Sospechosos habituales: la lista rojita

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Editorial de El Nacional

Que el chavismo, en su etapa cumbre de petrodiplomacia manirrota, con el mismísimo comandante perpetuo a la cabeza, primero, y un delfín con dificultades para mantenerse a flote, después, ha hecho todo lo posible, y hasta lo imposible, por convertir al nuestro en un Estado forajido no es un hiperbólico aserto de la oposición, sino la constatación de un proceder que vincula a autoridades venezolanas con organizaciones impresentables, tanto por las ideas que profesan y las prácticas a las que recurren para financiarse, como por las sanguinarias formas de lucha con las que pretenden atemorizar a las sociedades democráticas.

Vincularse al narcotráfico y al terrorismo no es bueno para el gobierno, porque corre el riesgo de ser sometido a sanciones que pueden reflejarse en dificultades para importar los bienes que se requieren -casi todos- para suplir las carencias derivadas de un aparato productivo en desintegración; para el ciudadano común, las penalidades impuestas por las naciones cuyos intereses se ven afectados por las malas juntas de Maduro y su secuaces implican, por ejemplo, obstáculos para su libre desplazamiento en el extranjero. Hoy, un pasaporte venezolano genera tantas aprensiones y prejuicios como un turbante o una chilaba.

Cuando en 2008 Hugo Chávez abogó para que se les otorgara el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaba abonando el camino para que Venezuela ingresara en la lista de Estados bajo la lupa, pues su gobierno declaraba abiertamente sus simpatías por la narcoguerrilla -¡Quiero hablar con Marulanda!, clamaba el barinés- y, además, se hacía cómplice de terroristas para quienes el secuestro y las ejecuciones sumarias eran o son moneda corriente.

Ese mismo año, Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al Din, ex representante diplomático de Venezuela en Damasco y ex presidente de un Centro Islámico Chiíta, de asistir financieramente al grupo Hezbolá. No son, pues, novedosas las sospechas que recaen sobre el régimen y altos oficiales del ejército bolivariano de estar asociados (para delinquir) con fanáticos y radicales agrupados en células que operan en sintonía con Al Qaeda e ISIS, así como con las mafias que controlan el comercio internacional de las drogas.

La lista roja de sospechosos vernáculos que han sido sometidos al escrutinio de las agencias federales estadounidenses que se ocupan de combatir el tráfico de estupefacientes y el azote terrorista es larga: en ella figuran generales, ministros, magistrados y hasta fiscales.

Para colmo, la pasada semana, el ABC, diario español de inobjetable trayectoria informativa, reveló que una prominente figura del anillo de seguridad de Chávez y del capitán diputado que parece estar gozando de lo mejor de la vida, se hallaba en Washington como testigo protegido de la DEA, accionado un ventilador que salpicó hasta la coronilla a ese retirado incivil que se ahoga en cantinflérico discurso y se hunde en el pantano de sus negociados.