Los analistas Luis Salamanca,
Carmen Beatriz Fernández y Gonzalo Himiob coinciden en que el gobierno intenta
suavizar su imagen autoritaria
EDGAR
LÓPEZ
Desde los calabozos donde
permanecieron hasta esta semana, Raúl Baduel, Daniel Ceballos y Deivis Oliveros
no desperdiciaron oportunidades para persistir en su oposición al gobierno:
varias cartas, manifiestos y hasta videos pudieron hacer llegar a la opinión
pública. Ahora, cuando las elecciones parlamentarias plantean la posibilidad de
un cambio político, los tres no podrían catalizar el descontento con el
régimen, pues los jueces les prohibieron tajantemente comunicarse con la prensa
o intervenir directamente en la diatriba política.
“Todo apunta a que se trata de
una estrategia de pacificación de grandes movilizadores del voto: un político
con gran popularidad como Ceballos, un general en jefe trisoleado que alguna
influencia debe mantener en los cuarteles como Baduel y un estudiante del ala
radical, JAVU, como Oliveros. La condición que les han impuesto a los tres
pudiera resumirse en aquello de ‘calladito y quietico te ves más bonito’,
porque está claro que el incumplimiento de alguna de las restricciones les
puede acarrear su regreso a la cárcel”, advierte el politólogo Luis Salamanca.
La experta en mercadeo electoral
Carmen Beatriz Fernández agrega que las limitaciones que ahora tienen Ceballos,
Baduel y Oliveros son similares a las aplicadas a otros presos políticos y
emergen como una nueva forma de reprimir al adversario, aunque sea menos dura que
tenerlo en una celda: “Con el auxilio de jueces que están prestos a acomodar
las normas a los intereses gubernamentales, a los opositores que logran salir
de las prisiones les coartan las posibilidades de accionar políticamente”.
Salamanca y Fernández no
tienen duda de que la “aparente benevolencia del gobierno” está determinada por
la coyuntura electoral, lo cual confirma que las razones para la detención de
estas personas no son jurídicas, sino políticas.
El directivo del Foro Penal
Venezolano Gonzalo Himiob ofrece evidencias concretas del uso de la justicia
penal a favor de los intereses electorales del oficialismo: “El jueves 13 de
agosto se llevó a cabo otra sesión del juicio que se le sigue a los estudiantes
que instalaron un campamento antigubernamental frente a la sede del PNUD.
Una vez más pedí la liberación de los que permanecen presos (Gerardo Carrero,
Nixon Leal, Carlos Pérez y Ángel Contreras) y una vez más la negaron. Es
inexplicable, por ejemplo, que mantengan encarcelado a Contreras, pues a él le
fueron imputados menos delitos y menos graves que a otros estudiantes acusados
en la misma causa y a los que les concedieron libertad condicional. El único
patrón claro es que a todos los estudiantes les imponen la prohibición de
volver a participar en manifestaciones públicas”.
Himiob agrega que las recientes
decisiones en los casos Ceballos, Baduel y Oliveros se debieron tomar desde
hace mucho tiempo, porque procedían en buen Derecho: “Ello confirma que sí se
trata de presos políticos y que los procesos penales en su contra no los
dirigen los jueces, sino el gobierno”.
Tratamiento cosmético. Los tres analistas insisten en
que, ante la pérdida de popularidad que amenaza la permanencia del chavismo en
el gobierno, todos los órganos del Poder Público han participado en el manejo
de los presos políticos de manera orquestada.
Salamanca afirma que existe un
plan deliberado que se va ejecutando por sectores y por etapas: “Recordemos las
inhabilitaciones de fuertes candidatos de la oposición por la Contraloría
General de la República, la incorporación de la paridad de género impuesta por
el Consejo Nacional Electoral, las migraciones de electores fraudulentas
avaladas por las autoridades del CNE y el desmebramiento que causó el
Tribunal Supremo de Justicia en las directivas de partidos políticos como
Bandera Roja y Copei, por el lado de la oposición, y Joven, IPCN, ORA,
Vanguardia Republicana y MEP, por el lado del oficialismo”.
Los analistas también coinciden
en que los casos de Ceballos, Baduel y Oliveros corresponden a una especie de
limpieza de cutis para suavizar la imagen del gobierno. “Los presos políticos
constituyen una mancha muy fea que da cuenta del talante autoritario del
gobierno. Eso ha sido advertido por los gobiernos democráticos y los organismos
internacionales que han puesto la lupa sobre Venezuela, pero también por
sectores moderados del chavismo que dudan de seguir apoyando al régimen”,
señala Fernández.
Himiob considera factible que
haya más libertades condicionales o casas por cárcel antes del 6 de diciembre.
Salamanca califica de “dakasos electorales” esas posibilidades, pero advierte:
“Aquí no hay nada definitivo en cuanto a las estrategias, incluso las más inescrupulosas
que pudiera usar el chavismo para conservar el poder”.
Los 10 de la Defensoría
Aunque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, prefirió no hacer comentarios al respecto, fuentes oficiales aseguraron que el organismo intercedió para que les fueran concedidas medidas de arresto domiciliario o libertad condicional a 10 presos políticos: Marcelo Crovato, Miguel Ángel Nieto, Christian Holdack, Pablo Estrada, Magali Contreras, Andrés León, Antonio Ledezma, Gerardo Resplandor, Jeremías Silva y Raúl Baduel.
Aunque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, prefirió no hacer comentarios al respecto, fuentes oficiales aseguraron que el organismo intercedió para que les fueran concedidas medidas de arresto domiciliario o libertad condicional a 10 presos políticos: Marcelo Crovato, Miguel Ángel Nieto, Christian Holdack, Pablo Estrada, Magali Contreras, Andrés León, Antonio Ledezma, Gerardo Resplandor, Jeremías Silva y Raúl Baduel.
Cifra
73 presos políticos cuenta el Foro Penal Venezolano hasta el 13 de agosto de 2015: 27 están recluidos en sedes del Sebin, 17 en cárceles militares, 15 en penales comunes, 5 en comandancias de policía y 9 en arresto domiciliario.
73 presos políticos cuenta el Foro Penal Venezolano hasta el 13 de agosto de 2015: 27 están recluidos en sedes del Sebin, 17 en cárceles militares, 15 en penales comunes, 5 en comandancias de policía y 9 en arresto domiciliario.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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