Ramón Escovar León
"Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley”. Con estas oraciones comienza Franz Kafka su cuento titulado “Ante la Ley”, publicado en 1914. Luego, la historia continúa y el campesino espera pacientemente que abran la puerta, lo que no ocurre porque nadie ha intentado entrar en la Ley. Al final, el campesino ya está moribundo y le pregunta al guardián las razones por las cuales nadie ha intentado entrar durante todo ese tiempo. El guardián se percata de que el campesino está por morir, se le acerca al oído y con voz atronadora le contesta: “Nadie podría pretenderlo, porque esta puerta era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla”.
La metáfora del cuento de Kafka ilustra lo que está ocurriendo en Venezuela con la Sala Constitucional –en sus ya numerosas sentencias– contra la Asamblea Nacional (AN), pues para esta última la puerta está cerrada. En efecto, en nuestra realidad, la AN es el campesino y el guardián, la Sala Constitucional. El gran reto que tenemos por delante es que venga un nuevo guardián –elegido de acuerdo con las exigencias constitucionales– que les abra la puerta a la AN y a los venezolanos y que, en consecuencia, aplique esa Ley abstracta con imparcialidad y equilibrio.
El balance de las decisiones de la Sala Constitucional (SC) ha sido muy negativo para la idea que se tiene de democracia, es decir, de su deber ser. La democracia supone que haya un equilibrio de poderes, en el que el Poder Judicial sea independiente y dicte decisiones cargadas de credibilidad y prestigio, que es lo que les imprime el rasgo de reconocimiento de parte de la comunidad jurídica. Un Tribunal Constitucional –la nuestra es una Sala Constitucional– es invención que le debemos a Hans Kelsen, quien lo concibió como una instancia jurídica dirigida a servir de resorte y evitar el recurso de la fuerza, como lo ha señalado el profesor español Juan Ramón Capella (cf. Doxa, Universidad de Alicante, 2016, No 39, p. 434). Lo que ha hecho la Sala Constitucional de nuestro país es todo lo contrario, pues ha favorecido avant la lettre lo que le ha solicitado el PSUV. De esta manera, ha convertido a la Constitución en un cascarón vacío. Aquí hay un guion que se repite: un miembro del PSUV presenta una solicitud ante la Sala Constitucional y esta la resuelve prontamente a su favor; además de que sus decisiones son cuestionables jurídicamente, en vista de la forma en que fueron elegidos los magistrados “exprés”: dejando de lado las exigencias constitucionales.
De acuerdo con lo que ha trascendido en los medios digitales en estos últimos días, los llamados “acompañantes” del diálogo han presentado un proyecto de “Acuerdo de convivencia democrática” –que no ha sido aceptado por la MUD– en el cual hacen referencia al Tribunal Supremo de Justicia, como si se tratase de una institución independiente, democrática y con auctoritas. Así se especifica en este proyecto: “CONTANDO con el llamado efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia…”. Este considerando sobra y debe ser eliminado. No creo que los “acompañantes”, en su fuero interno, puedan creer que una declaración como esa pueda ser reconocida por los venezolanos, en vista de las decisiones dictadas por el TSJ en todos los asuntos que solicita el gobierno. Ni en este contexto, ni en ningún otro, sería posible que la MUD pueda reconocer las declaraciones de un Tribunal que funciona más bien como un órgano del gobierno y no como un tribunal independiente. Más bien, los “acompañantes” deberían incluir un considerando que exponga que la SC, en lugar de contribuir con la democracia, ha fortalecido al gobierno en su afán de imponer una agenda socialista “como sea”. Asimismo, le daría más fuerza a ese documento que se incluyera una propuesta de elección de un nuevo Tribunal, integrado de manera equilibrada por juristas que puedan garantizar decisiones con credibilidad y que resuelvan con justicia los asuntos que se someten a su consideración. Rodríguez Zapatero fue presidente de España y debería saberlo. Desde luego, también debería incluirse el tema de la liberación de los presos políticos (Leopoldo López, el general Raúl Baduel y muchos otros) y la necesidad imperiosa de fijar con precisión el cronograma electoral.
Un tribunal independiente del poder ejecutivo es esencial en democracia. Como buen ejemplo tenemos la orden ejecutiva dictada por el presidente Trump el pasado viernes 27 de enero, en la cual prohibió la entrada de ciudadanos de otros países pertenecientes a una religión específica (musulmanes). De inmediato, la sociedad civil reaccionó y ante una solicitud formulada por la American Civil Liberties Union (ACLU) la jueza federal Ann Donnelly suspendió parcialmente los efectos de este mandamiento presidencial hasta el próximo 21 de febrero, cuando tendrá lugar la audiencia para discutir jurídicamente el caso. Ello es posible porque en los Estados Unidos hay –y así es reconocido por la comunidad jurídica internacional– un Poder Judicial independiente. Lo mismo sucederá posiblemente con el tema de la tortura. Cuando se presente este asunto en la Corte Suprema de Justicia, y me atrevo a afirmarlo, esta considerará que tales prácticas son inconstitucionales. Y eso funciona de esa manera porque la Corte es independiente del ejecutivo y, en consecuencia, el presidente no puede darles órdenes a los magistrados. En Venezuela, como en Cuba, esto es impensable. Estamos ante un Poder obediente a los mandatos del gobierno.
Uno de los retos que tenemos por delante es que Venezuela pueda disfrutar de un sistema judicial confiable, independiente e integrado por “guardianes del Derecho” que abran la puerta de la Ley y no que la cierren, como en el cuento de Kafka.
Twitter:@rescovar
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