban sin pasión sobre esta época negra y llena de tinieblas que nos ha tocado vivir. Más temprano que tarde, no abrigo ninguna duda, se revertirá la infeliz decisión, y Venezuela, orgullosa de sus hijos, retomará el duro pero venturoso camino por construir un efectivo Estado de Derecho, bajo el reino de la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz.
Duele constatar la realidad de un régimen que se inauguró bajo los augurios de hacer avanzar la democracia hacia derroteros humanitarios y participativos, derivar hacia un despotismo incalificable, que tiene desde ahora su símbolo y su mácula en decisión tan desgraciada. A pesar de todo, el pueblo, es decir el conjunto de los ciudadanos de esta patria mancillada, debe entender que se perdió una batalla, una victoria pírrica de los transitorios detentadores del poder, pero no más que eso en el lento pero grandioso andar por construir en Venezuela, de acuerdo al ideario constitucional, un auténtico Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos pertenece a los seres humanos, poseedores de una dignidad eminente y superior a cualquier constelación de poder, sea condensada en el aparato del Estado, sea condensada en formas organizaciones para o supraestatales. Ese es el valor, la dignidad humana, que por sobre todo debemos preservar, un valor superior al Estado, pues su fuente de legitimidad lo supera, está inscrita en la naturaleza humana y se impregna del valor justicia, muy por encima del decisionismo "normativo" de una concepción profundamente injusta del derecho (un ius injustum), impregnada de un positivismo ramplón, como es el que se revela en la firma ejecutivista y antijurídica de los amos del poder.
La infeliz decisión del régimen se inscribe en la "doctrina de la razón de Estado", una doctrina absolutista, totalmente superada por el moderno Estado de Derecho, y por ende una doctrina retrógrada y reaccionaria, de raíz antimoderna, antediluviana, a contracorriente de la Ilustración, a toda luz irracional y por añadidura antibolivariana. En suma, un grave error dentro de tantos errores del régimen, que asombrará por su despropósito a los historiadores que en su momento escriban sin pasión sobre esta época negra y llena de tinieblas que nos ha tocado vivir. Más temprano que tarde, no abrigo ninguna duda, se revertirá la infeliz decisión, y Venezuela, orgullosa de sus hijos, retomará el duro pero venturoso camino por construir un efectivo Estado de Derecho, bajo el reino de la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la paz.
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