El presidente editor consideró
que la medida, dictada por el tribunal, es una amenaza más para cerrar El
Nacional
El
presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció
un nuevo atropello contra el diario luego del mandato de conducción emitido por
el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de
Caracas al Cicpc para que lo traslade ante el juzgado que lleva la demanda
interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por
reproducir información publicada en el ABC de España.
Consideró
peligroso el alcance de la medida. “Es una orden al Cicpc para que me lleve al
tribunal a la fuerza y en las condiciones en que estamos, no se sabe a dónde me
llevarán. Se sabe dónde empieza pero no dónde termina. En la práctica se convierte
en una orden de aprehensión”, indicó Otero.
El
presidente editor, que está fuera del país, señaló que se trata de una nueva
medida para cercar a un periódico con una trayectoria de 72 años. “El objetivo
es que El Nacional desaparezca, todos los días hay una amenaza
adicional. En una sociedad democrática este tipo de persecuciones busca el
cierre del periodismo independiente. Así ya ha ocurrido con el cerco a la
prensa regional que ha ido desapareciendo”, indicó.
Otero
denunció el domingo ante la 71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana
de Prensa lo absurdo de la demanda interpuesta en su contra y destacó que el
periódico no se autocensurará.
Juan
Garantón, abogado de Miguel Henrique Otero, explicó que en los delitos de
acción privada, como la demanda contra El Nacional, Tal
Cual y La Patilla, “cuando se da la incomparecencia de los acusados,
el tribunal dicta un mandato de conducción, para el traslado al juzgado por la
fuerza pública”. Sin embargo, consideró desproporcionada la medida dictada por
el tribunal contra Otero y otros directivos de los medios de comunicación
demandados que no están en Venezuela.
“El problema con esta orden es
que en el país se cometen muchas arbitrariedades y los procesados pueden quedar
detenidos sin mayores fórmulas, hay muchas violaciones a las leyes. No tenemos
seguridad jurídica”, afirmó.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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