EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/10/asi-fue-la-coaccion-para-inhabilitar-a-maria-corina/
La denuncia de Bárbara César Siero, vicepresidenta de la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, obligada dos veces a renunciar, retrata en toda su crudeza y desvergüenza la justicia aplicada durante décadas por el régimen al mando. Para hacerla firmar la inhabilitación política de María Corina Machado detuvieron y desaparecieron durante 78 días a tres familiares militares y los involucraron en el expediente de la operación Brazalete Blanco, una invención de principio a fin por la que también fue apresada Rocío San Miguel, recientemente declarada en libertad plena. El video de la magistrada en YouTube es una relación detallada de toda la operación -esta sí- encaminada a torcer su voluntad,
“Lo vivido por mi familia y por mí evidencia de forma contundente como el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos en contra de mis hermanos y mi cuñada, como una ruin herramienta de coacción y de chantaje político. Como magistrada principal y vicepresidente de la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia fui víctima de un secuestro y violencia institucional, psicológica y patrimonial, donde la vida se mis seres queridos se usó como rehenes para obligarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”, dice.
La magistrada remonta su relato a la firma del Acuerdo de Barbados el 17 de octubre de 2023 mediante el cual se acordaron entre el oficialismo y la Plataforma Unitaria, con la mediación del Reino de Noruega, garantías electorales para el proceso que se llevaría cabo el 28 de julio 2024.
El 30 de noviembre de 2023 se aprobó el procedimiento para revisar las medidas de inhabilitación vigentes sobre un grupo de dirigentes políticos, entre ellos el de Machado. Como integrante de la Sala Político Administrativa, Bárbara César Siero era competente para conocer las demandas de los aspirantes a las elecciones. El 15 de diciembre, el último día hábil para introducir las demandas de revisión, la líder opositora presentó su escrito por medio de su abogado, Perkins Rocha, hoy bajo medidas cautelares en su residencia con un grillete electrónico en el tobillo derecho. El mismo día fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DFGIM) los familiares militares de la magistrada: sus hermanos el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada la mayor Diana Desirée Victora Justo.
Una semana después, le fueron presentadas a la magistrada las decisiones sobre las demandas contra las inhabilitaciones para su firma, saltándose los procedimientos y sin que ella hubiera participado en su discusión o redacción. Con sus familiares presos, sin saber de su paradero y temiendo por sus vidas, y la suya propia, las firmó. Unas semanas después, la nueva y actual, presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, le solicitó la renuncia por primera vez. Días después, sus familiares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Bolivariana, junto con otros 30 militares.
Sus hermanos y cuñada fueron presentados, pasados 40 días de la detención, ante un tribunal de control con competencia en terrorismo a la media noche, sin avisar a su familia y sin poder designar abogados de su confianza. Los tres fueron imputaos de los delitos de traición a la patria, conspiración política, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio intencional calificado en grado de tentativa en contra del presidente de la República y el gobernador del estado Táchira. Pasarían 78 días de su detención, cuando la madre pudo ver a sus hijos encarcelados y trasladados a El Rodeo I. La obligaron a entrar encapuchada al recinto y hablar con uno de sus hijos por un teléfono interno.
El primero de octubre de 2026, la jueza del tribunal tercero de juicio con competencia en terrorismo del área metropolitana de Caracas condenó al teniente coronel Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por conspiración política, y al mayor Guillermo Henry César Siero y la mayor Diana Victora Justo a tres años por encubrimiento.
La culminación del juicio de sus familiares fue lo que impulsó a la magistrada a hacer la denuncia pública. “¿Estos hechos, se pregunta, seguirán impunes o tengo que seguir temiendo por la libertad, la vida, la integridad de mi familia y la mía propia? ¿Qué órgano podrá protegernos?”, se pregunta esta abogada que integró el TSJ desde 2014 hasta su salida, tras dos peticiones forzosas de renuncia.
¿Responderá Delcy Rodrígfuez las preguntas de Bárbara César Siero? ¿Lo hará Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea y afilado negociador? ¿La Fiscalía, la Defensora del Pueblo? ¿Lo preguntarán los diputados de la Asamblea Nacional, algún valiente entre ellos? ¿Dejarán sin efecto la tramposa inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado? ¿Hará suya esta denuncia la sociedad civil, sus organizaciones, los partidos políticos opositores? ¿Tomará nota de este relato Washington?
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