Rafael Rojas
A pocos días del anunciado viaje del secretario John Kerry a La Habana, con el propósito de la reapertura de embajadas entre Washington y Cuba, el Departamento de Estado ha emitido su informe global sobre Derechos Humanos. Como era de esperar, Cuba es uno de los países más cuestionados en el texto. Y no se trata de una percepción exclusiva de Estados Unidos: todos los organismos internacionales reconocen y critican los atropellos a las libertades en Cuba.
Cada fin de semana la prensa internacional refleja noticias sobre arrestos temporales, golpizas, turbas o “actos de repudio” contra opositores cubanos en diversas ciudades de la isla. El pasado domingo las Damas de Blanco fueron hostigadas y golpeadas cuando intentaban desfilar pacíficamente por las calles de La Habana. Se trata de un grupo de mujeres, vestidas de blanco y con ramos de flores en las manos, que se proponen recordar que sigue habiendo presos políticos en Cuba y que muchos opositores fuera de las cárceles todavía están pendientes de cargos contra la seguridad del Estado.
Es cierto que la oposición cubana es minoritaria, está dividida y que algunos de sus líderes dependen financiera y políticamente de organizaciones del exilio, opuestas al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. También es cierto que esos líderes entienden su activismo, en buena medida, como un mecanismo de boicot u obstrucción de la normalización diplomática en curso, siguiendo la línea política de los congresistas cubano-americanos y de una parte de la derecha republicana.
Nada de esto, sin embargo, justifica la represión y el acoso contra los opositores en Cuba. Una represión que, como puede documentarse, está asegurada por leyes constitucionales y penales precisas, que criminalizan el ejercicio de derechos civiles y políticos al margen de las organizaciones del Estado. En Cuba la represión está avalada por la ley, lo que permite al gobierno cubano apelar a los principios de “no intervención en asuntos internos” y “autodeterminación” para justificarla y, de paso, protegerse del escrutinio internacional.
No sólo eso. Así como la oposición subordina su activismo al boicot de la normalización diplomática, el gobierno cubano reprime para afirmar su soberanía en medio de las negociaciones con su enemigo histórico. La represión no es sólo una rama de la política doméstica cubana, amparada por la ley, sino un instrumento de política exterior, que permite al régimen poner frenos al acercamiento a Estados Unidos y a la exposición de la isla a los organismos internacionales de derechos humanos.
Aún así, John Kerry, un secretario de Estado que ha sido especialmente crítico del sistema de financiamiento de la oposición cubana desde Washington, deberá viajar a la isla en unos días. La reapertura de embajadas en medio de este cruce de posicionamientos públicos sobre la democracia y los derechos humanos es un buen indicio de los dilemas que la normalidad diplomática planteará al gobierno cubano en los próximos años.
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