ANGEL OROPEZA| EL UNIVERSAL
miércoles 9 de julio de 2014 12:00 AM
Una mirada detenida y cercana a la coyuntura política, evoca inevitablemente la sensación que el país no solo pareciera avanzar aceleradamente hacia estados de mayor deterioro, sino que lo hace sin que haya nadie que pudiera evitarlo, o al menos enlentecer la marcha.
La crisis económica no da señales de alterar su rumbo. Mientras la cesta petrolera cae por debajo de los 99 dólares, las exportaciones no petroleras del 1er trimestre ascienden a $769 millones, cifra que solo alcanzaría para cubrir 4 subastas del Sicad. El desabastecimiento no muestra ningún signo de mejoría. La escasez de medicinas sobrepasa el 50% y la de leche líquida está en un 70%. El PIB apunta a una caída de casi 3% este año. La inflación anualizada ya supera el 60%, porcentaje que suma la inflación total de 13 países de América Latina, y muy por encima de naciones como Argentina (28%), Uruguay (8,5%) o Bolivia (6,4%). Mientras, la corrupción alcanza niveles nunca vistos en el país, convirtiéndose en actor principalísimo de la escena económica nacional.
Pero si en lo económico la situación es grave, no lo es menos en el campo social. La cifra de muertes violentas en los primeros 6 meses del año, solo en Caracas, asciende a 2.464. La conflictividad social y laboral no solo no amaina (como era el cálculo esperado del Gobierno a propósito del Mundial de Fútbol), sino que se ha agudizado. Los trabajadores de Corpoelec, de la Cancillería, Pdvsa, abastos Bicentenario, de la industria automotriz y de las empresas básicas de Guayana han salido a las calles protestando por sus derechos violentados. Además, se han registrado disturbios populares en zonas como Guarenas, La Candelaria o San Cristóbal.
Pero en lo político –un área de la vida nacional que a veces no es tan evidente en su dinámica y efectos como la económica y la social- el cuadro arroja signos preocupantes de anarquía, desorden y ausencia de liderazgo. El Gobierno está entrampado en sus contradicciones y tendencias internas, las cuales cada día afloran sin mayor disimulo. Este enfrentamiento entre "trasnochados" y "reformistas" a lo interno del PSUV está provocando incluso parálisis en algunas instituciones del Estado, como es el caso de la Asamblea Nacional, la cual -luego de la famosa carta del exministro Giordani, y las subsiguientes declaraciones de connotados "chavistas antimadurocabellistas" como Navarro, Osorio y Bernal- lleva ya varias semanas sin convocar a sesiones, como una forma de evitar el enfrentamiento entre sectores oficialistas. Igual se observa en la gerencia de la macroeconomía y de sectores claves como seguridad, salud e infraestructura, donde el choque entre facciones ha sumido estas áreas en casi un total colapso. Estamos en presencia de un gobierno multicéfalo, con varios centros paralelos de poder, donde nadie sabe quién realmente gobierna y cuáles sus alcances de influencia, que está llevando al país a una situación de caos y preanarquía.
Lo cierto es que el nivel de entropía, desorden y crisis de liderazgo en el Gobierno es tan evidente y preocupante, que ya han comenzado las alertas sobre la posibilidad que el país avance hacia lo que la ONU denomina "Estados fallidos", aquellos que no pueden cumplir con sus responsabilidades elementales, como lo describe acertadamente Carlos Raúl Hernández en su excelente artículo de El Universal del 29 de junio pasado.
Esta situación de fragmentación y caos suele ser típica de regímenes que, como el nuestro, heredan los restos de proyectos políticos esencialmente personalistas, amarrados al tobillo de caudillos providenciales. Cada vez más gente en Venezuela ha caído en cuenta que del modelo chavista lo único que funcionaba era el liderazgo carismático de un gobernante populista e irresponsable, que no solo desperdició durante 3 lustros recursos que a cualquier país le hubieran bastado para solventar sus principales problemas, sino que además se dedicó solo a correr la arruga y a sembrar odio y división entre los venezolanos como medio para aferrarse al poder.
En evidente reconocimiento al estado calamitoso del país, Maduro ha anunciado un plan urgente de revisión total de la estructura del gobierno "para cambiarlo todo". Se habla con insistencia de movimientos en el equipo gubernamental. Sin embargo, lo interesante de estos rumores es que están más asociados con la necesidad de controlar el poder de las tendencias internas del poschavismo, que necesariamente con la búsqueda de mayor eficiencia y rentabilidad de la administración.
Es necesario que dentro del Gobierno la racionalidad pueda más que el fanatismo trasnochado y la ceguera propia de quienes se dejan llevar solo por la emocionalidad y las rémoras del pasado. O al menos, que su interés por conservar el poder sea más fuerte que sus atavismos ideológicos, y entiendan que el primer requisito para dirigir el país es que siga habiendo país, y esto no se desmorone hasta el punto de convertirse en irreversiblemente ingobernable.
La crisis económica no da señales de alterar su rumbo. Mientras la cesta petrolera cae por debajo de los 99 dólares, las exportaciones no petroleras del 1er trimestre ascienden a $769 millones, cifra que solo alcanzaría para cubrir 4 subastas del Sicad. El desabastecimiento no muestra ningún signo de mejoría. La escasez de medicinas sobrepasa el 50% y la de leche líquida está en un 70%. El PIB apunta a una caída de casi 3% este año. La inflación anualizada ya supera el 60%, porcentaje que suma la inflación total de 13 países de América Latina, y muy por encima de naciones como Argentina (28%), Uruguay (8,5%) o Bolivia (6,4%). Mientras, la corrupción alcanza niveles nunca vistos en el país, convirtiéndose en actor principalísimo de la escena económica nacional.
Pero si en lo económico la situación es grave, no lo es menos en el campo social. La cifra de muertes violentas en los primeros 6 meses del año, solo en Caracas, asciende a 2.464. La conflictividad social y laboral no solo no amaina (como era el cálculo esperado del Gobierno a propósito del Mundial de Fútbol), sino que se ha agudizado. Los trabajadores de Corpoelec, de la Cancillería, Pdvsa, abastos Bicentenario, de la industria automotriz y de las empresas básicas de Guayana han salido a las calles protestando por sus derechos violentados. Además, se han registrado disturbios populares en zonas como Guarenas, La Candelaria o San Cristóbal.
Pero en lo político –un área de la vida nacional que a veces no es tan evidente en su dinámica y efectos como la económica y la social- el cuadro arroja signos preocupantes de anarquía, desorden y ausencia de liderazgo. El Gobierno está entrampado en sus contradicciones y tendencias internas, las cuales cada día afloran sin mayor disimulo. Este enfrentamiento entre "trasnochados" y "reformistas" a lo interno del PSUV está provocando incluso parálisis en algunas instituciones del Estado, como es el caso de la Asamblea Nacional, la cual -luego de la famosa carta del exministro Giordani, y las subsiguientes declaraciones de connotados "chavistas antimadurocabellistas" como Navarro, Osorio y Bernal- lleva ya varias semanas sin convocar a sesiones, como una forma de evitar el enfrentamiento entre sectores oficialistas. Igual se observa en la gerencia de la macroeconomía y de sectores claves como seguridad, salud e infraestructura, donde el choque entre facciones ha sumido estas áreas en casi un total colapso. Estamos en presencia de un gobierno multicéfalo, con varios centros paralelos de poder, donde nadie sabe quién realmente gobierna y cuáles sus alcances de influencia, que está llevando al país a una situación de caos y preanarquía.
Lo cierto es que el nivel de entropía, desorden y crisis de liderazgo en el Gobierno es tan evidente y preocupante, que ya han comenzado las alertas sobre la posibilidad que el país avance hacia lo que la ONU denomina "Estados fallidos", aquellos que no pueden cumplir con sus responsabilidades elementales, como lo describe acertadamente Carlos Raúl Hernández en su excelente artículo de El Universal del 29 de junio pasado.
Esta situación de fragmentación y caos suele ser típica de regímenes que, como el nuestro, heredan los restos de proyectos políticos esencialmente personalistas, amarrados al tobillo de caudillos providenciales. Cada vez más gente en Venezuela ha caído en cuenta que del modelo chavista lo único que funcionaba era el liderazgo carismático de un gobernante populista e irresponsable, que no solo desperdició durante 3 lustros recursos que a cualquier país le hubieran bastado para solventar sus principales problemas, sino que además se dedicó solo a correr la arruga y a sembrar odio y división entre los venezolanos como medio para aferrarse al poder.
En evidente reconocimiento al estado calamitoso del país, Maduro ha anunciado un plan urgente de revisión total de la estructura del gobierno "para cambiarlo todo". Se habla con insistencia de movimientos en el equipo gubernamental. Sin embargo, lo interesante de estos rumores es que están más asociados con la necesidad de controlar el poder de las tendencias internas del poschavismo, que necesariamente con la búsqueda de mayor eficiencia y rentabilidad de la administración.
Es necesario que dentro del Gobierno la racionalidad pueda más que el fanatismo trasnochado y la ceguera propia de quienes se dejan llevar solo por la emocionalidad y las rémoras del pasado. O al menos, que su interés por conservar el poder sea más fuerte que sus atavismos ideológicos, y entiendan que el primer requisito para dirigir el país es que siga habiendo país, y esto no se desmorone hasta el punto de convertirse en irreversiblemente ingobernable.
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