Editorial El Nacional
Para diagnosticar la situación de la libertad de expresión en Venezuela, basta la más ligera crónica que se pueda escribir sobre Conatel, el organismo encargado del control y la supervisión de las telecomunicaciones. Un simple vistazo descubre la existencia de un plan inflexible de dominación, a través del cual se impide la circulación de opiniones y descripciones de la realidad que se caractericen por su autonomía.
Desde el advenimiento del comandante Hugo Chávez, a quien Satanás lo tenga alojado en la quinta, el régimen rojito puso en marcha un seguimiento de los medios radioeléctricos que, según se dijo entonces en la aurora de la “revolución”, pretendía un adecentamiento que permitiera la mejor información de los usuarios y su más sana diversión.
El pasado de tergiversaciones y mentiras estaba condenado a la desaparición, dijo el comandante cuando puso al frente del despacho a un joven teniente llamado Diosdado Cabello. Es un gerente vigoroso y eficaz, dijeron entonces los supervisados, sin imaginar las presiones groseras que estaban a punto de imponerse.
Sobre tales presiones da cuenta la objetividad de los números recogidos por la prensa en días pasados: entre mediados de 2005 y septiembre de 2016, Conatel clausuró las actividades de 50 estaciones de televisión y radio en todo el territorio nacional. De acuerdo con información suministrada por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela los señores del alicate rojo-rojito incurrieron en 56 casos de violación de la libertad de expresión y en 129 disposiciones de investigación, multa, cierre e incautación de equipos que no solo se efectuaron contra la TV y la radio sino también contra plataformas digitales.
¿Actúa Conatel para bien de la sociedad y en cumplimiento del deber de lograr unas comunicaciones imparciales y honestas, como decía el comandante Chávez y después ha machacado su sucesor? IPYS ofrece una respuesta contundente: “Las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales, hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público para evitar sanciones de Conatel”. El hecho de que seis de los ocho directores del organismo militan en el PSUV y se muestran como fanáticos seguidores del oficialismo explica su afán de cercenar la opiniones que consideran perjudiciales.
El panorama se vuelve más lúgubre para los valores democráticos cuando sabemos que buena parte de los medios clausurados se han reemplazado por estaciones de propaganda oficialista, y cuando recordamos el ataque de los medios impresos, perseguidos por lo que informan sus reporteros y por lo que opinan sus articulistas.
Si la aplicación del alicate no procede, el régimen compra a los que se venden y les niega papel a los que mantienen su autonomía y defienden su dignidad. La dictadura quiere información a la cubana, es decir, una sola versión trasmitida a través de una sola fuente avasallante e inapelable. De allí la febril actividad del alicate de Conatel.
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