Gustavo Coronel
****Maduro miente sobre la decisión de Citibank de suspender 22 cuentas, dos del gobierno y 20 de particulares
sospechosos de lavado de dinero
La
decisión tomada por Citibank de suspender 22 cuentas venezolanas, las
del Banco Central,
Banco de Venezuela y 20 cuentas privadas, fue hecha como respuesta a
problemas conectados con lavado de dinero. Se tomó la decisión en base a
una investigación de riesgos llevada a cabo por el banco. Aunque no
sabemos todavía quiénes son los dueños de las
cuentas personales cerradas se dice que incluyen cuentas de
funcionarios de esos bancos. Se investiga, en particular, el “swap” de
oro llevado a cabo por Maduro hace algún tiempo con intermediación del
Citibank. Otros bancos estadounidenses están también en
alerta sobre la situación de las cuentas de venezolanos, algunas de
ellas de grandes contratistas de PDVSA. Un vocero del banco dijo que el
cierre de cuentas privadas eventualmente afectará a un 20% de los
depositantes venezolanos, lo cual sugeriría que esos
depositantes estarían señalados como lavadores de dinero.
Con
su acostumbrada torpeza Maduro mintió al decir que esta decisión se
había tomado como parte
de un “bloqueo financiero en contra del país”. Mintió al decir que el
banco no les había hecho ninguna advertencia previa. La verdad es que el
banco les dio treinta días de plazo. Maduro acusó a Obama de tener
una obsesión en contra de su régimen, la llamó
una “inquisición” cuando, en realidad, Obama ha tenido demasiada
tolerancia hacia el régimen venezolano.
La
decisión de Citibank confirma el carácter de estado forajido de
Venezuela, ya que va dirigida
en contra del principal centro financiero del régimen y en contra de
funcionarios y contratistas corruptos. Forma parte de un proceso que
está conduciendo, de manera inevitable, a la implosión del régimen. Lo
que está ocurriendo en Venezuela debe verse como
la agonía del funesto gobierno chavista: la toma de poder por la Fuerza
Armada, el éxodo de empresas extranjeras del país, la ocupación de
empresas extranjeras, que puede dar pie a una intervención de otros
países; la activación de la Carta Democrática Interamericana
en contra de Maduro; la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer a
los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron
colocados allí a la fuerza por Maduro; el enjuiciamiento de contratistas
y funcionarios corruptos de PDVSA; la investigación
activa en contra de funcionarios y contratistas aún no apresados,
incluyendo a Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, los bolichicos, los
depositantes en Andorra y los guisadores de la gabarra Aban Pearl, así
como las renovadas sanciones propuestas por el
Congreso de los Estados Unidos en contra de narco-generales y
violadores de los derechos humanos.
Todo
ello configura una acción internacional que va estrechando el cerco en
contra de la pandilla
chavista. Por ello, están buscando un diálogo controlado por sus
mercenarios, el cual incluya el perdón para sus fechorías. El país no
aceptará componendas de este tipo.
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