Editorial El Nacional: Reforma al odio (parcial)

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Delcy Rodríguez se dirigió ayer 28 -el 28, el 28, el 28, aquel olvidado de Semtei- por escrito cordialmente a su hermano mayor, Jorge Rodríguez Gómez, presidente en jefe de la Asamblea Nacional, para solicitar la reforma -parcial- de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que data de los tiempos de un tal Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Brooklyn no precisamente por derrochar amor hacia sus compatriotas. La ley de marras y de amarras fue uno de los instrumentos predilectos para detener y desaparecer ciudadanos y luego hacerlos aparecer tras las rejas de una de las tantas prisiones del régimen. Pero, como corresponde con estos otros tiempos, saludamos -parcialmente- la iniciativa.

Lo que corresponde es la derogación inmediata del adefesio que catalogan de ley constitucional. Casi todo es a medias salvo los acuerdos que se firman con el Pentágono. La libertad de los pre, el desbloqueo de los me, el comité de postu, el diálogo pol. Así es la transición demo. Algo que “nunca se había visto”, dice Donald Trump. Y tiene razón. Mientras se habla de convivencia y tolerancia, se sigue apresando gente, por unas cuantas horas como simple aviso de quien sigue al mando. Un hombre en la Candelaria, por ejemplo, que había acompañado una marcha -pacífica- hasta Miraflores; un exalcalde al que se le había sobreseído su causa; uno más que participó en el estado Zulia en una caravana para reclamar el regreso seguro -y completo- de María Corina Machado. 

El presunto instrumento legal aprobado por la ilegal Constituyente de 2017 es una clara intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos. Bajo el pretexto de “promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco...”, como dice en su artículo uno, se convirtió en un arma para socavar precisamente “la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”. Al chavismo, desde el principio, había que leerlo al revés: más poder moral, más corrupción; de tres poderes clásicos a cinco poderes pero solo manda uno; de denunciar la “caja negra de Pdvsa” a destruir a la industria petrolera; de soberanía a...,en fin.

La Ley constitucional contra el odio en su capítulo III entra en la materia que es su verdadero objeto: la responsabilidad de los medios en la convivencia pacífica y la tolerancia. A ese fin los prestadores de los servicios de comunicación e información “están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”. Y añade que se dará prioridad a aquellos mensajes elaborados por productores nacionales independientes y “organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular”. Es decir, del gobierno. Los colectivos, por poner otro ejemplo. Medio que se negara a tan “obligante petición” puede ser objeto de una multa de hasta “el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior”.  O promueves o lo pagas. 

El artículo 17 crea una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica  -que si no es hermana es prima del actual programa para la convivencia democrática, parido tras el estropicio del 3 de enero- y el artículo 18 dice quienes la integran: tres diputados de la ANC (toda chavista); cuatro ministros, la presidenta o presidente del TSJ, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, uno de los rectores del CNE y tres voceros o voceras “de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia”. Mayor diversidad, imposible.

El artículo 25, y último, hace saber que “Los hechos establecidos en la presente Ley tienen carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos”. Veremos cómo quedan esos hechos después de la reforma parcial de una ley que nunca debió existir por su claro propósito de castigar la disidencia política, la pluralidad de pensamiento y el ejercicio de los derechos consagrados -solo en el papel- en la Constitución.