EDGAR
LÓPEZ.
No hay despacho, no hay
justicia
Mantener un tribunal cerrado
durante tres meses para no tomar una decisión es un exceso sin precedentes en
la historia judicial del país. Así ocurrió en el juzgado 15 de Juicio, a cargo
de Yhosmar González, quien no dio despacho desde el 14 de octubre hasta el 12
de enero, cuando finalmente negó la liberación del alcalde destituido de San
Cristóbal, Daniel Ceballos, como lo había solicitado el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
El abogado defensor Juan Carlos
Gutiérrez destaca que la denegación de justicia no solo perjudicó a Ceballos,
sino a todos los presos a la orden del Tribunal 15 de Juicio, cuyas causas
también se paralizaron. “Si la jueza no tuviera el aval de sus superiores
jerárquicos habría sido destituida por incumplimiento de sus funciones. No hay
duda de que hubo una orden superior”.
Gutiérrez presume que también
corresponde a órdenes superiores que evidencian interferencias indebidas en la
administración de justicia la decisión de acelerar los juicios de Leopoldo
López y Ceballos. Se ha planteado la posibilidad de que sean postulados a
diputados en las próximas elecciones parlamentarias y, en el caso muy probable
de resultar electos, podrían salir de la cárcel de Ramo Verde. En el caso de
López, la demora en la tramitación de las apelaciones fundamenta su decisión de
no cohonestar con su presencia las violaciones al debido proceso.
Para forzar la verdad
oficial
El estudiante y activista de los
derechos LGBTI Rosmit Mantilla está preso en el Helicoide desde el 2 de mayo,
cuando agentes del Sebin allanaron su residencia en Caricuao. En diez
oportunidades (nueve de ellas imputables a la jueza Octavo de Control, Lucía
Suárez) se ha diferido la audiencia preliminar para evaluar la acusación fiscal
en su contra por los delitos de instigación pública, obstaculización de la vía,
incendio a la propiedad pública, daños graves y asociación para delinquir.
La abogada Theresly Malavé señala
que la causa contra Mantilla ha sido deliberadamente enredada con el propósito
de forzar la verdad oficial: “Se viene armando un expediente paralelo, a partir
de la declaración de uno de los detenidos que avala la tesis de la conspiración
y el golpe continuado expuesta por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres. Ese
muchacho –cuya identificación la abogada prefiere preservar– fue sometido a
torturas en las llamadas tumbas del Sebin, los calabozos del sótano 5 de la
sede de Plaza Venezuela”.
Una situación similar de
indefensión afronta el abogado Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril cuando
intervino en un allanamiento para defender a un grupo de personas señaladas
como conspiradores. Su audiencia preliminar ha sido diferida siete veces. Por
orden de la jueza Noveno de Control, Denisse Bocanegra, Crovato está preso en
la cárcel Yare III, donde el 22 de diciembre intentó suicidarse.
Pena anticipada y
mecanismo de impunidad
El directivo del Foro Penal
Venezolano Gonzalo Himiob está convencido de que en los casos de los presos
políticos al Estado no le interesa la búsqueda de la verdad, sino convertir el
proceso en sí mismo en un castigo.
“Hay muchas personas que
permanecen detenidas por delitos que no merecen una pena en su totalidad mayor
de seis años de reclusión; es decir, no deberían estar presos, pues en caso de
una eventual condena podrían cumplirla en libertad”, agrega Alfredo Romero,
director ejecutivo de la referida organización no gubernamental.
Con la reciente detención de
Jericó Baute, suman 63 las personas que están detenidas por protestar. Romero
piensa que se mantienen presos a los que el gobierno considera más peligrosos:
los dirigentes de oposición que más han promovido el derecho de manifestar,
como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano; así como los dirigentes
estudiantiles que lideraron los llamados campamentos, entre ellos Gerardo
Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Ángel Contreras y Carlos Pérez,
recluidos en los calabozos del Sebin. “El retardo procesal deliberado es un
denominador común”, asegura.
Las demoras supuestamente
intencionales pudieran tener un propósito inverso: encubrir a los autores de
los delitos cometidos durante la represión de las protestas que comenzaron en
febrero de 2014.
El Foro Penal Venezolano afirma
que 16 de los 43 decesos son atribuibles a militares y policías o a civiles
armados pro gobierno. Sin embargo, solo 4 están detenidos: el comisario del
Sebin José Perdomo, por el asesinato de Bassil Da Costa; y los sargentos
segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Albin Bonilla y Francisco Caridad,
por el homicidio de Geraldine Moreno. El comisario del Sebin Melvin Collazo, a
quien se le atribuyó la muerte de Da Costa y de Juan Montoya, fue exonerado de
homicidio y está detenido solo por uso indebido de arma de fuego.
Este abono a la impunidad, señala
Himiob, es evidente en el caso de Marvinia Jiménez: “La sargento segundo que la
agredió, Josneidy Castillo, tiene orden de captura y sin explicación razonable
no se ejecuta”.
¿Cuántos militares
y policías están detenidos?
El defensor del Pueblo, Tareck
William Saab, aseguró que hay 14 funcionarios policiales detenidos por la
presunta comisión de excesos en la represión de las protestas.
En el informe del Foro Penal
Venezolano titulado “Relación de los casos de asesinatos y estatus de las
causas reportadas al Foro Penal Venezolano”, publicado en diciembre de 2014, se
señala: “La fiscal general Luisa Ortega Díaz mencionó recientemente ante los
medios que solo dos funcionarios están detenidos por asesinatos en el contexto
de las protestas. En realidad, de acuerdo a esta aproximación preliminar,
serían tres: José Perdomo Camacho (Sebin, caso Bassil Da Costa, Caracas) y
Albin Bonilla y Francisco Caridad (GNB, caso Geraldine Moreno, Carabobo). De
resto, por asesinatos estaría además detenido un menor de edad (caso Danny Melgarejo,
Táchira) y un sujeto, cuyos datos estamos corroborando, por el caso de Arturo
Martínez (dirigente del Psuv), en Lara”.
“Según nuestros registros
–prosigue el documento, sometidos a medidas cautelares sustitutivas de la
privación de libertad (presentación periódica) y a la espera de juicio por su
participación en estos asesinatos estarían, hasta esta fecha, nueve
funcionarios: del Sebin, Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez,
Jimmy Sáez y Josner Márquez; de la PNB, Andry Jaspe; y del Ejército, Jonathan
Rodríguez (caso Bassil Da Costa y Juan Montoya). Y en Carabobo, Franklin
Martínez y Paola Barroso (GNB) por el caso de Geraldine Moreno”.
“El comisario del Sebin, Melvin
Collazo, a quien originalmente se le atribuyó el asesinato de Bassil da Costa y
de Juan Montoya, quedó exonerado de los cargos por asesinato y quedó detenido
solo por el uso indebido de arma de fuego. Su sitio de reclusión sería la
Dirección de Contrainteligencia Militar”, finaliza el informe.
La Cifra
17 de los 63 presos por
protestar están recluidos en cárceles, según los registros del Foro Penal
Venezolano. En Ramo Verde: Leopoldo López, Daniel Ceballos, Salvatore Lucchese
y Jimmy Torres. En Rodeo III: Ramsés Rodríguez, Jesús Pérez, Ignacio Porras,
Jordyn Ruiz y Marcos Guillén. En Yare III: Marcelo Crovato, José Aguilera y
Jeremías Silva. En Tocuyito: Raúl Baduel y Alexander Tirado. En el INOF:
Mailing Márquez y Balvina Muñoz. En La Pica: José Gutiérrez
Vía El Nacional
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