ADOLFO P. SALGUEIRO
22 DE OCTUBRE 2016 - 12:25 AM
Ustedes ven por que en mi anterior artículo dije que abandonaba la condición de profesor de derecho siendo que en Venezuela ya el mismo no existe. Por si faltara alguna evidencia adicional el jueves los tribunales de distintos estados del país, en forma coincidente, con prisa insólita y seguramente coordinada, se pronunciaron acerca del supuesto fraude en la recolección de 1% de firmas para promover el referéndum revocatorio. El CNE, como si hubiera estado esperando la señal para actuar, no demoró sino minutos en proclamar su acatamiento a las decisiones judiciales pese a que las mismas no son aun firmes sino sujetas a apelación. Creen que mataron el RR.
Como se ve –y como lo afirmé la semana pasada– ya no hay que buscar fundamentos en la razón o el derecho sino darse cuenta que estamos en presencia de una dictadura disfrazada de institucionalidad en la que ya pocos creen. Ha surgido –sin lugar a dudas– el supuesto del artículo 333 de la Constitución que obliga a todo ciudadano, investido o no de autoridad a participar en la reposición de su vigencia. Espero y supongo que la dirigencia política dé las indicaciones pertinentes y que lo haga pronto antes que la indignación colectiva se desborde por algún cauce más que indeseable.
Tal como era de anticiparse, el giro del proceso revocatorio ya nada tiene que ver con el derecho ni la justicia. Se trata de la mera supervivencia del régimen y sus beneficiarios. Medirse, en cualquier escenario que fuere, sería letal tanto en lo político como en lo personal para muchos de los “héroes de la revolución” que ya no tienen siquiera refugio alguno interno o externo al cual acudir. Por eso el derecho ya no importa.
Respecto de los jueces, rectores, querellantes tarifados y demás fauna que nos ha traído hasta aquí, vuelvo a pedir al Altísimo que en su momento les conceda el perdón. Yo, ciudadano de a pie, con suficientes defectos y pecados a cuestas, no me siento en la capacidad de perdonar. Ojalá Dios me conceda pronto esa flexibilidad ya que no puedo reconocerme a mi mismo en este predicamento. Hasta ayer profesor de derecho, hoy ciudadano desconcertado y arrecho (perdón por el término). Nos consta que de esta actitud de disgusto colectivo somos muchos los que participamos y es por eso que se requiere insistir en la necesidad de invocar el artículo 33 constitucional pero dentro de la vía civilizada de la desobediencia civil pacífica.
Aunque sea para consuelo vale la pena tomar nota de la actitud solidaria y en muchos casos militante de la comunidad internacional y especialmente regional cuyo apoyo –cualquiera sea su grado y utilidad– antes no teníamos y ahora sí. La experiencia indica que la presión internacional es un ingrediente indispensable y a veces decisivo en circunstancias como las que atraviesa nuestra patria.
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