21 DE DICIEMBRE 2015 - 12:00 AM
Mientras el país (y esta columna) entramos en receso navideño hasta la semana del 4 de enero, en las entrañas del país político, conmovido de pies a cabeza por los resultados de la jornada electoral del 6 de diciembre, se gesta la historia por vivir en Venezuela durante los primeros y muy difíciles meses del año 2016.
Tal como se ha visto, el dúo Nicolás Maduro-Diosdado Cabello, víctimas de un ataque de delirio absoluto, ha decidido pasar por alto el significado exacto de esta derrota y se niegan de plano a aceptar sus irremediables consecuencias. Ominoso rechazo al hecho de que nada más y nada menos 68% de los electores, un nivel de respaldo popular que no alcanzó Hugo Chávez en ninguna de sus múltiples victorias electorales, le dijo ese día a sus gobernantes que ya basta de socialismo del siglo que sea y de revolución bolivariana.
El primer paso en esta ciega consumación de lo que bien puede calificarse de autogolpe a la Constitución, los antidemocráticos obstáculos sembrados por los perdedores del 6 de diciembre en el camino del cambio a fondo del actual sistema político y económico, deseo expresado de manera categórica por los electores hace dos semanas, es despejar una incógnita crucial: ¿hasta qué extremo de irresponsabilidad política está dispuesto a llegar Miraflores para entorpecer el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional a partir del mismo 5 de enero?
Dos hechos puntuales nos indican la naturaleza inadmisible de los planes rojos rojitos para arrebatarle sus legítimos poderes a la AN. En primer lugar, la juramentación la semana pasada del llamado Parlamento Comunal, uno de los pilares sobre los cuales aspiraba Chávez a construir su sueño de Venezuela como Estado Comunal, opción rechazada por los venezolanos en el referéndum de diciembre de 2007. Aquella derrota chavista fue descartada en la práctica con la promulgación de un grupo de decretos-leyes “comunales”, redactados a puertas cerradas en Miraflores, al cobijo de la Ley Habilitante de 2009. Idéntica maniobra a la emprendida a finales de 2001, cuando al calor de la Habilitante de entonces se redactaron más de cuatro docenas de decretos-leyes que modificaban sustancialmente la estructura del Estado y la sociedad, y que dieron lugar a grandes protestas callejeras que culminaron con la matanza del 11 de abril del año siguiente en el centro de Caracas y con todo lo que sucedió después.
Lo mismo ocurre ahora. La creación de este poder legislativo paralelo al de la AN es mucho más que una simple provocación. Y para enfrentarlo como es debido no basta declarar que el dichoso esperpento no existe porque no está establecido en la norma constitucional. Hacerlo equivale a caer de nuevo en la vieja trampa de la falacia naturalista y volver a confundir el deber ser con lo que realmente es. En este sentido me parece oportuno recordar que esta maniobra fue ejecutada exitosamente por Chávez al establecer una autoridad paralela a la Alcaldía Metropolitana de Caracas para despojar de facto al alcalde Antonio Ledezma del poder que los caraqueños habían puesto en sus manos con 800.000 votos.
El complemento de este desafío será determinar qué hacer ante la espuria decisión tomada por la moribunda AN de designar esta semana a los sustitutos de los 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos períodos no vencen sino hasta agosto del año que viene. ¿Podrá la nueva AN rehacer este entuerto, punta de vanguardia paralizante de un oficialismo aún más radicalizado por la paliza electoral y resuelto a reducir la AN a un simple jarrón chino?
No se trata de aguarle la fiesta a nadie, sino de llamar la atención sobre el hecho de que una cosa es ganar y otra muy distinta cobrar. El Poder Ejecutivo le ha declarado la guerra a la nueva y democrática Asamblea Nacional, y a los ganadores del 6-D les corresponde ahora la responsabilidad de darle al régimen, en nombre del pueblo que los eligió, una respuesta inmediata y proporcional. De los alcances y hondura de esta reacción dependerá el futuro de Venezuela como nación libre y democrática.
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