ROBERTO DENIZ| EL UNIVERSAL
martes 17 de septiembre de 2013 12:00 AM
Hace casi cuatro meses el Ejecutivo nacional se reunió con empresarios de casi todos los sectores económicos. Los encuentros entre autoridades y empresarios se extendieron durante una semana. Parecían el inicio de un acercamiento para solucionar las trabas y mejorar la producción.
Hoy, lejos de anunciar las soluciones a problemas como la falta de divisas, la insuficiencia de materia prima o la conflictividad laboral, las autoridades denuncian un sabotaje económico y recurren a la compra de alimentos a Colombia por el orden de 600 millones de dólares.
Se trata de soluciones efectistas y de corto plazo que el Gobierno ha repetido en los últimos años. En el pasado Hugo Chávez acusó a los empresarios de ser los responsables de la escasez de productos de consumo masivo y usó las importaciones como una amenaza.
"Ya empezaron los planes. Ya dijo por ahí Cavidea, que ya, listo, ellos hicieron los planes y aquí los alimentos van a subir 60%. ¿Vamos a ver si es verdad que lo van a lograr? No vamos a permitirlo", dijo Chávez en enero de 2011.
En esa oportunidad destacó que tanto la presidenta de Argentina como la de Brasil ofrecieron su cooperación para abastecer el mercado nacional. "En fin, la burguesía venezolana se va a quedar con los crespos hechos, si es que ellos creen que nos van a hacer como en el sabotaje alimentario aquel".
Hoy el mensaje se repite. Félix Osorio, ministro de Alimentación, aseguró que el recién creado Órgano Superior de la Economía, garantizará el abastecimiento "con el apoyo de los pueblos de América Latina".
El propio Osorio fue el responsable de negociar en mayo pasado con los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) la compra de 700 mil toneladas de alimentos destinados a fortalecer las reservas alimentarias del país. En ese momento la compra también se justificó por el tema del sabotaje.
"Hemos sido víctimas, hace unos seis o siete meses atrás, de un ataque económico de la derecha, que nos golpeó duro en las reservas internacionales y eso tuvo un impacto en las reservas alimentarias", declaró en ese momento Osorio.
Esta política condena al país a destinar parte de sus divisas por el ingreso petrolero a los productores de alimentos de otras naciones cada vez que la escasez aumenta como consecuencia de las trabas que enfrentan los productores locales.
Precisamente, ayer Fedeagro recordó en un comunicado de prensa que los problemas planteados en mayo pasado al Ejecutivo nacional siguen presentes. "En las reuniones efectuadas acordaron promover acciones tienen que ver con 3 aspectos fundamentales: la regularización de la entrega de divisas, el reconocimiento de las variaciones de costos en virtud de los cambios habidos en la política cambiara, salarial y laboral y la activación de políticas para evitar el ausentismo laboral injustificado que impacta negativamente en la productividad de las empresas. Sin embargo, estas acciones no se han ejecutado".
Se repite la historia
Además de las acusaciones a los empresarios y las importaciones masivas, el Gobierno también repite la historia cuando anuncia una especie de inspección generalizada sobre el sector privado.
"Vamos a activar las inspecciones y dar apoyo a las empresas de transporte. Vamos a inspeccionar una por una y vamos a censarlas", dijo Maduro la semana pasada. Agregó que los militares, la milicia, las comunas y las juventudes del Psuv participarán en la fiscalización de empresas, funciones que en el pasado las autoridades también delegaron en los Consejos de Trabajadores o en los Consejos Comunales.
Esta vez el plan contra el supuesto sabotaje también dispone de una cuenta de Twitter @NoAlSabotaje y la línea telefónica 0800 Sabotaje. En octubre del año pasado Chávez también creó un ministerio de Seguimiento a cargo de Carmen Meléndez, actual ministra de la Defensa. El objetivo de ese organismo era verificar el cumplimiento de los planes del Gobierno y la inspección de las empresas estatales. Esa institución tuvo la cuenta de Twitter @gestionperfecta a la cual escribían los ciudadanos para reportar distintos tipos de irregularidades.
Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), manifestó ayer su disposición a colaborar con el Órgano Superior y recordó que las empresas están sujetas a una vigilancia permanente. "Cualquier empresa podría recibir 50 ó 100 inspecciones al mes, no es algo raro. Nos interesa demostrar que producimos el 100%".
Hoy, lejos de anunciar las soluciones a problemas como la falta de divisas, la insuficiencia de materia prima o la conflictividad laboral, las autoridades denuncian un sabotaje económico y recurren a la compra de alimentos a Colombia por el orden de 600 millones de dólares.
Se trata de soluciones efectistas y de corto plazo que el Gobierno ha repetido en los últimos años. En el pasado Hugo Chávez acusó a los empresarios de ser los responsables de la escasez de productos de consumo masivo y usó las importaciones como una amenaza.
"Ya empezaron los planes. Ya dijo por ahí Cavidea, que ya, listo, ellos hicieron los planes y aquí los alimentos van a subir 60%. ¿Vamos a ver si es verdad que lo van a lograr? No vamos a permitirlo", dijo Chávez en enero de 2011.
En esa oportunidad destacó que tanto la presidenta de Argentina como la de Brasil ofrecieron su cooperación para abastecer el mercado nacional. "En fin, la burguesía venezolana se va a quedar con los crespos hechos, si es que ellos creen que nos van a hacer como en el sabotaje alimentario aquel".
Hoy el mensaje se repite. Félix Osorio, ministro de Alimentación, aseguró que el recién creado Órgano Superior de la Economía, garantizará el abastecimiento "con el apoyo de los pueblos de América Latina".
El propio Osorio fue el responsable de negociar en mayo pasado con los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) la compra de 700 mil toneladas de alimentos destinados a fortalecer las reservas alimentarias del país. En ese momento la compra también se justificó por el tema del sabotaje.
"Hemos sido víctimas, hace unos seis o siete meses atrás, de un ataque económico de la derecha, que nos golpeó duro en las reservas internacionales y eso tuvo un impacto en las reservas alimentarias", declaró en ese momento Osorio.
Esta política condena al país a destinar parte de sus divisas por el ingreso petrolero a los productores de alimentos de otras naciones cada vez que la escasez aumenta como consecuencia de las trabas que enfrentan los productores locales.
Precisamente, ayer Fedeagro recordó en un comunicado de prensa que los problemas planteados en mayo pasado al Ejecutivo nacional siguen presentes. "En las reuniones efectuadas acordaron promover acciones tienen que ver con 3 aspectos fundamentales: la regularización de la entrega de divisas, el reconocimiento de las variaciones de costos en virtud de los cambios habidos en la política cambiara, salarial y laboral y la activación de políticas para evitar el ausentismo laboral injustificado que impacta negativamente en la productividad de las empresas. Sin embargo, estas acciones no se han ejecutado".
Se repite la historia
Además de las acusaciones a los empresarios y las importaciones masivas, el Gobierno también repite la historia cuando anuncia una especie de inspección generalizada sobre el sector privado.
"Vamos a activar las inspecciones y dar apoyo a las empresas de transporte. Vamos a inspeccionar una por una y vamos a censarlas", dijo Maduro la semana pasada. Agregó que los militares, la milicia, las comunas y las juventudes del Psuv participarán en la fiscalización de empresas, funciones que en el pasado las autoridades también delegaron en los Consejos de Trabajadores o en los Consejos Comunales.
Esta vez el plan contra el supuesto sabotaje también dispone de una cuenta de Twitter @NoAlSabotaje y la línea telefónica 0800 Sabotaje. En octubre del año pasado Chávez también creó un ministerio de Seguimiento a cargo de Carmen Meléndez, actual ministra de la Defensa. El objetivo de ese organismo era verificar el cumplimiento de los planes del Gobierno y la inspección de las empresas estatales. Esa institución tuvo la cuenta de Twitter @gestionperfecta a la cual escribían los ciudadanos para reportar distintos tipos de irregularidades.
Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), manifestó ayer su disposición a colaborar con el Órgano Superior y recordó que las empresas están sujetas a una vigilancia permanente. "Cualquier empresa podría recibir 50 ó 100 inspecciones al mes, no es algo raro. Nos interesa demostrar que producimos el 100%".
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