Enrique Meléndez / 3 feb 2017.- El doctor Jesús María Casal afirma que estamos frente a una dictadura completamente, institucionalizada, absoluta concentración de poderes; todo bajo una doctrina absolutamente perversa, diseñada para golpear a la Asamblea Nacional (AN) en un contexto general de la violación de la Constitución, con episodios muy graves como la supresión del referéndum revocatorio.
El ex decano de la Facultad de Derecho de la UCAB y actual asesor jurídico de la AN hizo esta afirmación en un foro que llevó a cabo el Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro”, que dirige Ramón Guillermo Aveledo.
Casal expresó de entrada que las perspectivas institucionales en el ámbito constitucional y jurídico para el año 2017 en Venezuela son bastante negativas, salvo en algunos elementos que calificó de positivos que en el horizonte se pudieran construir, que no va a disminuir la represión política sino que más bien se va a agudizar lo mismo que la persecución política y que vamos a seguir presenciando fórmulas de manipulación de la institucionalidad no imaginadas.
“Ni siquiera imaginadas por quienes hemos mantenido una visión crítica sobre el comportamiento de las instituciones, en particular del TSJ, del tipo de las que inauguraron el bloqueo institucional contra la Asamblea Nacional desde diciembre de 2015. Primero, cuando se procedió a esas designaciones express de magistrados del TSJ y luego también con la medida cautelar que adoptó la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015”.
En ese sentido, Casal dedujo que se trata entonces de una continuación, de lo que vivimos el año pasado: toda clase de subterfugios jurídicos; una agudización sin duda de la manipulación institucional, como si el repunte democrático: ese repunte que significó la victoria electoral del 6 de diciembre de 2015; pues, diera lugar a ese repunte autoritario.
A continuación pasó a ilustrar lo que calificó de excesos que se cometieron el año pasado, y en ese sentido, comenzó por lo que consideró un punto previo: el tema de una matriz de opinión que se está generalizando mucho y que el gobierno ha sabido construirla, y que es que toda esta situación de bloqueo contra la AN obedece a la reincorporación de los diputados de Amazonas el 28 de julio del año 2016; algo que calificó como alejado de la realidad.
“El año 2016 completo y desde diciembre de 2015 permite hacer un balance adecuado. Pero supongamos que nos olvidamos lo que ha sido desde el 28 de julio para acá, para tomar el período con el cual el gobierno estaría de acuerdo en llevar a cabo la medición: si medimos desde el 13 de enero de 2016, que fue la fecha cuando la AN decidió desincorporar a los diputados de Amazonas, hasta el 28 de julio del año pasado, pues ahí se trazó claramente cuál era la postura del gobierno y de estas instituciones subordinadas al gobierno respecto de la AN”.
Porque, según Casal, en ese período fue cuando el presidente Nicolás Maduro dictó el 14 de enero, al día siguiente a la desincorporación de los diputados, el decreto de estado de excepción, violatorio de la Constitución, y el que se ha prolongado por más de un año; pues ya claramente marcaba un camino que el presidente y su gobierno pudieran recorrer al margen de cualquier control institucional parlamentario.
“En ese mismo período, junto con el estado de excepción que dio lugar a que la AN se dirigiera al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se pronunciara en relación al incumplimiento del deber que establecen los tratados internacionales sobre la materia de que el Ejecutivo notifique, a través del secretario general de la ONU, la declaración de un estado de excepción”.
Agregó Casal que a esa solicitud el Alto Comisionado respondió que era verdad, que ellos incluso se lo habían advertido directamente al presidente Maduro, que debía cumplir con el deber notificación para que se activen controles internacionales y de manera sistemática, y que hasta el día de hoy esas notificaciones no se han hecho.
Asimismo, Casal dijo que también por parte de la Sala Constitucional se han desconocido las atribuciones de control de la AN sobre los decretos de estado de excepción y como se han violado los límites temporales que fija la Constitución que, en relación con los poderes de control, sabemos que desde la sentencia del 1 de marzo de 2016 se mutilaron los poderes de control.
“Pero, como si esto no fuera suficiente, se suspende todo el régimen de sanciones legales para los funcionarios que no comparecen ante el requerimiento de la AN. Se suprime cualquier posibilidad de control sobre el mundo militar (…), con lo cual comenzaron a excusarse militares que ocupan cargos civiles, y, finalmente, nadie atiende requerimientos de comparecencia”.
Casal se refirió al ámbito de la legislación, y al respecto dijo que se estableció que la AN no tiene iniciativa legislativa sobre materias en las cuales algunos órganos del Estado tienen atribuida tal iniciativa; concluyendo que este es un criterio que jamás se había sostenido en Venezuela, que no tiene ningún reflejo del Derecho Comparado, que no se trata sino de un mecanismo empleado para impedir que la AN pudiera legislar sobre los referéndum, sobre la organización electoral, sobre el TSJ, sobre el Poder Ciudadano.
Todo ello, a su modo de ver en un contexto de control de constitucionalidad ejercido por la Sala Constitucional, que se salió de sus cauces, y fue desde un comienzo un control político, un bloqueo político; partiendo del hecho de que si se revisa toda la argumentación que esgrime la Sala Constitucional para vetar una ley promulgada por la AN se observa se basa en criterios políticos, y para el caso puso como ejemplo lo que sucedió con la Ley de Alimentos y Medicamentos para los jubilados, que la dejó en un vilo mediante subterfugios procedimentales.
Esto lo llevó a hablar de un poder absoluto que se ha empleado contra la AN y sus posibilidades, y lo que admitió como desafíos que tiene nuestra sociedad para construir el Estado constitucional: temas esenciales en el debate.
“La propia doctrina del desacato es aberrante. Esa doctrina que inventó la Sala Constitucional es aberrante, porque lo que uno puede entender es que si una Sala Constitucional considera que si hay algún incumplimiento en una sentencia, pues debe acudirse al mecanismo para asegurar el cumplimiento”.
Hizo ver que es una cosa muy diferente, que calificó de global y absoluta, el que un poder del Estado, esencial en una democracia, quede suprimido, y que eso es en lo que ha consistido la doctrina del desacato; un desacato, además, que siempre se autogenera y para el caso citó lo que sucedió con el tema del Reglamento de Interior y Debates.
“Es decir, constituyen una serie de condiciones que nunca se acaban, porque en definitiva lo que uno puede leer de todo esto es que no hay ningún interés de que la AN salga del desacato, y que uno y otro escenario, esa era la desembocadura, a la cual el gobierno quería que llegáramos frente a una AN que sí estaba dispuesta a ejercer sus atribuciones”.
Además, citó casos en los que se ha visto que ha sido sustituida la AN; como lo que acaba de ocurrir con la Ley de Presupuesto 2017; el caso de Fabricio Ojeda, los honores que se le rindieron en el Panteón Nacional, cuyas ejecutorias fueron aprobadas por el Ejecutivo, apelando al hecho de desacato de la AN, y lo que llevó a decir a Casal que estábamos frente a una dictadura completamente institucionalizada, absoluta concentración de poderes.
Según el parecer de Casal todo bajo una doctrina absolutamente perversa, diseñada para golpear a la AN en un contexto general de la violación de la Constitución, con episodios muy graves como la supresión del referéndum; además de las violaciones que se están produciendo, a propósito de la inmunidad de los parlamentarios, así como su libre circulación; la tergiversación que se ha hecho de la Ley de Partidos que, prácticamente, coloca en la ilegalidad a las organizaciones políticas.
Al abordar el tema del diálogo dijo que sería lo deseable, aun cuando ceder en ese sentido pudiera interpretarse como una manifestación de ingenuidad, sólo que le pareció, de acuerdo a la experiencia de otros procesos históricos de transiciones hacia la democracia en el mundo, que esa observación que tiene el régimen en todas sus facetas autoritarias es esa misma observación la que hace, a veces, necesario dejar un marco para el diálogo.
“Es decir, no es un diálogo de la inocencia, sino un diálogo de la conciencia de a quien tienes enfrente y de las consecuencias a las que un manejo inadecuado del proceso pudiera conducir; pero nunca un diálogo de pusilánimes, de la vacilación, sino un diálogo para construir el país que queremos y que sea un país en paz”.
Apoyó la tesis de la unidad, sobre todo, de la unidad de la oposición, la unidad de la sociedad; sobre todo la conexión de esa sociedad unida con sus liderazgos es esencial; la comprensión de cuál es la estrategia que se va a llevar adelante y que las elecciones de gobernadores y alcaldes puede ser una gran oportunidad.
“Dentro de esas cosas positivas creo que también hay que añadir una cierta visión histórica sobre lo que ha ocurrido; pues, a su juicio, está muy claro para la historia cuál ha sido el papel del TSJ en todo esto: ya esa sentencia está dictada, pienso yo, de manera irreversible. Incluso diría: ojalá cambie en beneficio de ellos. Pero hoy por hoy esa sentencia ya está dictada”.
Lo que significa para Casal que hay un órgano decidido de manera sistemática contra los parámetros fundamentales de lo que es la propia condición de juez, destinado a actuar para destruir la Constitución; destruir la representación popular de la forma como han querido hacerlo.
Concluyó diciendo que aquí hay demasiadas lecciones que aprender para los estudiosos del derecho y de la Constitución; pues, a su modo de ver, una vez que se instala un régimen autoritario de este tipo es sumamente difícil revertir esta situación.
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