Silvia Ayuso, Washington
Estados
Unidos y Venezuela no van a acabar el año en buenos términos. Frustrado por lo
que considera una “falta de cambios” necesarios en el frente económico, pero
sobre todo en el político, por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, Washington
parece renunciar a cualquier intento de acercamiento y el presidente, Barack
Obama, ya no se opondrá a imponer sanciones más duras a altos funcionarios
venezolanos.
El camino
para ello acaba de ser allanado: la Cámara de Representantes ratificó la noche
del miércoles la propuesta de ley al respecto ya sancionada
por el Senado el lunes. De este modo, el texto está listo para que Obama
lo convierta en legislación del país con su firma, un gesto que tras meses de
reticencias ya no eludirá.
“No nos
oponemos a medidas adicionales propuestas por el Congreso”, señalan fuentes
oficiales bajo condición de anonimato. “Si la Cámara de Representantes y el
Senado aprueban nuevas sanciones (tal como ha sucedido ahora), nos
coordinaremos con miembros relevantes de este proceso de implementación y
seguimiento”, aseguran.
El proyecto de
ley aprobado permite congelar los activos y bienes en
territorio estadounidense de alrededor de medio centenar de altos cargos
venezolanos señalados como responsables de la represión de las protestas
antigubernamentales que comenzaron en febrero o con el arresto o enjuiciamiento
de los manifestantes. Además, impide su entrada a EE UU.
“El
pueblo de Venezuela ha pedido a EE UU y a todas las naciones responsables ayuda
para protegerle de la brutalidad del régimen de Maduro, la marioneta de Cuba”,
dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora del proyecto
legislativo. “EE UU no puede ignorar sus responsabilidades, debemos ser la voz
de los silenciados por los regímenes opresores”, subrayó la legisladora al
pedir la ratificación de su iniciativa, con la que, aseguró, Washington envía
una “fuerte señal” a Caracas.
EE
UU no puede ignorar sus responsabilidades"
Congresista Ros-Lehtinen
Maduro,
por su parte, ha advertido a Washington de que, de aprobar las sanciones, los
responsables estadounidenses “van a salir muy mal parados”.
"Quieren
retar a Venezuela con sanciones y amenazas. Creo que si se impone la locura de
la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados, porque quien toca la
tecla de la moral del amor patrio a los venezolanos está jugando con la historia",
dijo esta semana el presidente venezolano. "No aceptamos sanciones
imponentes imperialistas, es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a
respetar”, agregó.
Pero a
Washington se le ha acabado la paciencia. Durante meses,
la Administración de Obama, que tras la muerte de Hugo Chávez creyó
avistar una posibilidad de diálogo con Caracas, resistió las fuertes presiones
de influyentes legisladores republicanos, pero también de demócratas como el
senador Bob Menéndez, que exigían sanciones ejemplarizantes contra el Gobierno
de Maduro. Incluso cuando arreciaron las protestas sociales en Venezuela, que
dejaron al menos 43 muertos y muchos más detenidos, entre ellos altos
dirigentes de la oposición como Leopoldo López, el Gobierno de Obama se
resistió a endurecer su política.
El
argumento oficial norteamericano era que cualquier sanción corría el riesgo de
ser “contraproducente”. Su razonamiento: complicar más aún las relaciones
bilaterales con este tipo de medida punitiva podía constituir una “distracción”
del verdadero problema, que es interno de Venezuela y debe ser resuelto por los
propios venezolanos. Además, Washington temía que pudiera poner en peligro los
esfuerzos regionales para buscar una solución negociada a ese conflicto
doméstico venezolano, especialmente el intento de
mediación de Unasur entre Gobierno y oposición.
Todavía a
comienzos de julio, los dos países hacían un tímido intento por “elevar”, si no
recomponer, sus maltrechas relaciones, con el envío de
nuevos encargados de negocios a Caracas -Lee McClenny- y Washington, Maximilien
Sánchez Arveláiz.
Con todo,
el Gobierno de Obama nunca cerró del todo la puerta a las sanciones. De hecho,
a finales de ese mismo mes de julio, anunciaba la
revocación o denegación de visados a “un grupo” de altos funcionarios
venezolanos considerados “responsables o cómplices” de
las violaciones de derechos humanos en las protestas de comienzos de año en el
país sudamericano.
La medida
se quedaba por detrás de las sanciones que se exigían desde el Capitolio y que
ahora han sido aprobadas, pero era ya un claro síntoma de la creciente
impaciencia del Gobierno de Obama con la falta de los avances democráticos
esperados por parte de Venezuela.
Una
impaciencia que ya no se esconde
Una
preocupación compartida
“El
Gobierno comparte la preocupación del Congreso, y de otros actores regionales e
internacionales, sobre la situación en Venezuela”, señaló a EL PAÍS un portavoz
del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
“No hemos
guardado silencio, ni lo vamos a hacer, frente a las acciones del Gobierno
venezolano que violen derechos humanos, libertades fundamentales y normas
democráticas”, agregó en declaraciones por correo electrónico.
El
Gobierno estadounidense subraya que esta “frustración” creciente no es
exclusiva de Washington.
“Nadie
comprende por qué no está cambiando la política en Venezuela”, aseguraba
recientemente una alta funcionaria del Departamento de Estado en conversación
con periodistas bajo condición de anonimato.
“Nadie
cree que no debería cambiar, todos los países con los que hemos hablado,
independientemente de su lineamiento político, creen que debe cambiar. Pero
nada cambia, y eso es muy, muy preocupante”, insistió.
Sanciones, un
“irritante” entre EE UU y América Latina
Estados Unidos afirma que no es el único país de la región “preocupado”
por la falta de avances en el diálogo entre oposición y Gobierno en Venezuela y
por la situación económica del país sudamericano. Pero para Michael Shifter,
presidente del Diálogo Interamericano, entre esa preocupación a respaldar las
sanciones a funcionarios venezolanos hay una brecha demasiado grande como para
superarla.
“Es difícil imaginar que el gesto de Washington vaya a recibir apoyo de
algún Gobierno latinoamericano”, asegura el experto del influyente laboratorio
de ideas de Washington.
Aunque en la región hay una “preocupación extendida” por lo que está
pasando en Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, “estas sanciones serán
consideradas contraproducentes de cara a encontrar una salida a la profunda
crisis”, sostiene Shifter.
Para el experto, este gesto podría tener consecuencias añadidas para
Washington: las sanciones, afirma, podrían ser un elemento “irritante” ante la
Cumbre de las Américas en Panamá en abril y también en cualquier eventual
intento de acercamiento hacia Cuba antes de esa cita, si es que hay intención
de hacerlo.
Las sanciones “van a dificultar la creación de un ambiente armonioso de
cara a la Cumbre de las Américas porque es un tema que divide, en vez de unir,
a EE UU y América Latina”, advierte.
Además Cuba, que tiene en Caracas
a su principal aliado, “será muy crítico y se preguntará cómo su relación con
EE UU puede mejorar si Washington aplica sanciones más duras a Venezuela”.
Washington dispuesto a firmar
nuevas medidas
Barack
Obama estaría listo para aprobar otras sanciones contra funcionarios
venezolanos en caso de que la Cámara Baja acepte el proyecto de ley emitido por
el Senado
PATRIZIA AYMERICH
La Casa
Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está
dispuesto a firmar otra tanda de sanciones contra funcionarios venezolanos del
gobierno de Nicolás Maduro, una vez que la Cámara Baja acepte el proyecto de
ley aprobado por el Senado el lunes, indicó Efe.
El
representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Patrick
Ventrell, dijo que Obama está preocupado por la situación venezolana.
El
proyecto denominado Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil
de Venezuela de 2014, impulsada por el senador demócrata Robert Menéndez y el
republicano Marco Rubio, ayer estaba por ser votado en la Cámara de
Representantes, a la espera de una respuesta para conocer si llegará a manos de
Obama, que tendría la última palabra para convertirlo en ley.
Además de
suspender las visas a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos
humanos en Venezuela, el documento contempla expropiar sus bienes muebles e
inmuebles en Estados Unidos, señaló el internacionalista Carlos Romero. “Las
sanciones que se expresan a título personal afectarían a su vez a las familias
de estas personas, pero no al país entero”, dijo el analista.
La
aprobación de la ley permitiría también sancionar a quienes proporcionan apoyo
financiero, material o tecnológico significativo a la violación de los derechos
en Venezuela. El Senado y la Cámara de Representantes aún deben ponerse de
acuerdo en las provisiones finales que se aprobarían como ley.
El secretario
de Estado, John Kerry, que iniciará una gira por América Latina para
incrementar la participación de Estados Unidos en la región, no hizo una
acusación particular, pero dijo que hay líderes regionales que manipulan la
Constitución para provecho del poder. Agregó que su país impulsará una agenda
de derechos humanos en la Cumbre de las Américas.
Reacciones
airadas
El canciller Rafael Ramírez rechazó las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro se reservará la decisión de emprender acciones para impedir que la soberanía de Venezuela sea vulnerada por Estados Unidos.
El canciller Rafael Ramírez rechazó las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro se reservará la decisión de emprender acciones para impedir que la soberanía de Venezuela sea vulnerada por Estados Unidos.
La fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseveró que las sanciones atentan
contra la soberanía venezolana, y acusó a Estados Unidos de ser el principal
violador de los derechos humanos.
Ramírez también anunció que
pedirá una reunión de emergencia a la OPEP, de acuerdo con el comportamiento
del precio del petróleo en el primer trimestre de 2015.
Vía El País. España/ El Nacional
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