LUIS IZQUIEL| EL UNIVERSAL
domingo 23 de febrero de 2014 12:00 AM
La noche del pasado miércoles será recordada como una de las más oscuras de la historia de Venezuela. Fuerzas de seguridad del Estado, en compañía de "colectivos" armados, arremetieron con saña contra pacíficos manifestantes en distintos puntos del territorio nacional, dejando un saldo de varios heridos, torturados, detenidos y también destrozos a la propiedad privada. Al mismo tiempo, a Leopoldo López le era ratificada la orden de detención, en franca violación de los más elementales principios del debido proceso.
Nuestra Constitución prohíbe la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas (Art. 68). Las consignas estudiantiles no pueden ser respondidas con balas o gases lacrimógenos. Asimismo, el artículo 113 de la Ley Desarme castiga con prisión de 4 a 8 años a quienes, teniendo o no permiso, porten armas de fuego en marchas o manifestaciones públicas. El gobierno es el encargado de hacer cumplir estas disposiciones, pero evidentemente no hay voluntad política para ello.
Para nadie es un secreto que desde hace varios años en Venezuela se ha armado a grupos paramilitares para la confrontación política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado su preocupación por "la existencia de grupos de choque que utilizan la violencia y actúan con la participación o tolerancia de agentes estatales" (informe especial 2009). Una de las condiciones para la paz en el país es el desarme inmediato de estas agrupaciones delictivas. Así lo ha exigido la Mesa de la Unidad Democrática, pero pareciera que el gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo.
En el caso de Leopoldo López primero se dictó la orden de detención, para luego realizar la investigación. El gobierno no ha mostrado ni una sola foto, grabación, video o testimonio que lo involucre en delito alguno. Tratándose de un civil, su audiencia se realizó dentro de un autobús en una cárcel militar, violándose con esto el principio del juez natural. Diosdado Cabello, sin ser juez, alguacil, policía, fiscal del Ministerio Público o defensor, fue quien trasladó a López por primera vez a los tribunales, con lo cual se evidencia una indebida injerencia del Poder Legislativo en los asuntos del Poder Judicial. Se trata de una vulgar persecución política. Leopoldo López es hoy un preso del Poder Ejecutivo.
Todos los asesinatos, lesiones y torturas ocurridas en los últimos días tendrían que investigarse y los culpables ser castigados, pero con el actual sistema de justicia seguramente reinará la impunidad. Hay videos, fotografías y testimonios (hechos públicos y notorios) que involucran a diversos funcionarios de seguridad del Estado, miembros de grupos paramilitares y a otras personas en estos hechos. Asimismo, el gobernador de Carabobo hizo por Twitter un llamado a sus seguidores a prepararse para un "contraataque fulminante".
La violencia desatada en las calles solo le conviene al gobierno, ya que a través de ella puede desviar la atención de la población sobre los graves problemas económicos y sociales que azotan al país. Eso explica mucho de lo ocurrido en Venezuela a partir del 12 de febrero.
El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana señala que el respeto a los derechos humanos constituye un elemento esencial de la democracia. La brutal represión desatada en los últimos días coloca al gobierno de Nicolás Maduro dentro de los parámetros de las clásicas dictaduras militares.
Nuestra Constitución prohíbe la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas (Art. 68). Las consignas estudiantiles no pueden ser respondidas con balas o gases lacrimógenos. Asimismo, el artículo 113 de la Ley Desarme castiga con prisión de 4 a 8 años a quienes, teniendo o no permiso, porten armas de fuego en marchas o manifestaciones públicas. El gobierno es el encargado de hacer cumplir estas disposiciones, pero evidentemente no hay voluntad política para ello.
Para nadie es un secreto que desde hace varios años en Venezuela se ha armado a grupos paramilitares para la confrontación política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado su preocupación por "la existencia de grupos de choque que utilizan la violencia y actúan con la participación o tolerancia de agentes estatales" (informe especial 2009). Una de las condiciones para la paz en el país es el desarme inmediato de estas agrupaciones delictivas. Así lo ha exigido la Mesa de la Unidad Democrática, pero pareciera que el gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo.
En el caso de Leopoldo López primero se dictó la orden de detención, para luego realizar la investigación. El gobierno no ha mostrado ni una sola foto, grabación, video o testimonio que lo involucre en delito alguno. Tratándose de un civil, su audiencia se realizó dentro de un autobús en una cárcel militar, violándose con esto el principio del juez natural. Diosdado Cabello, sin ser juez, alguacil, policía, fiscal del Ministerio Público o defensor, fue quien trasladó a López por primera vez a los tribunales, con lo cual se evidencia una indebida injerencia del Poder Legislativo en los asuntos del Poder Judicial. Se trata de una vulgar persecución política. Leopoldo López es hoy un preso del Poder Ejecutivo.
Todos los asesinatos, lesiones y torturas ocurridas en los últimos días tendrían que investigarse y los culpables ser castigados, pero con el actual sistema de justicia seguramente reinará la impunidad. Hay videos, fotografías y testimonios (hechos públicos y notorios) que involucran a diversos funcionarios de seguridad del Estado, miembros de grupos paramilitares y a otras personas en estos hechos. Asimismo, el gobernador de Carabobo hizo por Twitter un llamado a sus seguidores a prepararse para un "contraataque fulminante".
La violencia desatada en las calles solo le conviene al gobierno, ya que a través de ella puede desviar la atención de la población sobre los graves problemas económicos y sociales que azotan al país. Eso explica mucho de lo ocurrido en Venezuela a partir del 12 de febrero.
El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana señala que el respeto a los derechos humanos constituye un elemento esencial de la democracia. La brutal represión desatada en los últimos días coloca al gobierno de Nicolás Maduro dentro de los parámetros de las clásicas dictaduras militares.
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