En el mismo sentido urge una decisión sobre la usurpación que ejercen las personas que en Venezuela está fungiendo como magistrados dictando aparentes sentencias constitucionales que llegan al extremo de pretender asumir funciones de la Asamblea Nacional aprobando sumariamente y sin atribución alguna contratos de interés nacional, e incluso dando visto bueno a espurios decretos de emergencia en los que el ex presidente Nicolás Maduro trata de apoyar actos de gobierno que no le corresponde emitir y que incluso contemplan restricciones a garantías constitucionales en distintas áreas.
Este TSJ tiene deber inaplazable de pronunciarse sobre la ilegitimidad de la directiva que usurpa funciones rectoras en el Consejo Nacional Electoral, también de quien en Venezuela está pretendiendo ser fiscal general.
Ineludible es que se dictamine sobre la injerencia cubana metida hasta el fondo en los actos del Estado, sobre todo en lo militar, donde ejerce un férreo dominio sobre temas álgidos como la seguridad y defensa de la nación.
No se debe retardar un pronunciamiento sobre las actuaciones que en el campo internacional viene ejecutando ese ex presidente Maduro en una política aislacionista como barrera para la impunidad de sus actos criminals.
Por lo menos los puntos antes mencionados deben tratarse en una sentencia principista, que jurídicamente llame las cosas por su nombre, que aparejadas con el reconocimiento que la comunidad democrática internacional ha hecho a nuestro Poder Legislativo y sus actos, entre ellos la formación de este alto tribunal, emita claros mandamientos ejecutorios de sus decisiones, las cuales de todas maneras contribuirán decisivamente en la lucha por nuestra libertad, una verdadera segunda declaración de independencia.
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos”.- Simón Rodríguez...."
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