María Amparo Grau
Luis Esteban Manrique, en un artículo en la revista Actualidad económica (enero, 2017), afirma: “El llamado socialismo del siglo XXI no ha tenido mejor suerte que el socialismo real del siglo XX”. Acabó, en efecto, 2016 con un claro establecimiento de una inconstitucional dictadura comunista en Venezuela, y sus consecuencias históricas de miseria y represión.
La destrucción del aparato productivo, la criminalización de la actividad económica, el desconocimiento de los principios más elementales de economía, y el despilfarro y la corrupción han llevado al país a una quiebra total. Sobre la criminalización de la actividad económica en los últimos días de 2016 se reiteró esta práctica con el encarcelamiento de seis ejecutivos de la empresa que gestiona el pago en tarjetas, por el descalabro derivado, no de acción alguna de esta empresa sino de la impensada medida gubernamental de sacar repentinamente del mercado el billete de 100 bolívares. Igualmente el operativo de la Superintendencia de Precios Justos decomisando inconstitucionalmente mercancía y obligando a los comercios a realizar descuentos arbitrarios bajo la amenaza de encarcelamiento de encargados o dueños.
Apunta el articulista que el 28 de septiembre de 1999 Chávez habría prometido que no se incurriría en la dilapidación de la riqueza como se habría hecho durante gobiernos anteriores, también con altos ingresos petroleros; sin embargo, indica que “durante el boom petrolero 1999-2014 Venezuela ingresó 1,3 billones de dólares equivalentes a 13 planes Marshall por sus exportaciones de crudo, pero hoy el Fondo de Estabilización del BCV solamente tendría 3 millones de dólares”.
A la ruina económica se suma, lo que más que un tema ideológico, es un proyecto para concentrar el poder y mantenerlo a toda costa, pues a través de este denominado “socialismo del siglo XXI”, y mediante actuaciones todas antijurídicas, vías de hecho llevadas a cabo por la nueva institucionalidad ilegítima, se ha eliminado todo ejercicio democrático del poder. Las instituciones que el modelo populista no les logra otorgar por el voto o el medio legítimamente previsto, se destruyen sin más, vaciando de contenido sus funciones, como ocurrió con la figura del Distrito Capital y la Asamblea Nacional, cuando ambas fueron ganadas por la oposición.
La represión y el desconocimiento de los derechos humanos son otra consecuencia que alcanzó una gravísima expresión en 2016, este proyecto comunista populista llamado “socialismo del siglo XXI” que, a fuerza de violar flagrantemente la Constitución, no entiende que el encarcelamiento de disidentes mediante el uso de la justicia selectiva es una práctica criminal inadmisible. Téngase en cuenta que ante la liberación de siete presos políticos para el fin de 2016, el análisis del Foro Penal Venezolano es destacar no solamente que aún hay 103 personas más en esta situación, sino que en 2016 se liberaron 43 presos, pero se encarcelaron 56. También, para finalizar el año destaca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que mantiene una desproporcionada medida cautelar sobre los miembros del Consejo Editorial de uno de los pocos medios independientes, como es El Nacional, por haber referido una noticia de medios internacionales sobre una supuesta investigación del Departamento de Estado contra el ex presidente de la Asamblea Nacional y líder del partido de gobierno.
Todo lo anterior nos indica que 2017 no puede traer la ilusión de que las violaciones de la Constitución y las leyes terminarán, pues al término de 2016 se ha ratificado un Estado de personas sin derechos y en el que su Poder Judicial parece no tener “ninguna otra finalidad que la de garantizar la permanencia en el poder del régimen”.
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