Marianella Salazar
El gobierno está dispuesto a jugársela para no perder el poder, y aunque Diosdado Cabello jure y perjure que así “llueva, truene o relampagueé” habrá elecciones en diciembre, el cierre de la frontera en el Táchira y la declaración de estado de excepción junto con la suspensión de garantías es la demostración palpable de lo contrario.
Conculcan libertades y militarizan el estado más opositor del país, donde al oficialismo le será difícil sacar un solo diputado, saben que el resentimiento de los tachirenses contra el chavismo-madurismo se viene macerando en su propio caldo, sobre todo, desde febrero del año pasado, cuando el estado fue escenario de un verdadero genocidio y se convirtió en el epicentro de un movimiento de resistencia que se expandió a escala nacional.
A Maduro y su combo se les fue la mano otra vez con el Táchira. Para nadie es un secreto que el contrabando de extracción siempre ha tenido la participación y complicidad de la Guardia Nacional, aunque hoy reparte la cochina con el Ejército. No se trata de un simple bachaqueo de pimpinas, sino de un negocio al por mayor donde también participan las FARC, que en esta oportunidad no han sido mencionadas aunque tienen sus tenazas extendidas en todo los delitos.
El gobierno regional le ha venido haciendo el juego a la narco-guerrilla, empezando por Vielma Mora, que culpa de todo a los paramilitares. Recordarán que en mayo pasado encontraron unos cadáveres en la frontera y el gobernador declaró que habían sido ajusticiados por los paramilitares, pero fuentes militares afirman que esos muertos eran de la guerrilla.
Negocio militar
Hace exactamente un año ordenaron el cierre de la frontera en horario nocturno para reducir el contrabando de alimentos, que según el gobierno era una de las causas del desabastecimiento. Esa medida le vino como anillo al dedo a los militares que tienen el control de la frontera.
El contrabando es un negocio de los militares, comienza desde soldados rasos hasta generales. Nuestras fuentes explican que los soldados al frente del paso de gandolas son relevados al mes y salen con mucho dinero porque las transacciones se hacen en dólares. Hay soldados que pagan por conseguir esos puestos, pues las ganancias son exorbitantes.
En agosto del año pasado el cierre de la frontera fue acordado con Colombia, pero cuando Santos se dio cuenta del tremendo disparate arrugo y aseguró que el cierre había sido unilateral. Ahora cuando mucho más de un millar de colombianos han sido deportados y humillados, el gobierno pretende desviar hacia Colombia su fracaso con Guyana.
Santos no se puede hacer el loco, allá hay poderes autónomos pronunciándose: desde el alcalde de Cúcuta, que califica las medidas de “antibolivarianas y antichavistas”, pasando por el procurador Ordóñez Maldonado, que fustiga “una política de ataque sistemático contra la población colombiana”, hasta el Ministerio Público, que manifiesta que el caso constituye un crimen de lesa humanidad de competencia para la Corte Penal Internacional. ¡Pica y se extiende!
Tic Tac
El abucheo en Morrocoy contra la gobernadora de Falcón y Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, es una señal de decepción que revela altos índices de rechazo hacia el gobierno. La reacción de una masa formada en su mayoría por clases populares fue espontánea y general, no fue inducida por la oposición. A las funcionarias les venía muy bien un baño de playa junto con otro de humildad, pero el abucheo les excitó la soberbia y tomaron venganza al ordenar detener a 5 ciudadanos que participaron en el zafarrancho, mientras en Tucacas atracaban a 60 turistas y no hubo un solo detenido.
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