Ramón Escovar León
“En Venezuela se roba porque no hay razones para no robar”, es la famosa frase acuñada por el ingenioso Gonzalo Barrios, cuando ejercía la presidencia de Acción Democrática. La frase se puede interpretar de diversas maneras, pero hay una que es indiscutible: la inoperancia de las instituciones para controlar la actividad pública, animada por un velado sistema de complicidades. Podría decirse entonces que la corrupción es una enfermedad globalizada; sin embargo, una circunstancia debe destacarse en este sentido: los sistemas autoritarios constituyen un acicate para el impulso de la corrupción, debido a la concentración del poder y a la sumisión de las instituciones. El otro factor que alimenta la corrupción es el de los controles del aparato económico y la abultada burocracia: a mayores controles, mayor corrupción. Hay distintas modalidades de corrupción que van desde la coima, el cobro de comisiones, el tráfico de influencia y el nepotismo, hasta la complicidad acuñada en la expresión “solidaridades automáticas”. Pese a ello, una sociedad democrática siempre dispondrá de más resortes para controlar el auge de la corrupción que una sociedad totalitaria, esto es, aquella que domina y somete todos los poderes; y que no respeta las reglas del juego democrático, porque lo único que importa es mantenerse en el poder “como sea”.
Son muchos los libros que se han escrito para explicar el fenómeno de la corrupción. En la literatura vale la pena mencionar El poder del perro de Don Winslow, cuyo tema es el negocio de las drogas y su conexión con la venta de armas y la política. Entre los trabajos jurídicos destacan Mariano Grondona (La corrupción), Robert Klitgaard (Controlando la corrupción), Fernando Gil Villa (La cultura de la corrupción), Humberto Njaim (La corrupción, un problema de Estado), Rogelio Pérez Perdomo (Democracia contra corrupción), Ramón Escovar Salom (Los demonios de la democracia) y muchos otros que no menciono porque excedería las breves dimensiones de este artículo. Entre todo lo que puede leerse, además de los señalados, tenemos el lúcido estudio de Freddy Orlando, profesor de la Universidad Central de Venezuela, titulado Contribución al estudio de la legislación venezolana dirigida a sancionar los hechos de corrupción (Caracas, UCV-UCAB, 2011) con prólogo del profesor Alberto Arteaga Sánchez. Se trata de una obra jurídica relevante, escrita en lenguaje claro y directo, que hace un análisis completo del tema de la corrupción. No escapa a la agudeza del autor ni el caso Enron, o la pirámide de Madoff, ni el fraude bancario de Stanford, en Estados Unidos; tampoco el Banco Latino, el maletinazo y Pudreval en Venezuela (a la fecha de su publicación todavía no había estallado el caso Odebrecht, que supera todos los anteriores). En el libro, el autor examina con criterio propio las distintas modalidades de la corrupción: administrativa, política, empresarial, financiera, judicial y deportiva, entre otras.
Bueno es destacar que la corrupción no se combate solo con leyes y decretos, sino con un poder judicial independiente. No podemos olvidar que los mayores casos de corrupción conocidos internacionalmente han sido sancionados por los jueces de sus respectivos países, como ha ocurrido recientemente con el juez Sergio Moro y el caso Lava Jato en Brasil. De ahí la importancia –y urgente necesidad– de contar con un Poder Judicial confiable. En Venezuela, en la era reciente la crisis económica a la que se ha llegado –pese al petróleo– es factor que también contribuye con la corrupción. Aquí estamos ante un hecho que no puede pasar inadvertido para los venezolanos: la pobreza en la que hemos caído es consecuencia, no solo de las políticas económicas impuestas a troche y moche por razones ideológicas, sino de la corrupción. A esto se suma la enorme burocracia con la que se pretende controlar la crisis económica, generada por un esquema ideológico que lo único que puede garantizar es su propio fracaso. La lucha contra la corrupción es apenas un disimulo, y lo peor es que se emplea como arma política, como amenaza contra los opositores, las más de las veces acusados y perseguidos, aún sin pruebas.
Actualmente somos testigos del escándalo Odebrecht que pone de relieve una corrupción estructural que aflora por todas partes. Se ha dicho que la corrupción, al igual que las chiripas, no puede ser exterminada, pero sí controlada. Con este propósito, y como ha señalado el profesor Orlando, el mejor antídoto contra ella es, en primer lugar, “educar en los valores de la honradez, de la probidad, de la honestidad, de la decencia, de la moderación y del recato”; y, en segundo lugar, acabar con la impunidad, para lo cual es esencial una democracia con instituciones independientes. Nada de lo anterior es posible en un régimen totalitario. El gran reto que tenemos en esta materia es rescatar el Estado de Derecho, es decir, un sistema jurídico basado en la legalidad constitucional y en los principios jurídicos de valor universal. El denominado “Derecho revolucionario” prefiere hablar de Estado Social de Derecho y de Justicia para diluir la idea del Estado Constitucional de Derecho prevista en el artículo 7 de la Constitución. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia deben fundamentarse en las normas y principios constitucionales y no en los valores del socialismo marxista-leninista plasmados en el “Plan de la Patria”, que nada tiene que hacer con la Constitución. Rescatar la república y sus valores es esencial para controlar la corrupción, tal como lo postula el profesor Freddy Orlando en su enjundiosa obra.
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