Wednesday, February 15, 2017

Gustavo Coronel: El régimen chavista debe ser intervenido desde afuera

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Gustavo Coronel

A pesar de que las autoridades estadounidenses dicen que la acusación de narcotraficante y terrorista hecha a Tareck El Aissami es a título personal y no es contra el gobierno de Nicolás Maduro, es imposible que este desdoblamiento pueda darse en la práctica. Recordemos que Néstor Reverol, ministro del interior, también está indiciado de narcotraficante por el gobierno estadounidense. Los sobrinos de los Maduro-Flores, la pareja “presidencial” venezolana, ya están en la cárcel en USA. Cabello está investigado en USA por ser uno de los zares del cartel de los Soles. Hugo Carvajal casi fue apresado en Aruba.

La plana mayor del régimen chavista está acusada por los Estados Unidos de narcotraficante. Para el gobierno de los Estados Unidos el régimen chavista es un narco-estado. Ello es lo que justifica la designación de Venezuela, del régimen de Maduro, como una amenaza para la región y, específicamente, para los Estados Unidos.

Hasta ahora las acciones severas de los Estados Unidos en contra del régimen chavista no se han concretado porque el Presidente Obama, combinado con el papa Francisco, habían decidido sacrificar la democracia venezolana en aras de una relativa estabilidad política en el Caribe. Pero hoy en día, con un presidente ideológicamente diferente en la Casa Blanca y con la alianza entre USA y el Vaticano debilitada por el cambio de actores políticos en USA, luce inevitable que se concreten  acciones más severas de los Estados Unidos y de la región en contra del régimen chavista.

En realidad, USA se ha comprometido ya a hacerlo, al designar al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, como un narco-forajido. Esta designación obliga a los Estados Unidos a tomar medidas políticas más severas en contra del régimen venezolano. Al acusar a todo el tren presidencial venezolano de narcos, como lo han hecho, no pueden dejarlo ya de ese tamaño. Esa acusación presiona y le da municiones  a la OEA para que actúe en base a esta definición de forajido sobre el régimen venezolano y puede hasta abrir las puertas para una intervención regional en Venezuela.

Esa palabra intervención pone al sector político venezolano en alerta. Este es un término tabú, contra el cual se pronuncia desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha venezolana. El síndrome de Cipriano, aquél basado en “la planta insolente del extranjero” todavía pesa muchísimo entre muchos políticos venezolanos, quienes critican las sanciones en contra del régimen venezolano porque son “los nuestros” y porque dicen que “esto lo arreglamos nosotros”. Frente a la acusación estadounidense en contra de El Aissami ya salió un mini-líder de la MUD (Stalin González)  con cara de susto a decir que “hay que esperar las investigaciones”. La oposición ha tenido años para investigar a El Aissami y ha guardado silencio. Lo que se conoce sobre El Aissami ha sido publicado por la prensa internacional y por los blogueros venezolanos en Internet, esos “guerreros del teclado” tan criticados por la oposición “moderada”.

Intervenir, como cuando una familia interviene a uno de sus miembros que se ha convertido en droga adicto, es un proceso perfectamente lógico y dirigido a salvar al droga adicto, no a perjudicarlo. En el caso específico de Venezuela esta intervención por parte de miembros de la familia (los países de la región) está hoy bastante más cerca de llevarse a cabo, ya que el país ha carecido, hasta ahora, de la capacidad de auto-enderezarse. Parece haberse ido acostumbrando a su condición de minusválido y requiere, por lo tanto, de un impulso externo para ayudarlo a salir de su laberinto.

Esta intervención debería haber sido hecha, hace tiempo ya, por las instituciones que existen para salvaguardar la constitución y el estado de derecho en Venezuela: el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral, la Fuerza Armada, el Poder Moral, pero todas estas instituciones están hoy prostituidas y en manos de pandilleros indignos. Por ello es que se impone una intervención desde afuera.

Y no olvidemos que los criminales que salen deben ser enjuiciados. Nada de borrón y cuenta nueva.   

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